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Domingo 01 de Septiembre de 2013

El silencio de la otra tragedia

La absurda muerte de dos hermanitas de 12 y 14 años que el sábado 10 de agosto cayeron desde una de las sillas del juego La Vuelta al Mundo en el parque Independencia es la dolorosa muestra de que en Rosario los controles no existen. S

La absurda muerte de dos hermanitas de 12 y 14 años que el sábado 10 de agosto cayeron desde una de las sillas del juego La Vuelta al Mundo en el parque Independencia es la dolorosa muestra de que en Rosario los controles no existen. Sólo el hecho de que haya ocurrido cuatro días después de la peor tragedia en la historia de la ciudad, como lo fue el estallido del edificio de Salta 2141, evitó que se convirtiera en un gran escándalo por el que hoy varios funcionarios municipales deberían haber dejado sus cargos.

   El juez que investiga la causa de la muerte de las hermanas Melani y Florencia Aranda acaba de citar a declaración indagatoria por el delito de homicidio, lesiones culposas e incumplimiento de los deberes de funcionario público a la inspectora que avaló un chequeo técnico de la fatídica rueda mecánica. Que haya tomado esa decisión implica que tiene evidencia que compromete seriamente a la empleada municipal y refuerza la idea de la laxitud de los controles.

   La tragedia dejó al desnudo situaciones que de tan burdas resultan escandalosas. La ordenanza que regula los mecanismos de inspección del parque de diversiones permite que el propio concesionario se controle a sí mismo. Debe elevar un informe semestral que luego avala un inspector. En este caso, al último le dio el okey la agente a la que ahora indagarán bajo la figura de homicidio.

   Pero por más que la Justicia investigue y busque a los responsables de esta tragedia, también la Municipalidad debe hacer un mea culpa, rever los mecanismos de control de sus concesiones y relevar de sus funciones a quienes, por acción u omisión, han sido corresponsables de este fatal desenlace. Aquí sin dudas hay una cadena de responsabilidades que siempre, en este bendito país de la improvisación, terminan en tragedias.

   Todos, desde los concejales que aprobaron la ordenanza tan débil que permite autocontroles hasta los responsables de las áreas de Inspección y Concesión, deberían explicar por qué en Rosario dos nenas murieron al caer desde 20 metros en un parque de diversiones repleto de gente. Hasta ahora la directora de Concesiones de la Municipalidad, Hilda Gontín, no dijo una palabra. El secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, tampoco. El único que esbozó una autocrítica fue el titular de la Dirección de Inspección, Gregorio Ramírez, quien admitió que “los elementos de control estatal hoy no son contundentes”.

   Después llegó la orden de silencio y Ramírez no habló más. El blindaje al tema también fue defendido por el socialismo en el Concejo, donde ediles opositores pidieron sin éxito la presencia de funcionarios para explicar los mecanismos de control.
  El silencio parece ser una constante del oficialismo en los últimos días. El jueves de esta semana la concejala cavallerista María Fernanda Gigliani denunció públicamente presuntas irregularidades en la construcción de edificios. Lo hizo luego de esperar nueve meses una respuesta formal a sus inquietudes que había motorizado en el Palacio Vasallo. La respuesta, obviamente, no llegó en todo ese tiempo y ni siquiera en el mismo día en que su voz se paseaba por todas las radios. Sólo un día después la directora de Obras Particulares, María Cristina Funes, ensayó una respuesta. Dejó más dudas que certezas, y volvió al blindaje del silencio.

   Esa parece ser la consigna. No hablar. Al drama del parque Independencia lo opacó otro drama, el de Salta 2141, en el que también hay una cadena de responsabilidades que la Justicia deberá dilucidar.

   El estrago fue de tal magnitud que tapó esta otra tragedia. Resulta increíble que a 22 días de la muerte de las dos nenas en la Vuelta al Mundo ningún funcionario de la administración Fein haya salido a pedir públicas disculpas por los desatinos en los controles de esta concesión.

   Por el momento, todo parece indicar que la fuerza de la ley caerá sobre una empleada municipal. Los responsables políticos, en tanto, siguen sin hablar, por más que la trágica magnitud del tema merezca respuestas.

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