Laboratorios Apolo SA tuvo al menos seis fajas de clausura en el frente de edificio ubicado en Alem al 2900. Desde 2004 hasta la última del 9 de diciembre pasado, la empresa presentó anomalías en las condiciones de salubridad, ruidos molestos y problemas con la habilitación. En cinco oportunidades, esas clausuras fueron violadas. Las calderas de la firma fueron inspeccionadas por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en 2014 y 2016, cuando se cambió una de ellas. Según exhibe el municipio, el resultado de esas inspecciones fue "apto", aunque una falla hizo volar una de ellas y la onda expansiva barrió con una casa y un taller mecánico.
La firma tramitó la renovación de la habilitación, que le fue concedida por el municipio, lo que le otorgó un uso acorde a las limitaciones para sustancias peligrosas e inflamables. Y se aclaró que su autorización para funcionar en pleno barrio Tablada debía contar con un informe favorable de la Dirección de Política Ambiental. Ayer, ningún funcionario pudo confirmar si ese informe se elaboró.
Mientras tanto, los cruces de documentación tras la explosión de una de las calderas el pasado 27 de junio, están a la orden del día. El jueves, oficialismo y oposición se trenzaron en el Concejo Municipal, previo a un puntilloso pedido de informes para que el Ejecutivo explique su rol de control.
La Capital accedió a todas las actas de clausuras y sus violaciones, lo que refleja un nivel de informalidad y trasgresión preocupante de una firma que tuvo varios pedidos de quiebras, la toma de su establecimiento tras un conflicto laboral y hasta un homicidio en la puerta cuando se le pagaba en efectivo a sus empleados porque muchos estaban en negro.
El 29 de octubre de 2004, la inspectora Nélida Borlatti decretó el cierre de la empresa de Alem 2967 al no exhibir habilitación, presentar anomalías en las condiciones de salubridad y ruidos molestos.
Dos años después, el 4 de agosto de 2006, la misma inspectora se hizo presente en Apolo y constató la violación de la clausura. Luego, otros 24 meses después, la agente Lidia Quazzolo verificó la falta de habilitación y reimplantó la clausura antes impuesta.
En ese mismo 2008, pero en septiembre, la empleada municipal Laura Petrocco volvió a constatar la violación de la clausura correspondiente a la faja Nº 38.309.
El 3 de enero de 2011 se hizo presente en Apolo el inspector Jorge Raineri, y a las 11.35 constató una nueva violación de la clausura. En junio de 2012, regresó el agente Eduardo Desanti, pero no pudo proceder a la clausura porque el comercio no estaba desarrollando actividad.
El 8 de diciembre de 2015 los vecinos denunciaron fuertes explosiones dentro del laboratorio. Un día después, la inspectora Laura Petrocco lo clausuró por presunta falta de habilitación.
Admitido. A pesar del detalle de las reiteradas irregularidades que el propio municipio detectó desde 2004 hasta 2016, el municipio exhibió a este diario copia de un certificado de habilitación fechado en 2014. Allí, Apolo obtiene su uso admitido "por localización preexistente" a la normativa que prohibe su radicación en Tablada. La habilitación que muestra la Intendencia aclara algunas observaciones.
Entre ellas, cumplir con limitaciones para sustancias peligrosas e inflamables y su aval debe contar con un informe favorable de la Dirección General de Política Ambiental. Nadie respondió a la pregunta de este diario en relación a si ese informe se realizó.
El expediente oficial detalla además dos inspecciones de la EPE a las calderas de Apolo. Una hecha el 6 de marzo de 2014, con resultado "apto". Lo mismo ocurrió con la verificación del 14 de marzo de este año.
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo no pudieron precisar cuál de las calderas fue la que explotó y generó la onda expansiva. Apolo presentó en 2014 un certificado por ambas calderas, pero cambió una de ellas en 2016, y por ello anexó el más reciente.
Cabe recordar que algunos vecinos manifestaron que se escuchaba una alarma desde el interior del laboratorio, que podría ser la que advierte que se está ante un grado extremo de condensación de vapor. También habrá que determinar sin en vez de un sistema de corte automatizado, las calderas se desactivaban en forma manual.
En silencio. Mientras el Palacio Vasallo se convirtió el jueves pasado en la caja de resonancia del caso Apolo, se desprenden algunas conjeturas.
Por ejemplo, la vocera que defendió el accionar del municipio en materia de control fue la concejala socialista Verónica Irízar, ex secretaria de Hacienda hasta 2015, y no el jefe del bloque, Horacio Ghirardi.
El concejal, y ex funcionario provincial fue entre 2007 y 2009 secretario de Gobierno municipal. Justamente en los periodos en donde se produjeron gran parte de las clausuras y violaciones de fajas por parte del laboratorio Apolo. Todo; en un área que estaba bajo su órbita. El jueves no tuvo nada para decir.