El Mundo
Jueves 10 de Agosto de 2017

La Asamblea Nacional rechaza maniobra de la Constituyente

El Congreso venezolano rechazó ayer subordinarse a la Asamblea Constituyente, lo que hace prever una agudización de la pugna entre los poderes de un país agobiado por la crisis económica y las continuas protestas.

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional aprobó, sin la presencia de los diputados oficialistas, el rechazo al decreto que emitió el martes la Asamblea Constituyente en el que subordinó todos los poderes públicos al nuevo cuerpo.

"Desconocemos la Constituyente como un todo", dijo el diputado opositor Juan Pablo Guanipa durante la sesión y señaló al presidente Nicolás Maduro de utilizar el proceso de reforma de la Constitución como pretexto para "hacer lo que le dé la gana". "No nos hemos rendido y jamás nos vamos a rendir", afirmó el legislador Williams Dávila al descartar que la oposición vaya a ceder ante la Asamblea Constituyente, que el martes último amenazó con limitar funciones y aplicar la ley a los poderes que no cumplan las normas. El segundo vicepresidente de la Constituyente, Isaías Rodríguez, defendió ayer las últimas medidas que tomó ese cuerpo y dijo que lo que se busca con el proceso constituyente es actualizar la Carta Magna y superar "algunos problemas en materia económica que matan al pueblo con una inflación inducida". Desde que inició sus sesiones ordinarias el sábado con la remoción de la fiscal general, la Asamblea Constituyente —controlada por el oficialismo— dejó claro su objetivo de tomar acciones contra los opositores que promovieron las protestas antigubernamentales de los últimos cuatro meses que dejaron al menos unos 122 muertos y casi 2.000 heridos.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, agradeció el respaldo de los cancilleres de 12 países latinoamericanos que desconocieron a la Constituyente y sus actos por "su carácter ilegítimo" y sostuvo en un discurso que esa declaración abre el camino para eventuales sanciones a funcionarios por supuesta corrupción, narcotráfico y violaciones de los derechos humanos.

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