El juez federal Daniel Rafecas amplió ayer el procesamiento por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Obras Públicas José López a raíz de la tenencia de la vivienda de Dique Luján, en Tigre, y dictó la misma medida sobre su esposa y sus supuestos testaferros.
Para el juez, el ex funcionario es el dueño de la propiedad, valuada en 680 mil dólares, y su esposa, María Amalia Díaz, y los empresarios Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera son "partícipes necesarios" del enriquecimiento ilícito.
En tanto, el magistrado dictó la falta de mérito de la monja Inés Aparicio, quien ayudó a ingresar los bolsos con casi 9 millones de dólares de López al convento de General Rodríguez.
Rafecas elevó a 220 millones de pesos el embargo al ex secretario, quien está detenido desde la madrugada del 14 de junio, cuando fue sorprendido con el dinero.
"Sobre la misma imputación de enriquecimiento ilícito (por los dólares), ahora le estamos ampliando esa imputación por la propiedad de la casa de Dique Luján. Para esta segunda parte de la investigación sostenemos que López no se habría valido solamente por sí mismo, sino que contó con la ayuda y la participación activa de su esposa", subrayó Rafecas ante la prensa.
Según sostuvo, "en el expediente se ha demostrado que (Díaz) hizo propuestas y participó activamente desde la demolición de la casa anterior a los detalles de diseño" de la nueva, que el matrimonio supuestamente alquilaba.
El ex secretario de Obras Públicas había sido procesado en principio por la tenencia de los dólares que no podía justificar y que él mismo dijo que "provenían de la política", y ahora por la vivienda que él afirmó que alquilaba.
Según indicó Rafecas, López controló el progreso de toda la obra de Dique Luján, pese a que sólo se presentaba como inquilino.
"La vivienda fue diseñada y construida conforme a sus deseos, y que vivieron allí desde ese entonces y hasta la noche del 14 de junio pasado", subrayó el juez, y advirtió además que la casa fue hecha "a semejanza de la vivienda que los López poseen en Río Gallegos".
Por otra parte, el juez procesó al contador Galera y el empresario Gutiérrez "al aparecer como sucesivos titulares" entre 2008 y la actualidad de la propiedad y a sabiendas "que el verdadero dueño sería desde un comienzo López".
El magistrado evaluó que la apariencia del alquiler era burda, puesto que López pagaba mensualmente 17.500 pesos, cuando según el Colegio de Martilleros de San Isidro su valor era de 3.500 dólares.
Rafecas dispuso que la casa siga embargada para en caso de avanzar la causa y haber condena, disponer su eventual decomiso.
Sobre la monja Inés, consideró que "no hay elementos suficientes como para procesar o sobreseer a la nombrada" y por eso le fijó la falta de mérito, con lo cual seguirá siendo investigada.