El Mundo
Sábado 16 de Septiembre de 2017

Rajoy le cortó la financiación autónoma a Cataluña

víctimas. Otra vez, la escena de civiles inermes que deben ser retirados de un espacio público luego de un atentado del terrorismo islámico.

La crisis por el referéndum separatista convocado en Cataluña para el 1º de octubre, ilegal para el Estado español, sumó un nuevo frente: Madrid dispuso asumir todos los pagos de Cataluña e impedir así que use fondos públicos para organizar la consulta. El gobierno de Mariano Rajoy anunció que asumirá todos los pagos de servicios esenciales y nóminas de la Generalitat de Cataluña. La decisión, tomada ayer en una reunión de gabinete, entrará hoy en vigor. El Estado se encargará directamente de los desembolsos del gobierno catalán para sueldos, educación, sanidad y servicios sociales. Para sufragarlos usará 1.400 millones de euros que corresponden a Cataluña en el sistema de financiación de las autonomías. Además, el Ejecutivo ha impuesto al "Govern" catalán un cierre de todos sus gastos no fundamentales para garantizar que ni un solo euro de los presupuestos sea destinado al referéndum del 1 de octubre, ilegal tanto para el Ejecutivo como para el Tribunal Constitucional de España.

   La intervención de las cuentas catalanas por el Estado añade un obstáculo a los separatistas dos semanas antes del referéndum. La medida de Madrid es en respuesta a que el viernes el gobierno catalán anunció que dejará de enviar su informe semanal de gastos al gobierno central por considerarlo un modo de "control político". "Si en 48 horas no hay un compromiso de cumplimiento de la ley, a partir de ahora los pagos de la Generalitat (el gobierno de Cataluña) los hará el gobierno de España", advirtió el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, ovacionado de pie por los asistentes a un encuentro de su Partido Popular (PP)en Cataluña.

   La medida fue anunciada poco antes por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Ante la situación de manifiesta ilegalidad en Cataluña, se ha establecido un mecanismo de pagos para garantizar los servicios públicos de los catalanes", señaló Montoro, según el cual el control se prolongará "el tiempo que dure la situación de excepcionalidad". El mecanismo de control prevé que el Estado asuma el pago de servicios públicos fundamentales en Cataluña como nóminas salariales, educación, sanidad y servicios sociales. "No se ha hecho nunca y se está haciendo en razón de la excepcionalidad que estamos viviendo", explicó el ministro.

    La Guardia Civil volvió a registrar imprentas en Cataluña en busca de material vinculado al referéndum y requisó más de 100.000 carteles electorales.

Carta al rey

En este clima, los principales impulsores del referéndum enviaron una carta a Rajoy y al rey Felipe VIpara pedirles negociar una consulta pactada y abrir "un diálogo abierto y sin condiciones". "Escuchar la voz de la ciudadanía no es un problema y aún menos un delito", afirma el texto firmado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, la presidenta del "Parlament" catalán, Carme Forcadell y la alcaldede Barcelona, la izquierdista Ada Colau. La carta critica la presunta "ofensiva de represión sin precedentes" que atribuye al gobierno central, refiriéndose a los diversos mecanismos legales activados por el Estado para frenar la consulta.

   La misiva se difundió horas después de que Puigdemont abriera la noche del jueves la campaña para el referéndum unilateral. "¿Alguien cree sinceramente que el 1 de octubre no votaremos? ¿Qué país piensan que somos? ¿Qué gente piensan que somos los catalanes?", preguntó en el acto. El planteo de un "diálogo" luego de esa arenga furibunda resulta cuanto menos dudoso.


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