El Mundo
Lunes 04 de Septiembre de 2017

El gobierno catalán ratifica que hará el referendo por la independencia

Carles Puigdemont reiteró que no acatará prohibiciones de Madrid ni de la justicia española. Se votaría el 1º de octubre en la región separatista.

El presidente independentista de Cataluña Carles Puigdemont prometió de nuevo no acatar órdenes de la justicia española, a pocos días de la convocatoria de un referéndum de secesión de España prohibido por el Tribunal Constitucional.

   En una entrevista publicada por el diario La Vanguardia, Puigdemont asegura que permanecerá en el cargo si la justicia ordena su suspensión por organizar la consulta. Esta hará al elector catalán la pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?". "No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones. Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut (de Cataluña), así que nos deberíamos plantar ante una suspensión de este tipo", declaró Carles Puigdemont a La Vanguardia. Pero para España, Cataluña, como Comunidad Autónoma, reconoce la soberanía del Estado español y en circunstancias extremadamente graves, como la violación de la Constitución que plantea la consulta, puede separar a un gobernante regional.

   Las nuevas declaraciones de Puigdemont llegan pocos días antes de la convocatoria del referéndum, que se hará mediante un decreto del Ejecutivo regional tras la aprobación de una ley en el Parlamento catalán, donde los independentistas tienen mayoría. Así se lanzará la cuenta atrás para la consulta del domingo 1º de Octubre. La ley podría ser adoptada este miércoles, según la prensa. Su adopción también pondrá en marcha todo el arsenal jurídico que el gobierno central de Mariano Rajoy, firmemente opuesto al referéndum, tiene preparado para impedir la consulta.

   El 9 de noviembre de 2014, el Ejecutivo catalán organizó una consulta no vinculante también prohibida por la justicia en la que participaron 2,3 millones de personas, dando una amplia victoria al "sí". Pero ese resultado no fue tan arrasador como esperaban los separatistas.

   Entre las opciones que tiene el gobierno español está la suspensión del presidente regional y de otros dirigentes. Un presidente regional sólo puede ser forzado a abandonar su cargo por el Parlamento regional o por una condena que suponga una prohibición de ejercer la función pública. Una ley de 2015 permite al Tribunal Constitucional suspender a funcionarios que actúen en contra de sus sentencias, como sería el caso de Puigdemont si convoca realmente al referendo.

   Por otra parte, el gobierno, también puede desde 2016 decidir que el país se encuentra ante una "situación de interés para la seguridad nacional", lo que le permite adoptar medidas extraordinarias con un decreto para, en palabras de Rajoy, "garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales". La separación de Cataluña sería una amenaza a la seguridad nacional, dado que destruiría su unidad territorial. Existe además un artículo de la Constitución, el 155, que permite suspender la autonomía de una región.

    Puigdemont asegura que las 6.000 urnas necesarias estarán disponibles el día de la votación, pero sin revelar dónde se encuentran. El gobierno central prometió emprender acciones legales contra todos los que participen en la consulta, incluso las empresas que proporcionen la logística. Puigdemont dijo que Cataluña declararía la independencia en caso de que gane el "sí", con una tasa de participación acorde con las prácticas "habituales". A principios del verano (boreal) una encuesta del gobierno catalán indicaba que el 49,4% de los catalanes estaba en contra de la independencia, y un 41,06% a favor. En caso de referéndum, el 18% aseguraba que no participaría y el 14,4% se mostraba indeciso. De los que participarían, el 39% votaría a favor de la independencia y el 23,4% en contra. Según el mismo sondeo, más del 70% de los catalanes desean celebrar el referéndum para zanjar de una vez por todas la cuestión, que envenena las relaciones entre Madrid y Barcelona, y entre Cataluña y el resto de España.

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