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Sábado 28 de Junio de 2014

El insólito jaque a un país

Sin que tal vez se advierta con claridad para la mayoría de la población, las decisiones de un desconocido magistrado de primera instancia extranjero ponen en riesgo la sustentabilidad económica de la Argentina y de todo el sistema financiero internacional. Las corporaciones están por encima de los Estados.

Tal vez por los efectos de un interesante campeonato mundial de fútbol que se disputa en Brasil o por el acostumbramiento a recurrentes crisis políticas o económicas, la sociedad argentina no parece estar lo suficientemente alerta como para advertir la gravedad de la situación derivada de la disputa internacional con los llamados fondos buitre. Es más, con seguridad un alto porcentaje de la población no comprende ni le interesa profundizar sobre una cuestión que erróneamente la percibe tan distante como la guerra en Siria o el avance militar de los fundamentalistas islámicos en Irak.

Para contextualizar este delicado tema, pero desde una mirada no técnica y más política, es necesario comprender la gravedad de la situación: un minoritario grupo de tenedores de bonos argentinos en default, cercano al 8 por ciento, que no accedió al canje de deuda que ofreció el gobierno en dos oportunidades reclama el pago total y en efectivo de unos 1.500 millones de dólares cuando en realidad adquirieron esos bonos hace poco más de cinco años en casi 50 millones de dólares. Y pretenden ganar esa abultada diferencia, más que usuraria.

El resto de los acreedores de los bonos en default, con una absoluta mayoría del 92 por ciento, aceptó quitas, plazos y otros recortes, y acordó pagos que el Estado argentino cumple con puntualidad. Si se accediera al reclamo de la minoría que quiere cobrar el cien por ciento del valor de sus bonos, el resto que aceptó recibir menos, de inmediato y con razón, exigiría el mismo tratamiento. Esto significaría para la Argentina un desembolso que se estima en 15 mil millones de dólares, lo que implicaría más de la mitad de las reservas monetarias del país y la virtual quiebra.

Si el gobierno quiere seguir cumpliendo con quienes aceptaron la quita, esos fondos podrían ser embargados por la Justicia norteamericana para pagarle a la minoría en litigio, con lo que se correría el riesgo de que el dinero no llegue a sus destinatarios y la Argentina incumpla un pago por primera vez desde que reestructuró su deuda. Pese a ese peligro, el jueves el gobierno depositó unos mil millones de dólares para afrontar un vencimiento con los acreedores que ingresaron al canje de deuda y que vienen cobrando sin dificultades.

Toda esta situación, juicios y pagos trascurren en Nueva York porque los bonos fueron emitidos bajo esa jurisdicción, procedimiento que a partir de ahora seguramente será puesto en revisión en el mundo financiero internacional, que asiste atónito y con preocupación al caso argentino.

Precisamente en Nueva York, un ignoto juez de primera instancia llamado Thomas Griesa ordenó hace tiempo que los que no aceptaron el canje y compraron bonos basura a bajo precio y ahora quieran cobrar como si valiesen oro, tienen derecho al 100 por ciento de su valor y se les debe pagar de inmediato. El fallo fue confirmado por un tribunal superior y cuando la Argentina apeló a la Corte Suprema de los Estados Unidos, el máximo tribunal resolvió no revisar la sentencia por lo que confirmó la orden de Griesa, es decir, pagarles todo lo que reclaman los fondos buitre.

La Argentina había obtenido el respaldo de los Estados Unidos, Francia, Brasil, grupos económicos mundiales y otros foros de poder global en su postura sobre la inviabilidad económica y también política de pagarle todo a unos pocos y con quitas a la mayoría. En el mundo financiero internacional se descontaba, a juzgar por los expertos de grandes diarios ingleses y norteamericanos, que el máximo tribunal de Justicia de los Estados Unidos iba a poner algo de racionalidad a la situación y daría vuelta el fallo de Griesa, lo revisaría o al menos lo postergaría. Nada de eso ocurrió, con lo que la sorpresa fue mayúscula, incluso para el Fondo Monetario Internacional (FMI), no en buenas relaciones con la Argentina, que observa con preocupación la dificultad de otros países de renegociar con éxito sus deudas soberanas si los jueces fallan a favor de especuladores internacionales. En el plano político doméstico también se registró lo peligroso de esta situación a tal punto que un grupo de legisladores opositores al gobierno había viajado a Estados Unidos antes del fallo de la Corte para respaldar la posición argentina. Fue la primera vez en años que oficialistas y opositores coincidieron en algo porque entendieron que está en juego el futuro del país y no sólo de un gobierno, que le queda apenas 18 meses de mandato.

En el abismo. Sin intentar esbozar un análisis económico, porque de eso se encargan los técnicos, sobre si los dos ofrecimientos en 2005 y 2010 para canjear deuda en default estuvieron bien o mal hechos, es necesario remarcar el impacto político y social que conlleva la decisión de un sistema judicial extranjero que pone a la Argentina al borde del precipicio sin importarle si una lejana nación en vías de desarrollo del sur del hemisferio pasará a la condición de Estado fallido, algo común en Africa o Asia.

Los Estados fallidos, cuya lista elaborada por la organización internacional "Fund for Peace" la encabezaron en 2013 Somalia, Congo y Sudán, son aquellos que no pueden ofrecer a sus ciudadanos condiciones mínimas de vida, que no controlan parte de su territorio ni pueden interactuar con otros Estados de la comunidad internacional. Argentina se ubica muy lejos de los primeros puestos de esa deshonrosa tabla pero subiría posiciones muy rápido si vuelve a incumplir el pago de la deuda ya reestructurada o, por el contrario, acata pagar a los fondos buitre y afronta el inmediato reclamo del resto que ya está cobrando. Es un arma de doble filo la que debe afrontar el gobierno. Con seguridad, en ambos casos, las condiciones internas del país sufrirían un fuerte cimbronazo y la vida cotidiana de la población se vería afectada. Lo más prudente, aparentemente el camino elegido después de una extraña reunión de ayer en el juzgado de Griesa, es una negociación global que incluya a todos los tenedores de deuda argentina. Pero Griesa impidió el pago a los bonistas, que entraron al canje, ordenó a un banco de Nueva York devolver la plata a la Argentina y se mueve como un mandamás dando órdenes sobre las decisiones de un país soberano. Insólito.

Distintas miradas. La Justicia norteamericana es seguramente más justa en lo doméstico cuando se trata de defender a sus propios inversores que al entender en casos que involucran a países periféricos. Lo único que cuenta es que un grupo de fondos de inversión que busca como carroña oportunidades de negocios en todo el mundo cobre la totalidad de sus acreencias. Fue ese mismo sistema judicial y control financiero que durante años estuvieron ciegos o fueron complacientes por sospechosos beneficios colaterales ante la mayor estafa cometida en el corazón de Wall Street. Un financista llamado Bernard Madoff produjo el mayor fraude personal de la historia por cerca de 50 mil millones de dólares. Nadie lo advirtió o no quiso advertirlo porque todos seguramente obtenían alguna tajada o retornos de ese fenomenal negocio financiero. Pero finalmente el escándalo explotó de la mano de la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos. Madoff fue condenado a 150 años de prisión y el asunto se terminó. A los miles de estafados, organizaciones de caridad y fundaciones incluidos, además de inversores, todavía no le pueden explicar cómo pudo haber sucedido tamaño engaño sin el guiño de todo un sistema financiero perverso que no controló nada.

Ahora, con el caso argentino, la comunidad internacional asiste inerme a la tiranía de estrados judiciales que santifican el valor del capital por encima de las necesidades básicas de un país sin tener en cuenta si esa decisión arroja a una nación soberana al basurero del mundo.

Aparece con mayor claridad cómo el valor del capital, financiero en este caso, está por encima de cualquier opinión o decisión política, incluso la del propio Barack Obama, presidente de la primera potencia mundial, que se pronunció a favor de la Argentina y había advertido sobre las terribles consecuencias de un eventual triunfo judicial de los fondos buitre.

Con estupor se advierte como las corporaciones internacionales y los jueces que le son funcionales están por encima de los gobiernos y manejan a su antojo este planeta cada día más desigual.

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