El Mundo
Sábado 22 de Julio de 2017

El Parlamento desafía a Maduro al nombrar una Corte Suprema paralela

El Legislativo, de mayoría opositora, da así un paso firme para constituir un gobierno alternativo. El TSJ descalificó los nombramientos.

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela juramentó ayer a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), avanzando un paso más el choque de poderes en el país. La Asamblea sesionó en una plaza pública en el este de Caracas para designar y juramentar a 13 magistrados principales y 20 suplentes, un acto que fue de inmediato descalificado por el TSJ, que señaló que los nombramientos son ilegales debido al desacato del que se acusa a la cámara legislativa.

La juramentación se hizo en la plaza Alfredo Sadel, del municipio Baruta, para evitar asaltos como el vivido en la Asamblea Nacional a principios de mes y con la ausencia de la bancada oficialista, que no asistió asumiendo la tesis del desacato del Parlamento. Los nuevos magistrados deberían asumir los asientos del TSJ que están ahora ocupados por los jueces cuestionados, aunque la lucha de poderes por ahora dificulta esa sustitución. La elección de un nuevo tribunal implica que coexistan ahora dos máximas instancias judiciales en el país, lo que agrava el conflicto de poderes existente desde que el TSJ reconocido por el Ejecutivo declaró "en desacato" al Parlamento.

La cámara aprobó un informe redactado por el diputado Carlos Berrizbeitia en el que se revisó la designación el 15 de diciembre de 2015 de los actuales jueces, en la cual, dijo, se cometió una serie de irregularidades admitiendo a abogados que no cumplían con los requisitos exigidos. Los diputados dijeron que esos magistrados "express"fueron designados días antes de conocerse los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015, en las cuales la oposición alcanzó una arrolladora victoria.

La sala constitucional del TSJ replicó que la Asamblea cometió delito de usurpación de funciones con las designaciones. El magistrado del TSJ Juan José Mendoza, portavoz del tribunal, señaló que la Asamblea está en desacato y no puede hacer esas designaciones.

Este nuevo desafío de la oposición forma parte de una estrategia lanzada tras el plebiscito simbólico que realizó el pasado domingo, en el que aseguró haber recaudado 7,6 millones de votos contra la Constituyente. El jueves y viernes realizó un paro general de 24 horas para exigirle al presidente Nicolás Maduro que desista de la elección, el 30 de julio, de los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna.

Durante el paro, que según la oposición fue cumplido en un 85 por ciento, ocurrieron choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes en varias regiones, que dejaron cinco muertos y 367 detenidos, según la Fiscalía y la ONG Foro Penal. Maduro difundió un video en redes sociales en los que aparece manejando por Caracas, junto a su esposa Cilia Flores, para demostrar, según él, el fracaso de la huelga. "Ni McDonalds le paró bola (prestó atención) a Freddy Guevara", añadió con burla Maduro, refiriéndose al vicepresidente del Parlamento que había llamado a la población a la huelga.

Llamados internacionales

Gobiernos de América latina, la Unión Europa y la OEA le han pedido a Maduro que retire el proyecto de la Constituyente. Durante su cumbre en la ciudad argentina de Mendoza, el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) instó ayer a Maduro a restablecer el orden institucional y el Estado de derecho (ver aparte). Maduro calificó esa cumbre de "ilegal" y consideró "alarmante" el uso "temerario" del bloque "al servicio de una política de hostigamiento" contra Venezuela.

En Estrasburgo, un grupo de expertos en Derecho Constitucional del Consejo de Europa consideró que la Constituyente podría poner en cuestión la "credibilidad democrática" en Venezuela. "Es absurdo que el gobierno, en su empeño por una Constituyente, rechazada por la mayoría, lleve al país a un drama internacional", comentó Luis Vicente León, presidente de la firma Datanálisis, según la cual ese desacuerdo es del 70 por ciento.

A su vez, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció ayer que está analizando acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad. "Daremos los pasos institucionales dentro de la organización para poder tipificar de manera adecuada y muy coherente desde el punto de vista jurídico las violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, pueden ser juzgados por la Corte de Derecho Penal Internacional", indicó.

¿Hacia un Estado paralelo?

Al igual que la oposición, la fiscal general, Luisa Ortega, sostuvo que los jueces del TSJ fueron nombrados irregularmente a fines de 2015 por la anterior mayoría chavista en el Congreso, poco antes de que los opositores tomaran el control tras un triunfo aplastante en las parlamentarias. Ortega, chavista devenida en fuerte crítica de Maduro, acusa a los magistrados "ilegales" de romper el orden constitucional, con fallos que socavaron el poder del Parlamento. Por eso, la Corte le abrió un proceso de destitución.

Para el consultor jurídico Oswaldo Ramírez, Venezuela se encamina a la constitución de un Estado paralelo. "Mediante la Asamblea Nacional Constituyente el gobierno comienza un proceso de desmontaje de las instituciones que lo adversan", apuntó.

La MUD rechazó participar en la Constituyente, argumentando que no fue convocada en referéndum y que el sistema electoral es un "fraude" con el que Maduro busca aferrarse al poder, con apoyo de los militares y los poderes electoral y judicial.

La oposición asegura que la Constituyente hará de Venezuela "otra Cuba" y empeorará la crisis económica, que se caracteriza por una severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI proyecta en 720 por ciento este año.

Mercosur suavizó el reclamo y dejó pendiente la expulsión

Los países del Mercosur optaron ayer finalmente por suavizar su posición respecto al gobierno de Maduro y manifestaron su "profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria" en Venezuela, a la vez que instaron al "cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas" en el país caribeño.

   En forma paralela y casi en el cierre de la cumbre de presidentes que se desarrolló en Mendoza, los cuatro países miembros del bloque regional con la adhesión de Chile, Colombia, Guyana y México enviaron una nota a Caracas "instando" a iniciar un proceso de diálogo en "un plazo particularmente breve".

   Si bien la Cancillería argentina se esforzó por negar un pequeño giro en la estrategia regional hacia el gobierno chavista quedó en evidencia que la posición del presidente uruguayo Tabaré Vázquez de "no intervención de países terceros en asuntos internos" jugó en contra de la ofensiva por aplicar cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia.

Bolivia no firmó

   Incluso la acción promovida por los dos principales socios del Mercosur, Argentina y Brasil, fue rechazada por el presidente de Bolivia, Evo Morales —no firmó la declaración sobre Venezuela—, y las delegaciones de Perú y Ecuador, según confirmaron fuentes oficiales. "Los Estados Partes del Mercosur y los Estados Asociados de Chile, Colombia y Guyana, así como México, reiteran su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela", se transmitió, en tanto, en el comunicado final de la cumbre. Y agregaron que "hacen un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los derechos humanos".

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