El Mundo
Sábado 09 de Septiembre de 2017

Madrid aumenta la presión contra el referéndum catalán

Los independentistas se mantienen desafiantes, asegurando que no se amilanarán ante la Justicia o el gobierno conservador de Rajoy

Ni un paso atrás. Puigdemont (der) y Junqueras durante el debate parlamentario sobre el plan soberanista, el jueves.

Las autoridades políticas y judiciales de España endurecieron ayer el tono contra responsables catalanes, entre ellos directores de medios de comunicación, mandos policiales y alcaldes, para disuadirlos de participar en la organización del referéndum de autodeterminación del 1º de octubre. "Los que participen en un referéndum ilegal, lo saben, ahora no hay ninguna duda, (...) y todo el mundo tiene que aceptar las consecuencias de lo que hace", subrayó en rueda de prensa el vocero del gobierno central, Iñigo Méndez de Vigo. Al admitir el jueves cuatro recursos del gobierno español contra la consulta, lo que automáticamente la dejó suspendida cautelarmente, el Tribunal Constitucional lanzó una advertencia a más de un millar de altos funcionarios catalanes, sobre todo a los 948 alcaldes, quienes deben decidir si abren sus locales para permitir la votación. Además de los alcaldes, la máxima instancia española en materia constitucional pidió a abstenerse de promover "acuerdo o actuación alguna que permita" el referéndum a la integralidad del gobierno catalán, empezando por su presidente Carles Puigdemont, y directores de la tv. y radio públicas de Cataluña, entre otros altos cargos.

Exhortación a la policía

También incluyó al comisario jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, muy visible en la investigación de los atentados yihadistas que el mes pasado dejaron 16 muertos en Barcelona y Cambrils. "En Cataluña no va a tener lugar ningún tipo de referéndum de autodeterminación", reiteró la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Pero las autoridades independentistas se mantienen desafiantes, asegurando que no se amilanarán por mucha presión que haga la Justicia o el gobierno de España. "No va a haber suficiente papel para comunicar tantos apercibimientos y meter miedo a prácticamente la mitad de la sociedad catalana", fustigó Lluis Corominas, presidente del grupo parlamentario de la coalición catalana nacionalista de gobierno, Juntos por el Sí. "Ante este tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia", dijo Puigdemont, a cargo de un gobierno independentista que quiere preguntar el 1º de octubre a los catalanes si desean que la región de 7,5 millones de habitantes y que representa el 20 por ciento del PIB español pase a ser un "Estado independiente en forma de república".

Conflicto frontal

Como prueba de su determinación, el Parlamento catalán dominado por los separatistas aprobó la madrugada de ayer, luego de la decisión del Constitucional, la llamada "ley de transitoriedad", que detalla el funcionamiento de la hipotética república catalana en caso de ganar el "sí". Al igual que las otras leyes aprobadas en la cámara catalana, la de transitoriedad será impugnada ante el Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy.

El conflicto legal es frontal entre estas disposiciones y la tenacidad de las autoridades independentistas, que aseguran defender sus derechos tras años de "humillación" por parte del gobierno conservador de Rajoy.

El gobierno catalán asegura contar con el apoyo de una mayoría de ayuntamientos, además de tener listos a más de 16.000 voluntarios para la organización de la consulta. Según la asociación de municipios independentistas, ya son 654 los ayuntamientos que apoyarán el referéndum, pero de las diez ciudades más pobladas, sólo tres accedieron por ahora a colaborar. El lunes escalará aún más la tensión, cuando con motivo de la Diada, la fiesta de Cataluña, los independentistas busquen mostrar su fuerza en una movilización, a la que ya confirmó su asistencia Puigdemont.

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