El Mundo
Sábado 30 de Septiembre de 2017

Ocupan los colegios electorales para proteger el voto

Grupos de padres, alumnos y activistas comenzaron a ocupar ayer escuelas que servirán de centros de votación en el polémico referéndum soberanista en Cataluña para adelantarse así a los policías que tienen la orden de cerrarlos.

Grupos de padres, alumnos y activistas comenzaron a ocupar ayer escuelas que servirán de centros de votación en el polémico referéndum soberanista en Cataluña para adelantarse así a los policías que tienen la orden de cerrarlos. Asociaciones de padres y madres, la plataforma Escoles Obertes y autodenominados comités en defensa del referéndum organizaron diversas actividades en las escuelas para pasar allí las noches hasta la mañana del domingo.

Muchos lograron ingresar en los colegios antes de que los Mossos d'Esquadra (la policía autonómica catalana) bloquearan los accesos. El cuerpo tiene orden de requisar urnas en los locales electorales y cerrarlos antes de las 6 horas de mañana para evitar la votación, en cumplimiento de una orden judicial. El encuentro entre los votantes intentando acceder a los centros y los policías que deben impedirlo se produjo por el momento sin incidentes, como mostraron diversos videos en las redes sociales e informaron los medios. La situación sirve de anticipo para lo que podría verse mañana cuando el gobierno catalán insiste en celebrar el referéndum sobre la independencia de la región nororiental pese al rechazo frontal del Ejecutivo de Mariano Rajoy y la suspensión de la Justicia.

Las autoridades de Cataluña presentaron ayer las urnas que se usarán en la votación y adelantaron que más de 5,34 millones de catalanes están llamados a votar mañana en 2.315 colegios electorales. Sin embargo, el referéndum carece de reconocimiento nacional e internacional, tarjetas censales, junta electoral, participación mínima o campaña de la oposición. El aspecto que pueda adoptar la votación dependerá en gran parte de la actuación de los Mossos y los votantes. La polémica consulta plantea un escenario aún imprevisible y sitúa a España ante la peor crisis institucional de las últimas décadas. Además de estar prohibida, la votación quedó dañada por las medidas desplegadas desde Madrid. La policía incautó abundante material electoral, detuvo a 14 altos cargos implicados en su organización, cerró numerosas webs y registró el departamento del gobierno encargado del recuento de votos.

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