La ciudad
Martes 12 de Julio de 2016

El municipio eleva el caso Apolo a la Justicia Federal y a la UIF

Entregará el expediente ante los reportes de operaciones sospechosas de delitos económicos y contrabando. Exigirá más información al sector.

El gobierno municipal aseguró ayer que tomará contacto con representantes de la Justicia Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF) para ponerse "formalmente a disposición con toda la documentación que obra en poder del municipio en relación a la firma Apolo", después que tras la explosión de una caldera —dos semanas atrás— trascendieran diversas irregularidades por parte de la conducción de la compañía, como el contrabando de suero desde Paraguay y otras operaciones sospechosas posiblemente relacionadas con el tráfico de drogas como efedrina.

Así lo confirmó ayer a LaCapital el secretario de Gobierno local, Gustavo Leone, quien adelantó que la municipalidad también dispondrá la modificación de la normativa de habilitaciones de empresas relacionadas con la fabricación, manipulación y comercialización de precursores químicos como así también de otros productos medicinales.

En este sentido, el funcionario explicó que se exigirá que en los trámites de habilitación o renovación de la habilitación de una empresa, cuya actividad comprenda la fabricación, manipulación y comercialización de precursores químicos o de cualquier otro producto medicinal, sus propietarios sean personas físicas o en el caso de sociedades, socios y miembros del cuerpo directivo, presenten una plantilla prontuarial y un certificado de buena conducta que verifique que no cuentan con antecedentes delictivos.

Los nuevos requisitos actualmente son ya solicitados a rubros como desarmaderos, armerías, concesionarias de vehículos y a los bares y boliches encuadrados en la ordenanza Nº7.218.

Leone también señaló que se le notificará a la La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) las empresas habilitadas que trabajan con precursores químicos.

El secretario de Gobierno explicó que el área de Asuntos Jurídicos municipal elevará al poder judicial federal radicado en Rosario toda la información disponible del expediente municipal sobre Apolo que le "puede servir como información para poder seguir investigando a los miembros citados en la nota periodística" publicada en la edición del lunes en LaCapital sobre la ruta del contrabando de suero desde Paraguay hasta el laboratorio en Rosario, que fue investigado por la justicia guaraní a partir de septiembre de 2010 después de la detención de un camión con alrededor de 10 mil unidades de solución fisiológica de cloruro de sodio.

Entes nacionales. "Desde el inicio hemos estado a disposición de la Justicia, tanto provincial, como ahora si hubiera alguna cuestión de orden federal relacionada con drogas o efedrina o cualquier otro tipo de cuestiones que tengan que ver con narcotráfico para esclarecer los hechos", aseguró, al tiempo que recordó que "el municipio tiene facultades y competencias específicas con los aspectos que tienen que ver con la habilitación y funcionamiento de los comercios. En ese marco, todos los aspectos que tengan que ver con las cuestiones de seguridad, salubridad e higiene pueden ser objeto de regulación. No así las cuestiones que tienen que ver con la constitución de la sociedades, de sus vínculos comerciales, y que tienen que ver con otras actividades, como en este caso las normativas aprobadas por el Anmat".

"Si de esos elementos o esa documentación puede surgir cuestiones que puedan ser punta de lanza para que puedan seguir investigando para nosotros bienvenido", dijo sobre la decisión política del Ejecutivo local para despejar responsabilidades.

También informarán a otro órgano del ámbito nacional como es la UIF "para que se investigue la procedencia de los fondos que fueron invertidos por la empresa".

Esto, además, responde a la participación de personas como el empresario Jorge Salinas, sindicado por numerosas fuentes como el verdadero propietario de Laboratorio Apolo a partir de 2005 —aunque formalmente aparecieron desde entonces otras en la constitución y dirección de la firma— y que tiene frondosos antecedentes denunciados por la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, por un negociado con el Pami, por facturas truchas y en la justicia paraguaya por contrabando.

Comentarios