El Mundo
Miércoles 10 de Mayo de 2017

El gobierno de Maduro somete a 251 detenidos civiles a tribunales militares

La grave medida buscaría intimidar a los jóvenes que manifiestan a diario. Juristas señalan que es aberrante y contraria a la Constitución vigente.

La oposición venezolana y diversas ONG condenaron el juzgamiento de 251 civiles detenidos en la ola de protestas por tribunales militares, un abuso que viola los derechos de los imputados y la propia Constitución venezolana. La decisión de un gobierno que cuenta con 11 generales activos en su gabinete es vista como una amenaza enviada a los cientos de miles de jóvenes que a diario protestan en su contra. Desde inicios de abril han muerto al menos 41 manifestantes en toda Venezuela.

La medida llega en momentos de alta crispación por la convocatoria a una Asamblea Constituyente muy polémica que ha convocado el presidente Nicolás Maduro, mientras el país se hunde en una crisis económica sin antecedentes y las manifestaciones se multiplican, exigiendo la salida del mandatario y la convocatoria a elecciones generales sin restricciones.

Al mismo tiempo, el Parlamento condenó estos juicios, ordenados en el marco del "Plan Zamora", operativo de seguridad del gobierno que habilita la jurisdicción militar para los detenidos en protestas civiles. "La Constitución es clara, la jurisdicción militar no es para civiles, llevar allí a manifestantes es violar los derechos humanos", dijo el jefe Legislativo, Julio Borges, al dirigir un mensaje al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López.

El jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi), general Jesús Suárez, precisó que de 780 detenidos, 251 fueron sometidos a tribunales militares. Unos 70 fueron encarcelados por orden de los tribunales castrenses instalados en el estado de Carabobo, precisó el abogado Tony Marval, mientras del Foro Penal, que registra otros 11 presos en Caracas y en el estado de Lara. El constitucionalista José Vicente Haro aseguró que la medida viola el artículo 261 de la Constitución, según el cual la competencia de esos tribunales "se limita a delitos de naturaleza militar. Se está violando el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por sus pares, de naturaleza civil, y el debido proceso. Es una forma de perseguir la disidencia y paralizar las protestas".

Los enjuiciados enfrentan cargos de instigación a la rebelión, aun cuando muchos fueron detenidos por robo durante olas de saqueos que siguieron a las protestas, denunció el abogado Alfredo Romero, director de Foro Penal. Otra ONG, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic) expresó "su más grave preocupación" ante la noticia "de que más de 250 civiles que están siendo sometidos a la jurisdicción militar". Esta acción "no solo configura una gravísima violación de los derechos humanos y por tanto de los valores superiores del ordenamiento jurídico, sino que además es una de las más determinantes rupturas de la Constitución". Cofavic considera que es posible que "se haya abandonado por completo el Estado de Derecho y estemos frente a un tutelaje militar inaceptable". Para la ONG, "ningún conflicto por el cual se atraviese, por grave que sea, sirve de argumento para que el Estado renuncie a la aplicación de las protecciones y salvaguardas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de lo consagrado en la Constitución vigente".

Una Constitución violada

Cofavic recuerda también que la Constitución establece en su artículo 49 que "toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto". La Constitución, en su artículo 261 establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dejado claro que "en un Estado democrático de derecho, la intervención del fuero militar ha de ser restrictiva y excepcional de manera que se aplique únicamente en la protección de bienes jurídicos de carácter castrense que hayan sido vulnerados por miembros de las fuerzas militares". La medida fue duramente criticada por el secretario general de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Almagro, quien afirmó que "vulnera todos los principios básicos de democracia y derechos humanos".


Constituyentes

El presidente Nicolás Maduro _cuya gestión es rechazada por siete de cada diez venezolanos según encuestas_ afirmó que dentro de la asamblea constituyente de tipo corporativo que anunció, habrá "una constituyente militar para profundizar la revolución bolivariana adentro del corazón mismo de la Fuerza Armada".

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