Al día siguiente de su aprobación en el Parlamento catalán, el Tribunal Constitucional de España ha suspendido la ley que convoca a un referéndum y el decreto que firmó el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont. El ahora suspendido referendo debía realizarse el 1º de octubre. Los doce magistrados del TC, reunidos en un pleno extraordinario, han acordado esta decisión de urgencia al admitir a trámite varios recursos del gobierno español contra las normas catalanas. La admisión supone automáticamente la suspensión de lo recurrido. "No habrá referéndum de autodeterminación de Cataluña", había dicho horas antes el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, al anunciar los recursos ante el Constitucional.
El tribunal abordó cuatro recursos interpuestos por el Ejecutivo de Rajoy para frenar los planes secesionistas. Iban dirigidos contra la ley del referéndum, el decreto de convocatoria de la consulta, las normas complementarias y una resolución del Parlamento catalán que designó a una "sindicatura electoral".
En los recursos, el gobierno también solicitó al Constitucional que notificara su decisión de forma personal a Carles Puigdemont y todos los miembros de su gobierno, contra quienes la Fiscalía presentará una querella por convocar el referéndum, así como a los alcaldes de los municipios catalanes, decisivos para realizar la consulta. El gobierno ha pedido al tribunal que advierta a los alcaldes de "su deber de impedir o paralizar" cualquier iniciativa sobre el referéndum.
El Constitucional ha abordado además un incidente planteado por el gobierno contra el trámite que se le dio a la ley. El texto fue ingresado al "Parlament" como trámite urgente y esto le habilitó una "vía rápida", muy objetada por los parlamentarios no nacionalistas, que se retiraron del hemiciclo en señal de protesta. El gobierno alegó que este acto incumplió una sentencia del propio Constitucional de diciembre de 2015, en la que ordenó a los gobernantes catalanes que impidiesen cualquier iniciativa dirigida a preparar el referéndum. Aquella sentencia anuló la llamada "declaración de desconexión", una resolución del Parlamento catalán del 9 de noviembre de ese año que proclamó la ruptura con España.
Poco antes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, había declarado que "no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña", y anunciado los recursos de inconstitucionalidad. "Acabo de dar instrucciones para presentar un recurso de inconstitucionalidad para la ley de referéndum de Cataluña y para el decreto de convocatoria para el 1º de octubre", informó Rajoy en una comparecencia desde el Palacio de La Moncloa. "El gobierno ha solicitado la nulidad de esas normas y la suspensión de las mismas mientras se resuelve el recurso", añadió el líder del conservador Partido Popular (PP), al inicio de un mensaje institucional en el que fue rotundo al señalar al gobierno catalán como el responsable de un ataque sin precedentes al "pacto de convivencia" de España.
Rajoy precisó, asimismo, que "lo que ocurrió ayer supone un acto de desobediencia, chapucero, a nuestras instituciones democráticas. Todos estamos obligados a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional", sostuvo Rajoy. "Esa consulta no se va a celebrar en ningún caso", añadió Rajoy, quien con su actuación dijo estar "defendiendo el imperio de la ley", que es "la garantía de nuestra convivencia y nuestra libertad". Destacó que "la imagen de lo que ocurrió en el Parlament a ojos de Europa y todo el mundo es uno de los mayores golpes que han recibido las instituciones. No sigan por ese camino, no liquiden sus propias instituciones. Les pido que abandonen la escalada de autoritarismo porque el Estado de derecho no se va a plegar a sus bravatas e ilegalidades", subrayó Rajoy. Puigdemont reaccionó con virulencia: "No vivimos en una democracia tal y como la entendemos nosotros. Se está haciendo una querella general, cualquier persona que piense en colaborar (con la consulta) ya está advertida por el Estado". Puigdemont ha preguntado a Rajoy: "¿Me puede decir por qué no puedo votar? Es algo que no ha hecho nunca hasta ahora. ¿Por qué no nos sentamos a negociar cómo podemos votar los catalanes?".