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Lunes 16 de Mayo de 2011

El lado fuerte del relato de Halford

Hace 15 meses, a tres días del atentado al micro de hinchas de Newell’s que se cobró la vida de un chico de 14 años, surgió por casualidad la pista que llevó al presunto organizador, que espera preso el juicio oral por ese hecho.

Hace 15 meses, a tres días del atentado al micro de hinchas de Newell’s que se cobró la vida de un chico de 14 años, surgió por casualidad la pista que llevó al presunto organizador, que espera preso el juicio oral por ese hecho. Se trataba, según la denuncia, de un vendedor de drogas de la zona sur, cuya mujer lo denunció en los tribunales provinciales. Ese día la misma muchacha saludó por su nombre, delante de una jueza, al secretario privado del jefe de la comisaría 11ª. Cuando la magistrada le preguntó cómo lo conocía ella le dijo: “Mi marido le paga mensualmente para poder vender en su zona”. Eso originó el relevo de los jefes de esa seccional de barrio Saladillo. Pero el asunto no pasó de allí.

En 2005 hubo un juicio de ribetes escandalosos en Oroño al 900. Las escuchas telefónicas ordenadas en la investigación de un tráfico de cocaína desde Salta a Rosario aparecieron muchas personas que jamás fueron investigadas. Terminaron señalados dos comandantes de Gendarmería y varios responsables de la policía. Por ejemplo, Alberto Antegiovanni, que era jefe de Drogas Peligrosas a nivel provincial, y Carlos Rodríguez, que ocupaba ese rol en Rosario. En aquella situación el tribunal pidió actuaciones contra un fiscal por no investigar, sin motivo, a personas que aparecían en las escuchas telefónicas.

En octubre de 2010 un policía del departamento General López y tres civiles acusados de integrar una red de tráfico fueron absueltos en un juicio en Elortondo por las anomalías del procedimiento policial. A la vez el tribunal, que integraba la jueza Laura Inés Cosidoy, encomendó a la fiscalía federal que investigara por distintos ilícitos a tres policías de la Brigada de la ex Drogas Peligrosas de Venado Tuerto, a un comisario de Villa Constitución y a tres efectivos de la Policía Federal.

En mayo del año pasado se juzgaba, también en Oroño al 900, el más que extraño asesinato de Claudio Alvarez, un suboficial de la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Rosario, a quien mataron en 2008 cuando seis agentes, de civil y en dos autos sin identificación, montaron un operativo frente a un local de venta de cocaína en Belgrano y Morelli, en el centro de Pérez. El acusado, Raúl José, dijo en el juicio que el asesinato se produjo mientras un vendedor de drogas negociaba con los federales el pago de una coima para que éstos no le armaran una causa judicial. José terminó condenado a perpetua. Pero el tribunal, donde estaba la jueza Cosidoy, ordenó que cuatro camaradas del policía muerto fueran investigados por cohecho y falso testimonio agravado.

El lector interesado puede recorrer los archivos on line de cualquier medio local para averiguar más sobre cualquiera de estos hechos. Que, en resumen, expresan algo que no es un secreto. Las fuerzas de seguridad que deberían investigar y perseguir a traficantes aparecen embrolladas con ellos en opacos parentescos. Los juicios que terminan con fuertes reproches a los operativos policiales son la mayoría. Y nunca se sabe de que las investigaciones ordenadas prosperen. Si en la Justicia federal se pregunta de quién es responsable, todos le echarán la culpa al otro.

Durante las dos semanas de audiencias en que fue juzgado y condenado Jorge Halford, un traficante reincidente en el rubro, esta historia volvió como teatro. El inicio del operativo de detención de Halford mereció el reproche de la fiscal Mabel Colalongo. Y Halford, de manera genérica, acusó a los policías de ser parte del negocio por el que a él le acaban de dar ocho años de prisión.

Varios policías que revistan actualmente en esa área le señalaron a este diario su malestar. La palabra del narcotraficante que los enloda, decían, se toma como si fuera una prueba de virtud. Lo único que buscaba el acusado era ensuciar el procedimiento para anularlo y zafar de su culpa. Y eso termina arrastrando a la ciénaga nombres de policías que quedan manoseados y sospechados ante la opinión pública.

Puede haber razón o parte de razón en ello. No todas las personas actúan igual. El problema, sin embargo, no son los dichos de Halford. Si este traficante logra llegar al título de apertura de un diario no es porque la prensa olvide su trayectoria delictiva. Si Halford tiene éxito cuando espeta a tres jueces que “no se vende droga sin permiso de la policía” es porque existe un acervo documentado en los mismos tribunales federales de actos policiales opacos que en las audiencias quedan al desnudo. Las menciones que abren esta nota son una rápida muestra. Y como ninguno de esos antecedentes fue investigado ahí está el efecto: la falta de esclarecimiento y eventuales sanciones nutre el clima de sospechas que estos policías dicen padecer. Es esto, y no los dichos de un narco, lo que atenta contra los que hacen bien su trabajo.

Pero en el juicio contra Halford se marcaron las cosas que se hicieron mal. El tribunal aceptó que la fiscalía federal abra una investigación por irregularidades en el operativo en general. Por dos votos a uno. Y ese único voto de disenso fue de una jueza que estuvo, 24 horas después, en una situación que nubló más lo que ya era poco claro. Laura Cosidoy defendió la profesionalidad de los policías que detuvieron a Halford, diciendo que la tarea había sido idónea y no debían ser investigados. Un día después Cosidoy declaró como testigo en la causa por delitos atroces cometidos durante la dictadura en la causa Díaz Bessone. Y dos jefes de la actual sección antinarcóticos —entre ellos uno que era responsable jerárquico en el operativo cuestionado un día antes— estuvieron en el público de la sala para escucharla.

Puede que no hayan querido dar un mensaje. Pero lo dieron y fue estruendoso. No es anormal ni ilegal que policías asistan a oír un juicio público. Pero que lo hicieran miembros de la dotación a la que la jueza un día antes los había defendido y para escucharla a ella —en una situación donde a pesar de ser testigo su rol de defensora oficial de prisioneros de la dictadura aparece en entredicho— tuvo estridente nervio político. Y eso quedó anotado en el Ministerio de Seguridad. “Esto fue una devolución de gentilezas”, dijo un secretario del área.

Laura Cosidoy dice que hay una campaña en su contra. Halford dice “acá hay policías con narcos y jueces que tienen a sus policías como favoritos”. El mejor antídoto contra la malicia y el malentendido es que las investigaciones requeridas al final de los juicios sobre las fuerzas de seguridad se hagan. Sin embargo en Rosario, desde hace mucho, son un bien ausente.

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