Política
Viernes 03 de Junio de 2016

El Senado provincial pide ir a la Justicia

El Senado provincial pidió ayer al gobernador, Miguel Lifchitz, que accione judicialmente contra el Estado nacional, para lograr el pronunciamiento de un juez que "deje sin efecto los incrementos desproporcionados de tarifas de servicios de energía eléctrica y gas natural, retrotrayendo el valor de las mismas a los valores previos a tales aumentos dispuestos por el Ministerio de Energía y Enargas".

El Senado provincial pidió ayer al gobernador, Miguel Lifchitz, que accione judicialmente contra el Estado nacional, para lograr el pronunciamiento de un juez que "deje sin efecto los incrementos desproporcionados de tarifas de servicios de energía eléctrica y gas natural, retrotrayendo el valor de las mismas a los valores previos a tales aumentos dispuestos por el Ministerio de Energía y Enargas".

La Cámara aprobó por unanimidad ayer una comunicación con el pedido para que el gobernador instruya el Fiscal de Estado, a fin de que interponga las acciones procesales correspondientes en los tribunales competentes.

Dijeron los senadores, a instancia de Rubén Pirola, que motorizó la iniciativa que "es una forma de defender los intereses de empresas, instituciones, comercios y usuarios residenciales santafesinos".

Son varios los antecedentes que tomaron los senadores para efectuar su solicitud tal el caso de San Luis, Chubut y Mendoza, donde las tarifas fueron retrotraídas por decisiones judiciales que retrotrajeron las tarifas dejando sin efecto los aumentos oficializados el 28 de marzo último, con la publicación en el Boletín Oficial de los nuevos cuadros tarifarios.

Incrementos. Los senadores no dejaron pasar, en los argumentos de Pirola, que en la provincia "la EPE incrementó en más de diez oportunidades sus tarifas desde 2008. Es decir, que mientras la EPE compraba la energía subsidiada se la vendía cada vez más cara a los santafesinos".

Asimismo cuestionan los aumentos en el gas. No sólo por su alto nivel sino porque no tuvieron audiencia pública ni consulta previa alguna como lo exige la ley.

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