Economía
Jueves 28 de Julio de 2016

El kirchnerismo busca frenar la transferencia de datos de la Ansés

El bloque del FpV presentó un recurso de amparo para anular el decreto. Amplio repudio de la oposición a la medida oficial

Diputados del Frente para la Victoria (FpV) presentaron ayer un amparo en la Justicia para que se declare la "nulidad" de la resolución del Ejecutivo que dispuso la transferencia de la base de datos de la Ansés a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación y denunciaron penalmente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al titular de la administración de la seguridad social, Emilio Basavilbaso.

Estas medidas judiciales se suman al amparo presentado por una abogada particular que pidió "proteger sus datos personales", mientras que los referentes del Frente de Izquierda analizaban "hacer una presentación ante la Justicia porque indudablemente es el principio de desarrollo de un régimen de vigilancia del Estado", según revelaron.

En tanto la ex presidenta Cristina Fernández denunció que el gobierno de Mauricio Macri pretende "vigilar y controlar" a la población y alertó sobre la aplicación de "un Estado policial" (ver aparte).

El jefe de la bancada kirchnerista en Diputados, Héctor Recalde, junto a sus compañeras Teresa García y Carolina Gaillard presentaron "una acción de amparo de alcance colectivo a fin de que se declare la nulidad de la resolución 166/16, que dispuso la transferencia de la base de datos de la Ansés a la Secretaría de Comunicación Pública de la Nación".

En un comunicado de prensa se puntualizó que los legisladores "solicitaron como medida cautelar la suspensión de su aplicación y, si la información ya ha sido transferida, que se prohíba a Comunicación Pública utilizarla".

En tanto, los diputados Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, también del FpV, denunciaron penalmente a Marcos Peña por haber firmado la resolución que habilita la transferencia de los datos de la base de datos de la Ansés.

Demanda. La demanda alcanza también al director ejecutivo de la Ansés, Emilio Basavilbaso; al secretario de Comunicación Pública, Jorge Greco, y al subdirector ejecutivo de la Ansés, Federico Braun, todos acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, violación de secretos y de la privacidad.

Ambas presentaciones se suman a las declaraciones de la ex presidenta Cristina Fernández, quien alertó sobre la aplicación de "un Estado policial".

Por su parte, el legislador porteño por el Frente de Izquierda (FIT) Marcelo Ramal confirmó que están "estudiando hacer una presentación (judicial) porque indudablemente es el principio de desarrollo de un régimen de vigilancia del Estado sobre las personas y eventualmente sobre partidos políticos y organizaciones sociales".

Cuestión sensible. A su vez, la abogada Valeria Carreras presentó un amparo judicial porque interpreta que la decisión de la Jefatura de Gabinete "lesiona un derecho a la información sensible que no quiero que se divulgue ni tenga este gobierno; esto está amparado en la Constitución".

La jefa del bloque por el Frente Renovador en la Cámara baja, Graciela Camaño, ratificó ayer que "en el momento que tomamos nota de la resolución 166, fijamos posición, porque es una medida que es violatoria de la ley de protección de datos".

La diputada nacional Alicia Ciciliani (Partido Socialista) presentó un proyecto de ley para que se derogue la resolución de la Jefatura de Gabinete y advierte que los datos personales "no pueden ser utilizados para un fin distinto al que motivara su obtención".

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