El Mundo
Miércoles 26 de Abril de 2017

Responsabilizan a Maduro por grupos parapoliciales

El Congreso exigió al presidente proteger a los ciudadanos de las bandas de "colectivos", que han matado 30 manifestantes en sólo tres semanas.

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela aprobó un acuerdo en el que responsabiliza al gobierno chavista de Nicolás Maduro de proteger y armar a los grupos parapoliciales llamados "colectivos" que actúan impunemente contra las protestas opositoras y pidió a las fuerzas armadas desmantelarlos. En las últimas tres semanas de protestas contra el gobierno, han muerto 30 personas, casi todos opositores abatidos por los "colectivos". Además, se han registrado unos 500 heridos y el número de presos políticos también aumentó notoriamente, según las ONG opositoras.

Con la minoritaria bancada oficialista ausente, los diputados llevaron adelante un debate en el que acusaron al gobierno de Maduro de armar a los conocidos grupos irregulares que atacan a las manifestaciones, muchas veces protegidos por las fuerzas regulares. Los "colectivos", creados en tiempos del fallecido Hugo Chávez como fuerza de control parapolicial, se han vuelto parte del paisaje en las zonas chavistas o "rojas" de Caracas y las demás ciudades venezolanas, afligidas coincidentemente por la peor tasa de crímenes violentos de América.

El debate parlamentario se centró en lo ocurrido el lunes en Mérida, Barinas y Táchira, donde la represión dejó al menos tres muertos y varios heridos, siempre por la actuación de los colectivos chavistas. En el acuerdo legislativo se aprobó la designación de una comisión que investigará y documentará la actuación de los paramilitares, a fin de someter a la plenaria del congreso un procedimiento de responsabilidad política contra el ministro del Interior, general Néstor Reverol, y otras autoridades. El gobierno de Maduro sobresale por el alto número de generales que tiene en su gabinete, para la oposición un signo del autoritarismo creciente que ha tomado el chavismo.

El panorama institucional del chavismo volvió a registrar ayer la disidencia de una figura clave, la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Hubo cinco nuevos muertos por heridas de bala, que elevaron a 30 las víctimas fatales en lo que va de abril, informó Ortega Díaz, quien además reportó 437 heridos y 1.285 arrestados. Asimismo, la funcionaria volvió a incomodar al gobierno al denunciar que militares efectuaron al menos 38 detenciones irregulares y afirmar que los saqueos del jueves pasado, en los que murieron 12 personas, fueron protagonizados por delincuentes comunes y no por opositores como había sostenido Maduro. La fiscal a comienzos de mes cuestionó los fallos del Tribunal Supremo que anulaban la inmunidad de los diputados y se arrogaban la facultad de legislar. El gobierno debió dar marcha atrás.

La OEA decide

La Organización de Estados Americanos (OEA) decidirá hoy, en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, si convoca a los ministros de Exteriores para abordar la situación en Venezuela. Un grupo de 16 países, entre ellos Argentina,Brasil, México y Estados Unidos, forzó con una petición conjunta la convocatoria de la reunión urgente del Consejo Permanente. De llegar a aprobarse la convocatoria de los cancilleres, supondría un paso más hacia una posible suspensión de Venezuela, según indica la Carta Democrática.

Venezuela,por su lado, anunció en Montevideo que inicia un proceso de arbitraje contra Argentina, en su condición de presidente pro tempore del Mercosur, al haberse agotado las negociaciones directas para solucionar la controversia. El coordinador venezolano Héctor Constant dijo en Montevideo que su país "desea recuperar la institucionalidad del Mercosur", tras la suspensión de su país en diciembre. En aplicación del protocolo de Olivos para la solución de controversias,se cumplió ayer la cuarta reunión de negociaciones directas con la presencia de representantes de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela, aunque Paraguay, no asistió. Al no haberse superado las diferencias Venezuela resolvió ir más allá y solicitar un arbitraje "en la defensa de sus derechos y de la institucionalidad mercosuriana", según explicó la canciller Delcy Rodríguez.

sin miedo. Pese al terror de los "colectivos", las marchas continúan.

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