Crusis en Brasil
Viernes 15 de Julio de 2016

La Fiscalía descartó que los cargos contra Dilma constituyan un delito

El Ministerio Público Federal (Fiscalía) de Brasilia descartó ayer que los cargos por los que se abrió un juicio político destituyente contra la presidenta Dilma Rousseff constituyan delitos punibles en los tribunales convencionales. El fiscal Ivan Cláudio Marx solicitó que se archive la causa, aunque la Justicia puede rechazar esta recomendación y remitir el caso a la Procuraduría General de la República para que prosiga las investigaciones. Rousseff fue apartada de la presidencia de Brasil el pasado 12 de mayo por decisión del Senado, mientras se lleva a cabo un juicio político destituyente, que podría concluir el próximo agosto. La acusación en ese proceso le imputa a Rousseff una serie de maniobras contables para maquillar las cuentas públicas en los últimos años. Esas maniobras incluyen demoras en el pago de fondos a bancos públicos y en un programa de subsidios agrícolas, lo que fue considerado por la acusación como una operación de toma de crédito por parte del gobierno, lo que está prohibido por ley.

El Ministerio Público Federal (Fiscalía) de Brasilia descartó ayer que los cargos por los que se abrió un juicio político destituyente contra la presidenta Dilma Rousseff constituyan delitos punibles en los tribunales convencionales. El fiscal Ivan Cláudio Marx solicitó que se archive la causa, aunque la Justicia puede rechazar esta recomendación y remitir el caso a la Procuraduría General de la República para que prosiga las investigaciones. Rousseff fue apartada de la presidencia de Brasil el pasado 12 de mayo por decisión del Senado, mientras se lleva a cabo un juicio político destituyente, que podría concluir el próximo agosto. La acusación en ese proceso le imputa a Rousseff una serie de maniobras contables para maquillar las cuentas públicas en los últimos años. Esas maniobras incluyen demoras en el pago de fondos a bancos públicos y en un programa de subsidios agrícolas, lo que fue considerado por la acusación como una operación de toma de crédito por parte del gobierno, lo que está prohibido por ley.

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