La ciudad
Jueves 01 de Septiembre de 2016

El municipio ascendió al inspector imputado por el caso Café de la Flor

Cuando fue la tragedia trabajaba como agente del área de Inspección, pero ahora es coordinador de la Dirección de Habilitación

La Municipalidad ascendió al inspector imputado en la tragedia del Café de la Flor (Mendoza 862). Se trata de Pablo Andrés Akerman, quien controló y firmó la documentación que habilitó el funcionamiento del bar donde el bajista de la banda Raras Bestias, Adrián Rodríguez, falleció tras sufrir una descarga eléctrica en octubre pasado. La decisión oficial de promoverlo se tomó el 11 de julio, una vez que el empleado de la Intendencia ya estaba imputado por la Justicia. Para colmo, esta semana la referente del Ministerio Público de la Acusación ratificó sus presunciones.

Entre otras cosas, y luego de la determinación del Ejecutivo, el cuestionado funcionario es ahora el responsable de autorizar cuestiones técnicas de todo tipo de comercios para que luego se proceda a habilitarlos. Por ejemplo, él mismo o los agentes a su cargo deben verificar la presencia de matafuegos, sanitarios o disyuntores en condiciones para que el local en cuestión pueda funcionar. El paso inmediato es la firma del expediente que le dará luz verde al negocio.

La fiscal Valeria Piazza Iglesias formalizó el martes la imputación contra Akerman, por lo que irá a juicio. Lo acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público con falsificación ideológica de documento público en dos hechos en concurso real entre sí. Por estos cargos, solicitó 3 años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En otras palabras, y según la fiscal, el inspector detectó fallas eléctricas y mencionó que debían ser reparadas. No obstante, luego no corroboró el arreglo y, para colmo, avaló una reparación, que no se hizo.

En aquella oportunidad, cuando se produjo el fatal episodio en el bar, el agente involucrado se desempeñaba bajo la órbita de la Dirección General de Inspección a Industrias y Comercios, dependiente de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana (entonces bajo el mando de Pablo Seghezzo). No obstante, a partir del decreto 1.512, se lo trasladó a otra dependencia (de la Secretaría de Gobierno), aunque con una función mayor (la de coordinador) y, por ende, un salario superior. "Pasó a un sector íntimamente ligado con el anterior", dijeron fuentes consultadas por LaCapital.

Akerman cumple ahora esa tarea en la Dirección General de Habilitación a Industrias, Comercios y Servicios con la categoría 19, cuando anteriormente revestía la 16.

La decisión fue firmada por varios altos referentes del Palacio de los Leones, entre ellos la propia intendenta Mónica Fein.

Además de la jefa del Departamento Ejecutivo, rubricaron el paper el secretario de Gobierno, Gutavo Leone; el titular de Hacienda y Economía, Santiago Asegurado; y el responsable de Control y Convivencia Ciudadana, Gustavo Zignago.

Los mismos portavoces explicaron a este diario que el inspector imputado en la causa "tiene en la actualidad un papel de enorme importancia en el sector donde se desempeña". Y añadieron: "Debe darle el visto bueno a los trámites de inicio de las grandes habilitaciones de Rosario, por ejemplo un boliche bailable". Además, de él dependen varios agentes y, por sus funciones, es el segundo en trascendencia luego de la directora de Habilitación, Silvina Mastrobisi.

Claves. Datos emanados del Ministerio Público de la Acusación indicaron que Akerman fue la última persona en chequear las condiciones del bar e informó que eran adecuadas para su funcionamiento. De todos modos, según los análisis de peritos, para la Justicia las instalaciones tenían deficiencias importantes desde hacía tiempo.

El resultado de esos análisis sobre la parte eléctrica del café fue claro. Parte de esos datos arribaron a la Fiscalía en diciembre y otros a principios de marzo.

Fueron la conclusión de tres especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sobre cuestiones de higiene y seguridad, electrónica y electricidad.

La comprobación de que el disyuntor había sido desconectado del tablero eléctrico fue determinante para la Justicia santafesina.

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