El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) se adjudicó el poder de legislar y se lo quitó al Legislativo, en manos opositoras. La grave sentencia vacía de todo poder al Parlamento unicameral, y fue condenada por los legisladores y líderes opositores, que la caracterizaron de "golpe de Estado" y "dictadura". Fue la segunda sentencia del TSJ contra el Legislativo en 24 horas. Anteriormente había quitado los fueros a los legisladores. El Supremo está totalmente alineado con el gobierno de Nicolás Maduro. Las reacciones internacionales de repudio desde toda América no tardaron: Perú retiró a su embajador, Brasil denunció una "ruptura constitucional", Chile y Argentina expresaron su fuerte preocupación y el secretario general de la OEA habló de "autogolpe", mientras México dijo que se "atenta contra los valores de la democracia" (ver página 28). Es claro que el gobierno chavista ha dado un paso definitivo hacia su configuración autoritaria, violando la división de poderes de un modo que no registra antecedentes en las democracias del continente. Desde que perdió las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 y agobiado por la crisis económica, el chavismo no ha permitido nuevas elecciones, ni la convocatoria a una consulta sobre Maduro.