Economía
Domingo 10 de Julio de 2016

El tarifazo y la pelea política

La batalla judicial por las tarifas energéticas escala un proceso político y económico que desafía al presidente. Mauricio Macri venía de una seguidilla de triunfos tácticos en el Congreso, merced al reparto con la oposición acuerdista de los recursos del blanqueo y el endeudamiento, apuntalados por el desfile de funcionarios K en Tribunales.

La batalla judicial por las tarifas energéticas escala un proceso político y económico que desafía al presidente. Mauricio Macri venía de una seguidilla de triunfos tácticos en el Congreso, merced al reparto con la oposición acuerdista de los recursos del blanqueo y el endeudamiento, apuntalados por el desfile de funcionarios K en Tribunales.

Pero la sucesión de fallos judiciales contrarios a los aumentos tarifarios, que tuvo su máxima expresión en la decisión del tribunal de alzada de La Plata, cortó esa marcha triunfal. Devolvió a la agenda pública el debate sobre la cruda realidad económica que construyó el ajuste macrista y coronó un proceso de construcción social opositora que incluyó puebladas, protestas de entidades de la producción y el trabajo, presión de los gobernadores y, como dato importante, el regreso de las multisectoriales. Más allá de los acuerdos al interior de la clase política, esta dinámica de confrontación contra la política económica le muestra a los estrategas oficialistas el rostro de la oposición real en la sociedad civil.

En ese entramado, que ya asomó en el debate sobre la ley antidespidos, se despliegan los conflictos que condicionarán la pelea política de cara a 2017. El Ministerio de Trabajo admitió finalmente en la semana que hay problemas de empleo, la lucha contra los telegramas es cotidiana, se anunció el jueves una marcha federal de gremios para protestar contra la política económica, la Unión Industrial volvió a advertir sobre la invasión importadora, la Federación Agraria comenzó a debatir en sus asambleas comarcales una protesta contra la política agropecuaria y los tamberos de distintas entidades advirtieron sobre una situación de "caos" en la cuenca lechera. El miércoles, un grupo de 45 sindicatos lanzó su propio índice de inflación, del 45% anual, mientras que la canasta de gastos de una familia de Rosario avanzó a 20 mil pesos.

Ese territorio de conflictos incluye la batalla judicial por el gas y la energía eléctrica, y pone en juego un desafío a la doctrina de Javier González Fraga, y también es la del gobierno, que receta el castigo divino a los sectores de ingresos fijos que "derrocharon" en plasmas y celulares durante la década pasada.

Hay una puja hasta cultural y civilizatoria en esa idea fuerza: una porción importante de la población, y del electorado, debe mantenerse convencida de que resignar salarios y condiciones de vida para que los funcionarios del gobierno atesoren en el exterior, los bancos de inversión multipliquen el negocio de la deuda y los grandes empresarios de los agronegocios mejoren su rentabilidad, es un a programa militar.

Mientras da esa pelea, el gobierno nacional se vuelca a la gestión política más tradicional. Es decir, con la caja. El festival de deuda de los últimos meses se tradujo en el reparto de cheques para la obra pública en la provincias. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quizás la única figura del gabinete macrista que no se aquerencia dentro del frasco de azafrán, no ahorró fotos en la semana con jefes territoriales, incluido Miguel Lifschitz, comprometiendo fondos para planes de infraestructura. Un verdadero cambio, hay que subrayarlo, en relación al gobierno anterior. El nuevo mapa político limita el poder del macrismo para centralizar la caja, por lo cual está condenado, al menos por ahora, a acordar su distribución con el resto de la clase política.

Con ese manual de gestión pública, el Ejecutivo busca salir de la recesión que él mismo creó. La estrategia de negocios es múltiple. En los últimos días, tras la sanción de la ley de blanqueo, flexibilizó la venta de tierras rurales a capitales radicados en el exterior. Más claro, echale tierra.

La estrategia electoral debe sortear, todavía, la prueba de resistencia al cambio de modelo, desde la valorización del empleo, el mercado interno y el salario, al del ajuste, la rentabilidad empresaria y la promesa de derrame.

La crisis judicial de las tarifas expone esa tensión. Deuda y ajuste son el corazón de la plataforma oficialista. El gobierno cumplió con creces en endeudarse y recortar el salario, pero la meta fiscal se corre por la misma recesión y el sentido de supervivencia. Pero ese freno inquieta a la hinchada VIP de Cambiemos, que en su delirio clasista cree entender que Macri busca ahorrar sangre de gaucho. El accionista de Shell Juan José Aranguren es un emblema de esa barra brava y la salud de su demencial criatura tarifaria es una línea roja dentro del mismo conglomerado oficialista.

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