Tras una renovada ofensiva de la oposición demócrata para reclamar respuestas, el gobierno de Donald Trump designó ayer al ex director del FBI Bob Mueller como fiscal especial para investigar de manera independiente si existió una relación entre la campaña presidencial del magnate y el Kremlin el año pasado. El Departamento de Justicia anunció la designación de Mueller, el hombre que encabezó durante 12 años el FBI con George Bush y Barack Obama, y casi de inmediato el jefe de la bancada opositora en el Senado, Charles Schumer, celebró la decisión del gobierno y calificó en un comunicado al ex director del FBI como "la persona correcta para el trabajo". "Ahora tengo mucha más confianza de que la investigación seguirá las pruebas a donde sea que la lleven", aseguró el senador.
Apenas horas antes, la oposición había exigido la creación de una comisión investigadora independiente en el Congreso para saber si Trump y su entorno mantuvieron relaciones secretas con Moscú y si el magnate despidió al sucesor de Mueller para encubrir este vínculo.
Desde que asumió la presidencia, las denuncias llovieron sobre Trump: que su gente se reunió en secreto con el embajador de Rusia en Washington y discutieron levantar las sanciones contra el Kremlin, que despidió recientemente al director del FBI, James Comey, para frenar su investigación sobre esas relaciones y, finalmente, que entregó información clasificada de Israel, referidas a planes de atentados del Estado Islámico, al canciller ruso Sergei Lavrov. Las dudas sobre el proceder de Trump son tantas que incluso un congresista republicano se mostró a favor de iniciar juicio político al presidente.
Las comisiones de Inteligencia de las dos cámaras del Congreso estadounidense, ambas dirigidas por la mayoría oficialista republicana, investigan esas denuncias. Sin embargo, hasta ahora no consiguieron averiguar demasiado y el escándalo avanza, principalmente, a través de las denuncias y las filtraciones de información clasificada en los medios más importantes del país. Por eso, Trump eligió ayer defenderse atacando a la prensa. "Miren cómo me han tratado últimamente, especialmente por parte de los medios de comunicación. Ningún político en la historia fue tratado peor o más injustamente", se quejó Trump durante la ceremonia de graduación de 195 cadetes de la Guardia Costera, en New London, Connecticut.
Mientras tanto en Washington, la batalla continuaba. Líderes de la oposición demócrata, hasta ahora a la retaguardia de toda esta tormenta política, decidieron asumir un rol más protagónico. Uno de ellos fue el congresista Elijah Cummings, un miembro de las comisiones de Supervisión e Inteligencia de la Cámara de Representantes, quien convocó a una conferencia de prensa para denunciar que el presidente de la Cámara baja y el republicano más poderoso del Congreso, Paul Ryan, "demostró que no tiene ningún apetito de investigar a Trump". "El pueblo merece respuestas", concluyó Cummings antes de pedir a las máximas autoridades del Congreso que permita votar la creación de una comisión investigadora que llegue hasta el fondo de los escándalos que sacuden a Washington hace meses.
La respuesta no tardó en llegar. Ryan intentó mostrarse cauto y por encima de las disputas partidarias. "Necesitamos saber los hechos. Es obvio que hay personas allá afuera que quieren lastimar al presidente", aseguró el titular de la Cámara baja, quien fue un crítico feroz de Trump durante la campaña del año pasado. "Pero tenemos la obligación de realizar nuestra fiscalización sin importar qué partido político está en la Casa Blanca y eso significa que, antes de apurarnos a juzgar, debemos tener toda la información pertinente", agregó. En ese sentido, Ryan apoyó el pedido de la comisión de supervisión de la Cámara baja de solicitar al FBI que presente antes del miércoles 24 todos los documentos y las grabaciones existentes sobre las conversaciones que existieron entre Comey y Trump. El pedido surgió apenas 24 horas después de que el New York Times denunciara que Trump presionó a Comey para que abandonara la investigación que realizaba sobre su primer asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, y los encuentros con el gobierno ruso, que le valieron su renuncia en febrero. Esa investigación no se limitaba sólo a Flynn, sino que buscaba determinar si el Kremlin interfirió en la campaña presidencial, a través del hackeo a los mails del Partido Demócrata y a su candidata, Hillary Clinton, para favorecer a Trump.
Las dudas sobre el proceder del presidente y su entorno son tan grandes que ayer por primera vez un líder de su partido, el congresista republicano Justin Amash, habló de la posibilidad de un juicio político, algo que ya habían hecho varios dirigentes demócratas. Amash aseguró que "si las denuncias (sobre la interferencia de Trump en la investigación del FBI) son ciertas, hay argumentos para discutir un juicio político". "Todos tienen derecho a un juicio justo, sea el presidente o cualquier otro", dijo.
Al mismo tiempo, los lideres de la comisión de Inteligencia del Senado volvieron a invitar a Comey a testificar. El ex jefe del FBI ya fue invitado a testificar a esa comisión, pero se negó a ir ya que los senadores le pedían que lo hiciera en privado y él quería hablar en una sesión pública.
Como si los cruces de acusaciones y pedidos en el Congreso no fueran suficientes para alimentar la tensión de este drama político, el presidente ruso, Vladimir Putin, sumó un par de ironías y ofertas de ayuda. "Hablé con él (Lavrov) —lanzó Putin con una sonrisa—. Me voy a ver obligado a retarlo porque no compartió estos secretos con nosotros. Ni conmigo, ni con los representantes de los servicios de inteligencia de Rusia. Fue algo muy malo de su parte". Relajado y confiado, Putin se refirió al escándalo que desató la versión periodística de que Trump le entregó información secreta a su canciller, Lavrov. Luego, el mandatario ruso ofreció un aporte para resolver la crisis: "Estamos dispuestos a poner a disposición del Congreso una transcripción de la conversación entre Trump y Lavrov".
Contra las cuerdas. Trump durante una ceremonia de graduación de cadetes de la Guardia Costera.