El Mundo
Jueves 07 de Septiembre de 2017

Lula da Silva y Rousseff, imputados por organización criminal en el caso Petrobras

El ex presidente fue acusado de ser el ideólogo de la asociación delictiva junto a ex ministros del PT para obtener millones de dólares en sobornos

A diez días de dejar el cargo en el que realizó una fuerte ofensiva contra la corrupción en conjunto con la Operación Lava Jato (Lavaautos), el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, acusó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de liderar una organización criminal, en la que también habrían participado su sucesora, Dilma Rousseff, y algunos de sus ministros más importantes. Los denunciados son sospechosos de "promover, constituir, financiar o integrar, personalmente o por intermedio de otra persona, organización criminal". La pena propuesta por Janot es de tres a ocho años de prisión, con recomendación de una pena mayor para Lula, además de una indemnización al Estado de 1.800 millones de dólares, para devolver el dinero que habría sido desviado de Petrobras, además de compensar daños morales y materiales.

Entre los imputados junto a Lula y Rousseff, están algunos de los cuadros más importantes del Partido de los Trabajadores (PT): los ex ministros de Economía, Antonio Palocci y Guido Mantega; el de Planificación, Paulo Bernardo; de la Casa Civil, Gleisi Hofmann; de Comunicaciones, Edinho Silva, y el ex tesorero del partido, Joo Vaccari Neto. Según Janot, Lula orquestó una trama de desvíos a través de Petrobras, del Banco de Fomento (BNDES) y del Ministerio de Planificación, que le rindieron a él, a sus cómplices y a su partido, lo equivalente a 430 millones de dólares en sobornos. La participación del ex presidente habría comenzado al inicio de su gobierno, en 2003, hasta la destitución de Rousseff, en mayo de 2016, y servía no solo al PT, sino también a sus principales aliados, entre ellos, el PMDB, del actual presidente Michel Temer. En el caso de la ex mandataria, Janot sostuvo que habría entrado a formar parte de la organización criminal en 2003, cuando accedió al puesto de ministra de Minas y Energía. Con esta denuncia, por primera vez Rousseff, demitida de su cargo el año pasado en un controvertido proceso de "impeachment", aparece denunciada en una trama de corrupción.

El fiscal destacó asimismo que pese a que Lula ya fue acusado por el mismo crimen en el tribunal de primera instancia del juez Sergio Moro, su denuncia ante la Corte Suprema es "más amplia" y narra una "mayor cantidad de ilícitos practicados por la organización".

Un acuerdo revertido

El fiscal Janot es el mismo que presentó una denuncia que acorraló a Michel Temer, acusado de negociar sobornos con la multinacional JBS, líder mundial de la industria cárnica. Temer fue grabado en un diálogo sospechoso con Joesley Batista, dueño de la empresa, y tuvo que negar su amistad con Rodrigo Loures, diputado de su confianza, atrapado huyendo con una maleta de medio millón de reales. El mandatario, que estuvo en la cuerda floja durante dos meses, consiguió mantenerse en el cargo gracias al apoyo del Congreso, que le pasó una alta factura. El martes, sin embargo, el fiscal Janot también quedó expuesto al conocerse que su ex mano derecha, Marcelo Miller, protegió a los Batista en el acuerdo que evitó que vayan a la cárcel. El acuerdo está siendo duramente cuestionado por la prensa local, que ve a Batista y a sus hermanos como corruptores, premiados con la libertad y en un exilio voluntario en Estados Unidos.

Las nuevas grabaciones de Batista difundidas el lunes complicaron a Janot, que prometía una última flecha fatal contra Temer, pero debe dejar el cargo el 17 fragilizado, mientras el mandatario se fortalece. Las grabaciones también golpearon a la Operación Lava Jato y a la Corte Suprema, por lo que se debe anular el acuerdo, llevando a los Batista a la prisión, como otros grandes empresarios que están ya tras las rejas, entre ellos, el magnate Marcelo Odebrecht, dueño del imperio de construcción. En las grabaciones de las conversaciones entre Joesley Batista, uno de los titulares de grupo J&F, al cual pertenece la empresa JBS, con el director de Relaciones Institucionales del grupo, Ricardo Saud, los ejecutivos dicen que el entonces fiscal Miller los ayudó a realizar el acuerdo de cooperación con la Justicia ("delación premiada"). Con la revelación, la actuación de Miller quedó en el centro de las polémicas, ya que el ex fiscal renunció a su cargo el 5 de abril y seis días después participó en una reunión como representante de J&F ante la fiscalía general.

Por otro lado, según medios brasileños, en las grabaciones los dos ejecutivos hicieron menciones a miembros de la Corte Suprema del país de forma grosera y despectiva pero en ningún momento comentaron o insinuaron que podrían estar involucrados en ilícitos.

"Persecución"

Lula calificó como una "persecución" y "acción política" la denuncia en su contra presentada ante la Corte Suprema por el fiscal Janot, por el delito de organización criminal. Los voceros del ex presidente divulgaron un comunicado en el sostuvieron que "la denuncia de la fiscalía, sin cualquier fundamento, es una acción política".

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