El gobierno español asumió ayer el control de las operaciones de la policía catalana, una nueva medida con la que quiere impedir el referendo de independencia del 1º de octubre y que enfureció a los separatistas.
El gobierno español asumió ayer el control de las operaciones de la policía catalana, una nueva medida con la que quiere impedir el referendo de independencia del 1º de octubre y que enfureció a los separatistas.
En una reunión celebrada en Barcelona, la fiscalía superior de Cataluña dispuso que un alto funcionario del ministerio español de Interior coordine las operaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la policía autónoma de Cataluña, los Mossos d'Esquadra, para reforzar el dispositivo encaminado a impedir la consulta, prohibida por la Justicia.
El gobierno independentista catalán d nunció enérgicamente la orden como una "injerencia", ya que la medida pone bajo control del ministerio del Interior a los Mossos d'Esquadra. "Denunciamos la voluntad de intervenir los Mossos dEsquadra", dijo el consejero catalán de Interior, Joaquim Forn, añadiendo que sus servicios están "estudiando" un recurso. "No entendemos y criticamos rotundamente" la decisión del gobierno español, abundó el Sindicato Autónomo de Policía (SAP), mayoritario en los Mossos.
El mando de los Mossos indicó que dará "cumplimiento" a las instrucciones de la Fiscalía, si bien "no comparte" que ser "tutelada por un órgano del Ministerio del Interior". El ministerio explicó que esto "no supone que se retire competencia alguna a los Mossos. El objetivo, aseguró, es "reforzar el dispositivo" encaminado a impedir el referéndum.