Política
Lunes 27 de Junio de 2016

El Senado convertirá en ley el megaproyecto

El miércoles, la Cámara alta le dará luz verde a la iniciativa del gobierno que permitirá comenzar a pagar deudas previsionales.

La Cámara de Senadores de la Nación buscará convertir en ley el miércoles próximo el proyecto que permitirá comenzar a pagar las deudas previsionales a jubilados y pensionados, que hayan o no iniciado juicios contra el Estado, por la mala liquidación de sus haberes.

La iniciativa será puesta a consideración de los legisladores luego de que fue aprobada por amplio margen en Diputados, dos semanas atrás.

El proyecto cuenta con un gran respaldo, tanto del oficialismo como de la oposición, por lo que se descuenta que será convertido en ley.

El dictamen del miércoles obtuvo el apoyo de la mayoría de los legisladores que integran las cuatro comisiones a las que fue girada la medida.

Entre otros, firmaron el expediente no sólo legisladores de PRO y del radicalismo sino del peronismo disidente, del massismo y la gran mayoría de los integrantes del Frente para la Victoria (FpV).

El proyecto contempla el pago de las deudas por haberes mal liquidados a jubilados y pensionados, que se financiará en parte gracias a reformas al fondo de garantías de sustentabilidad (FGS) de la Ansés y en parte a la apertura de un blanqueo de capitales. La ley recibió varios cambios en Diputados respecto del expediente que envió la Casa Rosada.

La propuesta promueve la declaración de la emergencia en los casos de litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos con los jubilados para pagarles los juicios que iniciaron en su momento por la mala liquidación de sus haberes, a financiar con los fondos que ingresen por el blanqueo de capitales.

Uno de los cambios clave se produjo luego de la reciente detención del ex secretario de Obras Públicas nacional José López para excluir del blanqueo de capitales a los familiares directos de los funcionarios públicos y a los integrantes del Parlasur.

Se suman, de ese modo, a los ya excluidos jefe y vicejefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernadores, intendentes y funcionarios nacionales, provinciales y municipales de los tres poderes del Estado.

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