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Lunes 27 de Agosto de 2012

El naufragio de un modo de investigar

Dos hechos ocurridos en el departamento General López son un interesante campo de ensayo para la política de seguridad y el sistema de juicio penal entrante. Ambos produjeron gran estridencia en las últimas dos semanas. Uno es un procedimiento de drogas en Firmat con cuatro detenidos de hace dos meses anulado ahora por un juez federal.

Dos hechos ocurridos en el departamento General López son un interesante campo de ensayo para la política de seguridad y el sistema de juicio penal entrante. Ambos produjeron gran estridencia en las últimas dos semanas. Uno es un procedimiento de drogas en Firmat con cuatro detenidos de hace dos meses anulado ahora por un juez federal. El otro la denuncia de un fiscal de Venado Tuerto, Eduardo Lago, sobre amenazas contra su vida que vincula a investigaciones en las que intervino y que supone procedentes de la policía.

Ambos fenómenos —que provocaron manifestaciones públicas del gobierno provincial, de legisladores y de sectores del ámbito penal— tienen un punto de intersección. La denuncia del fiscal Lago motivó que un juez venadense allanara la sede de la Brigada de Drogas en esa ciudad. El encargado de esa dependencia en el momento del operativo era el subcomisario Alejandro Druetta. Es el mismo oficial que comandó el operativo en Firmat que anuló por irregular el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros.

En este último operativo fue detenida una persona con antecedentes por vender drogas. Se llama Aldo Orozco y su apodo es Totola. El autor de esta nota tiene la inamovible convicción de que el negocio de este individuo residente en el barrio Centenario de Firmat es la venta de drogas. Pero con las creencias no se prueban delitos. Para eso hace falta evidencia, legalmente recogida, que se constituya como herramienta en un proceso penal. Totola se fue en libertad porque los que debían asegurar las pruebas para ponerlo preso, como mínimo, no trabajaron bien en ello.

Rapidez vs legalidad. En el fragor del asunto un diputado provincial del Frente Progresista, el radical Maximiliano Pullaro, enojado con la resolución que dejó en libertad a Totola como resultado de su detención ilegal cuestionó en bloque a los jueces federales, a los que les atribuyó decisiones irracionales que favorecen al narcotráfico. Acusó de tardanza a los jueces federales que, en efecto, muchas veces demoran órdenes de allanamiento, a veces pidiendo reaseguros que conspiran contra la rapidez requerida para conjurar delitos.

Ocurre que la policía tiene tantos negocios y hace tanta trampa que los jueces no quieren inmolarse firmandoles un cheque en blanco. Jorge Halford, como Totola Orozco, también es un indudable traficante. Hace dos años lo condenaron a ocho años de prisión. Pero por el primer hecho, en el que la policía lo imputó de llevar tres ladrillos de marihuana en una camioneta cuando iba a buscar a su hija por la ruta 9, terminó absuelto. No se pudo probar que este operativo, con el que la policía llegó a la enorme carga de droga por el cual sí lo sentenciaron, hubiera sido limpio.

La Justicia federal es muy poco idónea para poner en caja a grandes traficantes o a lavadores del dinero del delito. Es una evidencia. También es evidente que los jueces no confían en la policía a la que deben habilitar a actuar con órdenes firmadas por ellos. Ordenar allanar implica ordenar una excepción: suspender garantías y derechos. Eso no es una pavada. Requiere cuidado. Justificar cualquier excepción diciendo que la burocracia institucional conspira contra la rapidez en la lucha contra el delito en Argentina ha llevado al golpe de Estado. Pullaro tiene un ejemplo en su propio partido. A Arturo Illia lo derrocaron diciendo que era una tortuga.

El jueves pasado se cerró en Rosario el caso del tremendo tiroteo que mató a un chico de 14 años en un micro de hinchas de Newell's. Tras más de dos años de proceso los cuatro acusados quedaron absueltos por el beneficio de la duda. Los jueces señalaron en su sentencia que no alcanzaba la prueba y que el mal trabajo policial en la investigación había gravitado en el veredicto.

Este caso quedará inexorablemente impune. Como pasó con la causa Sandra Cabrera, no habrá nuevos sentados en el banquillo. A los señalados se los juzgó y la prueba no alcanzó. También son individuos ligados a la venta de droga en Rosario. Pero no se puede castigar a nadie en base a la suposición o a la intuición. La democracia no es compatible con eso.

Formas de enjaular. Acá vamos al problema que tiene la provincia y por ende su gobierno. Con este sistema de investigación policial preventiva seguiremos viendo cómo la mayoría de los acusados en estos casos se van en libertad. Y eso será con el costo político de saberlos implicados en los hechos que no se les pueden probar. Los vecinos de Firmat no se equivocan cuando dicen saber en qué anda Totola. Pero sí se equivocan si piensan que hay que enjaularlo de cualquier manera. La idea de una sociedad segura al costo de sacrificar derechos cualquier día puede volverse contra ellos.

Totola Orozco acaba de recibir, además, falta de mérito en cuatro causas penales que tenía en un juzgado provincial por las que nunca había sido detenido ni tenido órden de captura. Por uno de los hechos, un caso de amenazas con arma de fuego, lo indagaron 16 meses después del hecho. ¿Cuándo se activaron las causas? Justo después de que lo detuvieran en el operativo del 27 de junio anulado por el juez Vera Barros hace 14 días. ¿Cómo se explica semejante parálisis? ¿Cómo su súbita reanimación?

Esto no significa que no se dedica al negocio turbio que todos saben. Sólo que la exigencia de poner presos a individuos como él requieren una profunda revisión de lo que hoy es la policía.

Ganar tiempo. En la provincia de Santa Fe la policía ya no consigue esclarecer el delito de mediana complejidad. Bajo presión política por la tremenda resonancia pública se consiguen unos pocos resultados como las detenciones por el atentado al micro de Newell's. Pero, como está visto, son provisorios. Esto no tiene que ver con que sus hombres carezcan de inteligencia. La policía no produce resultados en investigación por una insalvable limitación institucional. Esta policía ya no sirve para lo que le pide el nuevo sistema de enjuiciamiento penal que regirá en forma plena desde febrero. La oralidad, que tiene la ventaja de exponer las cosas con mayor transparencia, también dejará ver lo que ya se está insinuando: la crisis terminal de una forma de investigar.

Sin embargo la policía cree que decir esto implica un agravio. Y el gobierno se abraza a ese falso postulado con el argumento de que se pone a todos en la misma bolsa. Pasó cuando Marcelo Saín habló de complicidades institucionales con la droga. Pasó cuando un fiscal nicoleño ordenó un operativo antidrogas en Las Flores en un objetivo situado a tres cuadras de una comisaría. Y pasa ahora que un fiscal venadense hace declaraciones públicas por lo cual se lo trata de imprudente y se ventila su pasado político colocando su condición de amenazado bajo sospecha. Todas cuestiones que desvían la atención de un problema que el gobierno sabe muy bien que existe.

La policía es imprescindible para el orden democrático. Sus hombres y mujeres merecen con creces capacitarse, tener buena remuneración, eventualmente agremiarse, todos derechos de los cuales no gozan en tiempos en que las exigencias para ellos no paran de acentuarse. Pero la actual praxis policial está generando un problema de credibilidad insalvable que socava al gobierno que al defenderla en bloque, seguramente sin quererlo, acaba por aceptar su peor faceta. Es la policía que tiene negocios con la criminalidad o incurre en métodos ilegales. Y que, además, ya ni siquiera garantiza lo que antes aseguraba, una regulación del delito a partir de aclarar casos de alta sensibilidad, dando una válvula de escape al sistema político. Tarde o temprano deberá plasmarse una reforma. Este modelo institucional policial está encallado en el fondo de un crisis insalvable. Cambiarlo es el único modo de liberar al nuevo sistema de juicio penal santafesino de un destino de seguro naufragio.

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