La tensión y la incertidumbre crecen en Cataluña cuando quedan tres días para la celebración de un referéndum de independencia convocado de forma unilateral por el gobierno de la región y prohibido por el Tribunal Constitucional. Posibles "situaciones inabordables", "riesgo de alteraciones de orden público" o "consecuencias de seguridad ciudadana" son algunas de las expresiones escuchadas estos días en la región del nordeste de España en alusión a la jornada del domingo 1º de octubre (1-O). En medio de los operativos desplegados por la policía para impedir el referéndum e incautar los materiales relacionados con éste, ayer se reunió en Barcelona el principal órgano de coordinación policial en Cataluña, con representantes de los gobiernos catalán y español. En el encuentro, Madrid pidió de nuevo sin éxito a las autoridades catalanas que desconvoquen la polémica consulta, que fue prohibida "de facto" por el Tribunal Constitucional el 8 de septiembre a raíz de un recurso interpuesto por el gobierno español de Mariano Rajoy.
Tras la orden dada por una jueza para cerrar los locales públicos de votación el domingo, la policía catalana, los Mossos d'Esquadra, mostraron sus reticencias a intervenir y advirtieron de posibles problemas de seguridad en la región, de 7,5 millones de habitantes. "No negamos ni obviamos lo que dictó una jueza, pero queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es la salvaguardia de la convivencia", dijo ayer el responsable de Interior de Cataluña, Joaquim Forn. El gobierno español envió refuerzos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a Cataluña de cara a la jornada electoral del domingo. Los secesionistas catalanes acusaron al Estado de vulnerar derechos como la libertad de expresión. "Presionan para que haya tensiones en la calle y para que el 1º de octubre haya una reacción que no sea como hasta ahora: pacífica", dijo esta semana Forn.
La alcaldesa de Barcelona, la izquierdista Ada Colau, denunció
una "ola de represión" en Cataluña y pidió a Bruselas que intervenga. "Es mi obligación como alcaldesa de la capital de Cataluña hacer un llamamiento a la Comisión Europea para abrir un espacio de mediación entre los gobiernos español y catalán para hallar una solución negociada y democrática al conflicto", expresó.
Desde varios colectivos educativos divulgaron un manifiesto en el que llamaron a formar largas colas durante la jornada del domingo "como forma de protesta" en caso de que se impida la votación. "Las responsabilidades de todo tipo para seguir adelante con el referéndum recaen en los miembros del Govern (gobierno catalán) Quiero enviar este mensaje a todos los empleados públicos", dijo ayer el jefe del Ejecutivo catalán, el independentista Carles Puigdemont.
Desde los sindicatos policiales aseguraron que la jornada del domingo será "pacífica". "Ni la policía española ni la catalana son represoras. No venimos en pie de guerra, sino para que se cumpla la ley", dijo Mónica Gracia, líder del Sindicato Unificado de Policía. La Guardia Civil española se incautó ayer de un centenar de urnas, varios millones de sobres y 2,5 millones de papeletas para votar. Desde la empresa donde se localizaron las urnas aseguraron que éstas no tienen relación con la consulta catalana.
Mientras tanto, miles de estudiantes se manifestaron en Barcelona a favor del referéndum con pancartas con lemas como "Votemos para ser libres" o "Vaciemos las aulas" y consignas a favor de la consulta. La movilización estudiantil podría traducirse en la ocupación de colegios susceptibles de servir para la votación, en un intento de impedir la orden judicial de precintarlos a más tardar hoy por la noche.