El Mundo
Domingo 02 de Abril de 2017

Marcha atrás del chavismo: la Corte restituye al Parlamento sus poderes

El máximo tribunal emitió nuevas sentencias que anulan la disolución de la Asamblea Nacional. Ahora, Maduro reitera su disposición al diálogo

El máximo tribunal venezolano dio marcha atrás ayer con las acciones para adjudicarse las facultades del Parlamento dominado por la oposición, luego de que la medida desatara divisiones dentro del chavismo y fuertes críticas por parte de la comunidad internacional. Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "suprimió" partes de dos sentencias, incluido un punto que confería amplios poderes al presidente Nicolás Maduro.

El gobierno venezolano trató de conjurar así la crisis institucional a partir de la renuncia de la Corte a asumir las funciones del Legislativo, pero la medida no logró calmar las protestas de la oposición, que mantiene su tesis de que está en marcha un golpe de Estado. El propio mandatario evaluó ayer que la situación había sido resuelta "exitosamente", a pesar de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró sus denuncias de golpe y sus militantes marcharon por las calles de Caracas y fueron reprimidos por la policía militar con gases lacrimógenos.

La corrección resultó de un acuerdo entre los representantes de los poderes públicos —excepto el Legislativo— convocados por el presidente venezolano para zanjar diferencias horas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara el viernes que los dictámenes del TSJ suponían una "ruptura del orden constitucional". El acuerdo, leído por el vicepresidente, Tareck El Aissami, la madrugada del sábado en cadena nacional exhortó "al TSJ a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano". "Hemos llegado a un importante acuerdo de solución de esta controversia, que con la lectura de este comunicado y la publicación de las aclaratorias y correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156, queda superada esta controversia", afirmó poco antes Maduro, quien presidió la reunión del Consejo de Defensa en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo.

El giro en la estrategia oficial pareció descolocar a la oposición, que, sin embargo, mantuvo su postura crítica. El presidente de la AN, Julio Borges, adujo en este sentido que el "golpe de Estado" del TSJ no se podía "corregir" suprimiendo una sentencia, e hizo un llamado a seguir protestando en la calle. "La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo", subrayó durante una concentración de opositores en Caracas. En la misma dirección, el dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles señaló que con estas "aclaratorias" de la corte "no está resuelto el golpe de Estado", y pidió que estas sentencias sean anuladas.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, negó por su parte que los dictámenes hayan "despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado". En un comunicado leído ante representantes del cuerpo diplomático, Moreno sostuvo además que el TSJ "reconoce la inmunidad parlamentaria como garantía de la actividad legislativa, con las limitaciones" que fija la Constitución.

El pasado martes, el TSJ ya había asestado un golpe a la Asamblea, al retirar la inmunidad de los diputados, lo que abrió la posibilidad de enjuiciarlos incluso ante tribunales militares. El TSJ declaró en desacato al Legislativo en enero de 2016, debido a la juramentación de tres diputados opositores acusados de fraude electoral.

Fortalecida por la presión internacional sobre el gobierno, la oposición reactivó ayer sus manifestaciones. Un millar de personas asistieron a una sesión parlamentaria de la mayoría opositora en una plaza de Caracas, donde exigieron comicios generales ante el colapso económico. "Elecciones generales, nada de diálogo. Ellos violaron la Constitución tratando de anular el Parlamento y ahora se echan para atrás, pero seguimos en dictadura", dijo Eugenia Salazar, jubilada de 67 años. Los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos cuando intentaron llegar a la Defensoría del Pueblo para pedir a ese organismo unirse al pronunciamiento de la fiscal.

Aludiendo a las críticas de varios gobiernos, Maduro lanzó el viernes una dura advertencia a la oposición. "Que nadie esté aprovechando esta circunstancia para aventuras, porque la voluntad para enfrentar aventuras golpistas es absoluta y yo llamaría al pueblo a la calle", desafió el presidente, cuya gestión rechazan siete de cada 10 venezolanos, según encuestas. El gobierno bolivariano denuncia un plan liderado por Estados Unidos y gobiernos de derecha, a través de la OEA, para derrocarlo. Pese a ello, reiteró que está dispuesto a reactivar el diálogo que sus adversarios congelaron en diciembre pasado.

Un grupo de 13 países presentó un proyecto de resolución para ser debatido mañana en el Consejo Permanente de la OEA, a fin de declarar que los fallos del TSJ como "una violación del orden constitucional".

Destitución de jueces

La corte también anuló los poderes que había otorgado a Maduro para revisar la legislación sobre delincuencia organizada y terrorismo, justificados en la posible existencia de delitos militares. Durante la manifestación de ayer, el diputado Stalin González, jefe de la bancada opositora en la Asamblea, propuso iniciar el martes un proceso para destituir a los magistrados del TSJ porque "cometieron delitos penales". "Es poco factible que se logre porque el mismo tribunal se opondrá y depende de otras instancias del Estado controladas por el oficialismo", dijo la analista Francine Jácome.

Las decisiones del TSJ generaron una avalancha de críticas de la comunidad internacional. En uno de los más duros pronunciamientos, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, denunció un "autogolpe". Pero Maduro respondió el viernes que "en Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos", y se dijo víctima de un "linchamiento diplomático".

"La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo"

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