Los sectores secesionistas más radicales aumentaron ayer la presión sobre el gobierno catalán de Carles Puigdemont para que confirme la independencia unilateral antes del lunes, fecha del ultimátum que le fijó el gobierno nacional para aclarar su posisición. El número dos del gobierno catalán, el republicano Oriol Junqueras, advirtió que la oferta de diálogo formulada a Madrid debe tener como "referencia" la independencia, lo que cerró un poco más la puerta a un entendimiento.
"Exigimos que la respuesta sea nítidamente afirmativa y acompañada necesariamente de un acto de solemnidad", reclamó por su lado Núria Gibert, del partido "antisistema" CUP,que apoya al gobierno de Puigdemont en el Parlamento regional y da por "imposible"el diálogo con Madrid. Este grupo, con sólo seis parlamentarios, tiene sin embargo el poder para hacer caer el Ejecutivo de Puigdemont. La formación radical viene amenazando con retirarse del "Parlament" si no hay independencia, lo que podría forzar un adelanto de elecciones. Pero no fue el único partido que pidió aplicar los resultados del polémico referéndum del 1º de octubre y dar el paso definitivo a la proclamación de la "república catalana".
"Cumpliremos el mandato del 1º de octubre y lo haremos a través del diálogo para evidenciar ante la comunidad internacional quién quiere dialogar y quién no", prometió Oriol Junqueras, vicejefe del gobierno catalán y líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), al pedir unidad para "culminar el camino a la república". Y agregó: "para que el diálogo tenga alguna expectativa de fructificar, necesita tener como referencia la construcción de la república y nuestro compromiso con la independencia".
Incluso desde el PDeCAT, el partido de Puigdemont, un grupo de 30 miembros firmó un manifiesto pidiendo dar por hecho que Cataluña es un país soberano y dejar por eso "sin respuesta"el requerimiento formal enviado por escrito por Rajoy.
Puigdemont anunció la independencia el martes pasado en el "Parlament" catalán, pero en el mismo discurso la suspendió, para abrir espacio al diálogo con Madrid. Este gesto ambiguo causó enorme desazón entre la multitud de seguidores que esperaba el anuncio fuera del edificio. Al día siguiente, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, le dio plazo hasta mañana a Puigdemont para aclarar si declaró o no la independencia. Y tiene hasta el jueves para "rectificarse", es decir, dar marcha atrás. Ese día deberá haber vuelto a la legalidad que establece la Constitución.
En caso de que no cumpla ese segundo ultimátum, el gobierno de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite forzar a una región a cumplir con sus obligaciones adoptando las "medidas necesarias" e intervenir o suspender a sus autoridades.
Según la prensa española, Puigdemont podría responder al requerimiento enviando a Madrid una copia del discurso que pronunció en el "Parlament", pero el gobierno central insiste en que solo aceptará un "sí" o un "no" a su pregunta. "Si contesta con alguna ambigüedad, significará que no quiere el diálogo y el gobierno tendrá que aplicar las medidas que corresponda", dijo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en una entrevista con la radio Cadena Cope. "Si dice que sí, se habrá puesto nuevamente fuera del marco de la ley" y "habrá demostrado que cuando ofrecía un diálogo no lo ofrecía con sinceridad", sostuvo Zoido, que pidió a Puigdemont volver a la legalidad para iniciar "un diálogo sincero" y en el Congreso.
En medio de la tensa cuenta atrás para una semana que podría marcar un hito en la historia política reciente de España, y ante la escasa perspectiva de diálogo, comenzó también el debate sobre qué medidas tomaría el Ggobierno de Rajoy en Cataluña si activa el artículo 155.
La mayoría de analistas apunta que el objetivo principal sería convocar elecciones, una competencia reservada normalmente al gobierno regional, pero Xavier García Albiol, líder del Partido Popular (PP)de Rajoy en Cataluña, pidió ir más allá. Albiol pidió intervenir a largo plazo la policía autonómica (los Mossos d'Esquadra), que se ha convertido en "instrumento" del independentismo, y la educación, usada sobre todo en algunos puntos del interior de Cataluña para "enseñar a odiar a España", acusó.
El gobierno catalán organizó el 1º de octubre un polémico referéndum pese a que había sido suspendido por la Justicia. El "sí" a la secesión ganó por un 90 por ciento, pero sobre una votación que, según el gobierno catalán, llegó a 2,28 millones de votantes. El padrón catalán es de 5,36 millones de votantes. Los procedimientos de voto y escrutinio de ese día además fueron muy irregulares, en gran medida porque la Justicia y la policía nacional bloquearon parcialmente la elección. Hubo irregularidades graves, como permitir la votación en cualquier mesa habilitada y no en la asignada y la de imprimir la boleta en casa. Los independentistas buscan desde entonces un apoyo internacional a su causa que no llega. La Unión Europea (UE)y los más poderosos países europeos dieron su pleno apoyo a España, consideran ilegal el referéndum y pidieron diálogo entre ambas partes.
dilema de hierro. Si la CUP se retira, su gobierno caerá. Si confirma la independencia, lo intervendrá España.