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Sábado 21 de Febrero de 2015

El péndulo: meter bala o no hacer nada

Piquetes, ¿sí o no? Las protestas callejeras que interrumpen el tráfico son un añejo hábito nacional, que muchas veces tuvo justificación. Sin embargo, la aplicación de la ley es parte esencial del estado de derecho.

Los ministros del gabinete de Mauricio Macri quitaron de sus despachos las pantallas de televisión instaladas por sus antecesores K. En la oficina de Marcos Peña, de la casi docena que había, apenas quedó una que suele estar apagada la mayor parte del día. Los controles de rayos catódicos que obsesionaban a Florencio Randazzo, minucioso controlador de frecuencias de trenes y de repercusiones en los noticieros de estos servicios, no existen más. Un empleado de planta de la vicepresidencia cuenta que propuso ir a comprar pilas para los controles remotos de las TV de Garbriela Michetti y todavía espera que le respondan.

El PRO, casi como una norma emanada del Summit de sus asesores, presta poca atención a lo que se cuenta en la tele. Su Biblia son las encuestas y los focus groups organizados por un impactante equipo de comunicaciones que es capaz de monitorear desde la inflación hasta la reacción popular frente a la gestualidad de los gobernantes. Todo se encuesta. Parece haberse pasado de la obsesión por la pantalla y de los periodistas opinadores a la ansiedad por las curvas de las encuestas. En cualquier cosa, dos exageraciones propias de la neurosis del poder.

Cuenta un ministro que Mauricio Macri esperaba para una reunión con dos colegas de gabinete y observó por una de las ventanas de la Casa Rosada un nuevo corte de calle y manifestación en la Plaza de Mayo. Miró a su secretario político y le ordenó: “Mañana quiero el protocolo antipiquetes en marcha”.

Sin que pueda atribuírsele valor estadístico exhaustivo, una ONG que defiende el espacio público aseguró que en el 2015, solo en Capital Federal, se produjeron cinco cortes de calles por día. Lo propio ocurre en megalópolis como Rosario o Mendoza. Si se suman los piquetes de todo el país, se cree que en Argentina hay un promedio de 12 cortes diarios. Y eso no suma a las legítimas manifestaciones frente a despachos públicos que congregan a dispar cantidad de personas pero no evitan el tránsito.

El legislador argentino quiso que cortar una arteria de circulación sea un delito. Aquí no hay valoración sobre si está bien o mal. Dice el artículo 194 del Código Penal que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicaciones, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”. Es ilegal. Punto. Propone “reprimir”. Anótese el verbo.

Nuestro país ha vivido de emergencia en emergencia y sabe que en determinadas circunstancias cortar una calle fue el único recurso para gritar desesperadamente por una injusticia. El período del 2001 al 2004 (por poner un arbitrario trienio) fue una expresión cabal: desintegración institucional, exclusión en el trabajo y hasta en el derecho a comer, caos. ¿Hay dudas de que pensar un corte desde la fría letra de la ley era atropellar el más elemental sentido de equidad en la justicia? No. ¿Es el 2016 el mismo conjunto de circunstancias que entonces? Otra vez no.

Los 200 piquetes en todo el país en defensa (sic) de Milagro Sala de esta semana que terminó son la más clara muestra de la contradicción vernácula. ¿Qué pedían los cortes que aislaron totalmente Jujuy y transformaron a la geografía argentina entera en un caos? Que se respeten las instituciones en general y el debido proceso en particular en el juicio contra la líder de la Túpac Amaru. O sea: atropellar la ley a la libre circulación para que se cumpla con la ley penal que garantiza la libertad del imputado hasta la sentencia. Comerse al caníbal, en suma.

La intolerancia de los últimos 12 años (corrijo, de los últimos ocho) ha instalado como norma cultural que no se puede discutir de casi nada. La gestión de Cristina Fernández con sus ilegales cadenas de televisión de reproches y anatematizaciones, su desprecio por la libertad de prensa, su convicción de que la militancia debía enmudecer al que disintiese entre tantos otros signos propios, provocó que hoy no se debata, jamás, sobre el fondo de las cuestiones sino sobre quién las sostiene. No hay debate “de las cosas”. Hay debate sobre quién las dice sin importar qué se dice. Nadie discute si está bien cortar una calle, si la asignación universal por hijo, por apenas dar dos ejemplos, son justas sino que se contrapone si lo propuso Macri o Cristina para que sus respectivos opositores se opongan por principio. Y ya es bueno decirlo: si la intolerancia K fue un signo distintivo, ya aparece una intransigencia PRO de “buenas” formas tan preocupante como aquella. Siempre hacen falta dos para bailar el tango.

Los cortes de calle, es opinión sujeta a escuchar mejor argumentos, no pueden ser admitidos como norma general. La limitadísima excepción puede ser cuando hay riesgo de una vida que no sólo incluye la integridad física de un ser humano sino la privación de servicio elemental como la energía eléctrica o el agua. Pero cortar un país con 200 piquetes porque una decisión judicial no luce para los piqueteros como justa teniendo el remedio institucional de la ley para mejorarla es claro artículo 194 del Código Penal.

El protocolo antipiquetes de Mauricio Macri es el primer intento de discusión en serio del tema. ¿Es el mejor? Claro que no, pensando que sus propias gestiones balearon a chicos de una murga carnavalesca o dispararon balas de gomas contra enfermos mentales en la Capital. Eso no puede más que, también, encuadrarse en el Código Penal. Pero la propuesta merece una discusión de las cosas. No de las personas. Los legisladores, gobernantes y ciudadanos que no adhieren al PRO deben proponer sustantivos para volver a la idea de una ley que permita la convivencia y no adjetivos que denuesten a los que piensan el tema. Es tan patético creer que se está haciendo la revolución con una declaración altisonante desde un micrófono o desde el anonimato tuitero con insultos, descalificaciones o deseos. La agresión degradante desde una red social es directamente proporcional a la ausencia de vida e ideas propias.

Pidiendo disculpas por la autorreferencia en medio de la discusión de este tema, este cronista sostuvo por estos días que es hora de resignificar y reivindicar en un estado de derecho el verbo reprimir. Siempre, dice siempre, desde la ley. La represión ilegal es aberrante. Todavía leo y escucho deseos tan encomiables como que se espera que muera de cáncer doloroso o asisto a profesionales de la edición de video que podrían utilizar esa pericia quirúrgica de evitar explicaciones completa en darnos cuenta a todos de los centenares de millones que se robaron de la pauta oficial del Estado.

El artículo 89 del mismo Código tantas veces aquí citado dice que será “reprimido” con pena de prisión al que mate a otro. ¿Es represión encarcelar al homicida? Sí. Legal. Al menos eso cree la República Argentina. Reprimir es evitar un hecho que causa daño. No es Jorge Rafael Videla como el pseudoprogresismo que no tolera perder elecciones define. Eso es descalificar a las personas y no debatir de las cosas.

¿Se cree que hay derecho a cortar las rutas por mero deseo de quien protesta? ¿Hay idea de que 200 cortes de calles son la legítima expresión de un pueblo “empoderado de opinión”? Si la mayoría se expresa institucionalmente así, hay obligación de respetarlo. Entre tanto, el Código Penal está vigente, las circunstancias sociales de 2016 son bien distintas y el derecho al debate en serio rige con plenitud.

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