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Lunes 07 de Mayo de 2012

El lenguaje del toma y daca

Un debate aparentemente menor y de escaso impacto en el público masivo a veces condensa, como una lograda foto instantánea, un retrato diáfano del modo de ser del sistema político.

Un debate aparentemente menor y de escaso impacto en el público masivo a veces condensa, como una lograda foto instantánea, un retrato diáfano del modo de ser del sistema político. Pasó el jueves pasado en la sesión en que la Asamblea Legislativa rechazó el pliego del criminólogo Enrique Font para ocupar un cargo fundamental del nuevo sistema de enjuiciamiento penal en Santa Fe. En la sesión en que se negó el acceso a Font al cargo que había obtenido en forma holgada por concurso público quedaron cristalizadas, de manera transparente, nociones elementales de la teoría política. Básicamente, nociones sobre los modos en que se libra la lucha por el poder y para qué. O, fundamentalmente, para quién.

Font es un abogado rosarino de 48 años, docente de Criminología de las universidades de Rosario, Mar del Plata y Santa Fe, con especializaciones de posgrado en el Reino Unido y Canadá. Fue secretario de Seguridad Comunitaria del gobierno de Hermes Binner sin estar afiliado a ninguno de los partidos que tributan al Frente Progesista. En diciembre pasado ganó por 16 puntos de ventaja al segundo postulante un concurso para ser auditor general de gestión del Ministerio Público de la Acusación ante un tribunal con jurados independientes en un concurso que no fue impugnado.

El jueves pasado la mayoría opositora de la Legislatura comandada por los distintos nucleamientos del peronismo denegaron a Font aprobación para obtener el cargo. Antes la comisión bicameral de Acuerdos le había puesto un epitafio a esa pretensión con ocho firmas: los senadores Ricardo Kaufmann, Rubén Pirola, Joaquín Gramajo y los diputados Leandro Busatto, Marcela Aeberhard, Silvia de Cesaris y Mario Lacava (todos justicialistas) más Alejandra Vucasovich (PRO). Los argumentos técnicos para fundar el rechazo relumbraron por su ausencia.

Lo que sí brilló fue una renacida y saludable cohesión por motivos ideológicos. Se dijo que Font no acreditó el ejercicio profesional como abogado litigante por el tiempo requerido, que no tenía antecedentes en ninguna fiscalía, que carecía de idoneidad en el ejercicio profesional.

Es curioso cómo ese argumento provino de una tradición partidaria que se especializó, desde 1983 a la fecha, por edificar un sistema asociativo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que garantizara, también, protecciones recíprocas. Muchos de los legisladores preocupados por la eventual inopia de un candidato avalado por la unanimidad de especialistas en la materia no se inquietaron en lo más mínimo cuando los postulantes salían del seno propio.

A los últimos procuradores de la Corte Suprema, encargados de organizar la persecución penal de manera idónea, no parece haberles alcanzado tener experiencia acreditada en el ejercicio como abogados o trayectoria en el sistema judicial para obtener logros módicos. Ningún alto funcionario civil o policial en la provincia resultó condenado por algún delito económico. La narcocriminalidad constatable en causas cotidianas de la Justicia provincial, a veces girada a la federal, no paró afianzarse en un proceso de años. Los delitos graves contra la propiedad y los homicidios también treparon en forma paulatina pese a que los nombrados en los cargos que debían controlarlos eran abogados con experticia en el sistema judicial.

El hecho de haber sido ministro de Gobierno de Carlos Reutemann no le impidió a Jorge Bof ser diez años procurador de la Corte Suprema. Jorge Obeid instaló a su sucesor Agustín Bassó sin que mostrara jamás pergaminos en una persecución eficaz del delito que fuera más allá de la clientela de siempre: pobres, indefensos y excluidos.

Lo que se necesita para supervisar el ejercicio del cuerpo de fiscales de la provincia no lo garantiza un título de abogado, por más que eso esté en el corpus de requisitos, sino un criterio fundado de política criminal respecto de qué aspectos del delito perseguir. Un comerciante exitoso no necesita ser contador público para prosperar en lo suyo. El auditor del sistema no trabaja de fiscal. Pero sí debe tener, en base a su conocimiento de la complejidad del campo criminal, capacidad para fijarles orientaciones a sus funcionarios, reconocer estándares de desempeño e identificar buenas y malas prácticas.

Si lo que dicen es que el gobierno armó concursos a medida para colocar favoritos, la embestida es, en realidad, contra las universidades nacionales y los Colegios de Abogados de Rosario y Santa Fe que, en ese caso, al facilitar jurados que habrían actuado como cómplices de una elección discrecional y amañada.

A nadie le importó las formas, ni los antecedentes, ni el arte del bien común cuando se ascendió a camarista al juez correccional que se negó a llamar siquiera a declarar a un gobernador por las mismas responsabilidades presuntas por las que un ex presidente fue llevado a juicio. El asunto no fueron entonces los argumentos solventes. Tampoco ahora.

Lo que sí hay es algo que perdura con energía. En Santa Fe cambió a partir de diciembre el predominio legislativo. Hoy el peronismo controla el congreso provincial. Es el mismo nucleamiento diverso y complejo que supo construir con sus favoritos un Poder Judicial complaciente, que no persiguió a nadie que tuviera trayectoria en el delito complejo o pudiera demostrar una cuota razonable de poder. Esto no llama la atención en los resabios más tradicionales del justicialismo. Sí en el Frente para la Victoria, que dice venir a edificar una forma de persecución penal más proclive a las convicciones de Font, como parece en la posición de denuncia institucional asumida en relación al triple crimen de la Villa Moreno. Pero lo que vale son los votos. Y ya se sabe cómo votó el FPV que conduce Agustín Rossi en la provincia: en contra de Font y con el ala más conservadora de su partido.

Ahora el peronismo tiene en la Legislatura una fuerza que no tenía y con ella viene a decir que lo que importan son los porotos. No hay ideología. Sólo el viejo idiolecto del reparto de cargos, el crudo lenguaje del poder, algo que constató María Eugenia Bielsa cuando pese a su avalancha de votos fue privada de alcanzar la presidencia en Diputados. Si hay diez cargos en oferta el justicialismo recuperó la fuerza para pedir cinco. Algo parecido a lo que pasó en noviembre como condición de liberar los nombramientos para la reforma penal: habilitar cargos para legisladores salientes.

Esta vez desde la arena de la realpolitik y no de la advertencia, el bochazo a Font fue un claro mensaje para Antonio Bonfatti: con una Legislatura adversa al gobernador se le dice que en la constelación política el idioma oficial es el del toma y daca. Habrá gobernabilidad siempre y cuando haya reparto.

Esto no implica colocar al gobierno en el sitial de la víctima: en el caso de Font la defensa del oficialismo fue triste, testimonial y tardía. El Frente Progresista hizo aquí poco o nada por el sistema que dice aspirar a construir.

Que como señaló la Corte Suprema de la Nación es un sistema superior al conocido y que implicó, hasta ahora, una batalla a brazo partido contra los sectores más retrasados y enmohecidos de la corporación judicial y política. Es este colectivo el que hoy está celebrando. Porque la ideología de Font también cuenta. Su posición fundamental es perseguir al delito desmontando las estructuras de negocios criminales que no pueden funcionar sin la garantía de elementos internos del Estado. Los que lo criticaron con más violencia por sus concepciones, básicamente legisladores, hablan como si fueran portadores de experiencias exitosas en política criminal, y no socios históricos de un modelo que no paró de hacer agua.

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