El Mundo
Martes 04 de Julio de 2017

El gobierno chavista apunta todos sus cañones contra la fiscal general

El Tribunal Supremo la citó para hoy para iniciar su destitución. Es la única funcionaria de alto rango que se ha rebelado contra el régimen de Maduro

El chavismo lanzó una ofensiva frontal contra la rebelde fiscal general, Luisa Ortega Díaz. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) iniciará un procedimiento contra la fiscal general para lograr su destitución, solicitada por el gobierno de Nicolás Maduro. A la vez, la Contraloría General inició una investigación contable de la Fiscalía General. La fiscal Ortega Díaz reaccionó con un video dirigido al pueblo venezolano, que hizo circular por las redes sociales, mientras presentaba un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Posteriormente asistió al Congreso unicameral, donde recibió el contundente apoyo de la oposición, mayoritaria en el Legislativo. Ortega Díaz rompió su larga fidelidad al chavismo cuando se planteó el conflicto de poderes a fines de marzo con dos sentencias del Supremo que dejaban al Parlamento sin sus poderes esenciales. Posteriormente, con la represión de la ola de protestas, que desde el 1º de abril ha dejado al menos 85 muertos, Ortega Díaz también tomó un rol activo en defensa de las víctimas del Estado.

La audiencia fue fijada para hoy ante la Sala Plena —es decir, todos los miembros del TSJ—, y allí se escucharán los argumentos de la fiscal y del diputado oficialista Pedro Carreño. La fiscal general ya ha sido objeto de una serie de medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salida del país y la congelación de sus cuentas bancarias.

Pero el chavismo sumó otros flancos de ataque contra Ortega Díaz. El contralor general, Manuel Galindo, cuya función es revisar y aprobar presupuestos, fiscalizar las cuentas y aplicar inhabilitaciones por casos de corrupción, anunció una serie de fiscalizaciones de las cuentas bancarias de la fiscal general desde 2008. Carreño, por su parte, solicitó un antejuicio de mérito contra la fiscal, es decir, un procedimiento para determinar si puede ser sometida a juicio y destituida por supuesta violación de la Constitución. El diputado chavista afirma que la fiscal mintió cuando negó que había firmado un acta sobre la designación en diciembre de 2015 de un grupo de magistrados del TSJ designados por la entonces mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. Son esos magistrados los que luego han atacado las leyes de la nueva Asamblea dominada por la oposición. Ayer, la defensa de la fiscal general recusó a 17 magistrados de la Sala Plena del TSJ. El 14 de junio, la Sala Constitucional declaró inadmisible un recurso de inconstitucionalidad de Ortega Díaz contra la designación de 33 magistrados del TSJ, nombrados el 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea Nacional aún controlada por una mayoría oficialista. La fiscal general aseguró que había decidido impugnar el nombramiento de los magistrados del TSJ y pedir la nulidad de los actos de la Asamblea Nacional, donde seleccionaron a dichos magistrados. Ortega Díaz declaró que, en ese entonces, no firmó el acta de designación, ni la del secretario del Consejo Moral Republicano, debido a que el proceso estaba viciado.

La fiscal dice que el TSJ aplica el "terrorismo de Estado" con sus sentencias y alega que los magistrados no la pueden destituir, ya que ella fue designada en 2015 por la Asamblea Nacional, que la apoya y ayer la recibió con aplausos. Ortega dijo que se hizo presente para pedir a los diputados la ratificación del vicefiscal, pues considera que la Asamblea "está legitimada", descartando la declaración de presunto "desacato" que aplica el TSJ al Legislativo y que utiliza para anular todas sus leyes. "Ojalá mi presencia aquí sea para cumplir con fines del Estado. Debemos hacer grandes esfuerzos para que se retomen las vías institucionales y electorales en el país", señaló Ortega. Su esposo, el diputado Germán Ferrer, fue el único legislador de la bancada chavista que acudió a la sesión y recalcó que hoy acompañará a la fiscal a la audiencia en el TSJ. Ferrer no descartó que su esposa quede hoy detenida. "Todo puede suceder", advirtió. Previamente, en un video, Ortega Díaz se dirigió al país. Advirtió que "la institucionalidad, la democracia y los derechos humanos se ven seriamente amenazados". Agregó que desde el Ministerio Público "hemos venido luchando incansablemente para garantizar la vigencia de la Constitución, como lo demuestran a diario las actuaciones de nuestros fiscales". Pero "ante las amenazas que se ciernen, el Ministerio Público, una de las pocas ventanas democráticas que nos quedan, no se dejará intimidar, ni entregará sin luchar las libertades y derechos". Citó el artículo 333 de la Constitución, que contempla "el deber de los ciudadanos de colaborar con el restablecimiento de la efectiva vigencia" de la Constitución. "No descansaré hasta que Venezuela recobre el camino de las libertades y no perdamos la esperanza, que es la principal intención de aquellos que quieren apoderarse del país y gobernar sobre sus ruinas".

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