El Mundo
Jueves 10 de Agosto de 2017

La oposición, a elecciones en una Venezuela que se ve en dictadura

Así lo confirmó la MUD pese a su recelo al Consejo Nacional Electoral. La votación para elegir gobernadores se realizaría el 10 de diciembre

La oposición venezolana informó ayer que inscribirá a sus candidatos para las elecciones de gobernadores del 10 de diciembre, a pesar de mantener sus cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral (CNE) por su desempeño en la reciente elección de la Asamblea Constituyente. "Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales", señaló ayer en un comunicado la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), varios de cuyos dirigentes fueron inhabilitados para postularse.

Luego de especulaciones, debates y presiones, la alianza explicó que su decisión busca presionar al presidente Nicolás Maduro y al poder electoral a que cumplan su palabra de realizar los comicios el próximo 10 de diciembre. Si no lo hacen, "que paguen el costo", dijo el dirigente Andrés Velásquez, en rueda de prensa. El plazo de inscripción para la contienda por 23 gobernaciones y las asambleas regionales venció esta madrugada. Velásquez agregó que la inscripción estará acompañada por manifestaciones y recordó que siguen vivas las exigencias de las protestas que comenzaron en abril y que después de cuatro meses dejaron 121 muertos. La oposición ya advirtió que será una campaña repleta de peligros por posibles inhabilitaciones y amenazas del gobierno. El lunes, el oficialista Diosdado Cabello, miembro de la Constituyente y vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo que pedirían la inhabilitación de los opositores "violentos" que hayan "atentado contra la patria".

Presiones

El anuncio coincidió con las sanciones del Departamento del Tesoro, ayer, a Adán Chávez, el hermano mayor del fallecido líder Hugo Chávez y a otros siete políticos por su vinculación con la Asamblea Constituyente, que rige desde el viernes último con poderes absolutos y enfrenta un amplio rechazo internacional. La medida implica el congelamiento de bienes que tengan en Estados Unidos, y la prohibición a ciudadanos estadounidenses de realizar negocios con ellos. Por ahora, sin embargo, Washington sigue sin aplicar sanciones directas al sector petrolero, el núcleo de la economía venezolana. Washington ya había sancionado al propio Maduro y a 13 funcionarios y ex colaboradores acusados de quebrar la democracia, corrupción y violación de derechos humanos. La lista se amplió luego de que doce gobiernos de América condenaron el martes en Lima a Maduro por una "ruptura" de la democracia y desconocieron la Constituyente, también rechazada por la Unión Europea (UE). Ya el sábado, el Mercosur suspendió políticamente a Venezuela con el mismo argumento. No fue una decisión fácil para la MUD, que reúne a una treintena de partidos con distintas tendencias, los cuales se agruparon en 2008 para enfrentar electoralmente al chavismo —en el poder desde 1999— con una tarjeta única. Varios de sus dirigentes fueron inhabilitados para optar a cargos públicos, incluido Henrique Capriles, actual gobernador del Estado Miranda, al que pertenece parte de Caracas. Además, dos alcaldes fueron condenados por la Corte Suprema a 15 meses de prisión por no impedir el bloqueo de vías en los cuatro meses de manifestaciones opositoras que dejan unos 125 muertos. La elección "es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura", se justificó la MUD, advirtiendo que las protestas para exigir elecciones generales continuarán. Los comicios regionales debieron celebrarse a fines de 2016, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) los pospuso sin explicación.

Acusado de servir al gobierno, el CNE también suspendió en 2016 el trámite para un referéndum revocatorio del mandato de Maduro, por orden de tribunales. Igualmente, hace dos días anunció que la MUD no podrá inscribir candidatos en siete Estados, incluidos Zulia —mayor centro electoral del país—, Aragua y Carabobo. Velásquez aseguró que en esos Estados, los partidos de la MUD apoyarán un único candidato.

Dilemas

Analistas como Benigno Alarcón consideran que el gobierno no está en capacidad de ganar una elección por su responsabilidad en la grave crisis económica, reflejada en escasez de alimentos y medicinas y una inflación que según el FMI treparía a 720 por ciento este año. Maduro enfrenta el rechazo de 80 por ciento de los venezolanos, según encuestas, que indican que la MUD podría ganar hasta 18 gobernaciones. Sería un nuevo golpe al chavismo, que encajó en 2015 su más estruendosa derrota en las legislativas. Debido a ello —según Alarcón— Maduro apostó por la Constituyente como un "salvavidas", no para reescribir la Carta Magna sino evitar elecciones y gobernar sin contrapesos como el Parlamento, ya de hecho maniatado por la Corte Suprema.

Dirigentes opositores no descartan que al final la Constituyente, al ser un "suprapoder", cancele las regionales, aunque Maduro lo niega. La oposición también encara el riesgo de perder apoyo popular al "conformarse" con unas regionales cuando las protestas exigían anticipar las presidenciales, previstas para fines de 2018. Ya asumió un costo en 2016: cuando las manifestaciones contra Maduro habían alcanzando un nuevo pico, se embarcó en un fallido diálogo que mermó su popularidad. No obstante, hoy asegura que Maduro está acorralado por las protestas y la presión internacional, y que cada vez está más cerca su objetivo de "poner fin a esta dictadura".

Conflictividad. Una pareja de venezolanos cruza frente a un mural que denuncia la crítica situación.

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