El Mundo
Viernes 31 de Marzo de 2017

Para juristas, el tribunal usurpa un poder democrático elegido por el pueblo

Juristas venezolanos señalaron que aún cuando subsistiera el "desacato" por la juramentación de los tres diputados, el máximo tribunal nunca puede autoarrogarse funciones que la Constitución sólo deposita en el Poder Legislativo.

Juristas venezolanos señalaron que aún cuando subsistiera el "desacato" por la juramentación de los tres diputados, el máximo tribunal nunca puede autoarrogarse funciones que la Constitución sólo deposita en el Poder Legislativo. Es lo que escribió José Ignacio Hernández, doctor en derecho y docente universitario, en el portal ProDavinci. Señala que "esta sentencia parece poner fin al ping-pong constitucional que inició en 2016. Ya ni siquiera será necesario que la Sala Constitucional anule actos y decisiones de la Asamblea, pues en lo sucesivo esos actos y decisiones serán adoptados por la Sala, o por los órganos que ésta designe". Desde que la oposición ganó las parlamentarias, el chavismo se apresuró a reconfigurar la Sala Constitucional, que le es totalmente obediente. Una sucesión de fallos invalidantes de leyes sancionadas por la Asamblea llevaron a un permanente conflicto de poderes, pero como señala ahora el jurista, ese "ping-pong" se termina y el Tribunal simplemente se arroga para sí la función legislativa. Un acto que no tiene antecedentes. "La Sala Constitucional no puede asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Ni siquiera admitiendo la falsa tesis del desacato", remacha Hernández. "Las funciones de la Asamblea Nacional le fueron atribuidas por la Constitución, pues la Asamblea representa al pueblo. La Sala Constitucional, por el contrario, no representa al pueblo, pues no tiene origen democrático. Por esto, la Sala no puede asumir una representación popular que no tiene, en realidad la Sala usurpa el ejercicio de funciones y de la representación popular", redondea el especialista.

En el portal Tal Cual, la periodista Luisa Quintero compara el golpe institucional del Supremo con el "fujimorazo" que propinó el peruano Alberto Fujimori en 1992, cuando disolvió el Congreso. "Con esta sentencia se pueden precalificar los delitos de usurpación de poder, usurpación de funciones y abuso de autoridad", detalló en el mismo medio el constitucionalista Gerardo Fernández. Afirma que "esto no es una sentencia, es una proclama política sin contexto jurídico. No puede haber ninguna explicación jurídica, no cumple los requisitos de una sentencia porque no satisface los requerimientos adjetivos procedimentales y sustantivos para catalogarse como sentencia". En otras palabras, la sentencia no tiene sustento jurídico alguno.

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