La Cancillería negó ayer que le haya pedido al gobierno de Estados Unidos información sobre un grupo de tuiteros que apoya al suspendido fiscal José María Campagnoli.
La Cancillería negó ayer que le haya pedido al gobierno de Estados Unidos información sobre un grupo de tuiteros que apoya al suspendido fiscal José María Campagnoli.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Héctor Timerman, desmintió una publicación periodística que indicaba que la Casa Rosada había recurrido al Homeland Security (el equivalente al Ministerio del Interior de EEUU) para conocer los datos personales de este grupo de usuarios de la red social, críticos al gobierno y a favor de Campagnoli.
"En forma recurrente el diario Clarín y sus satélites informativos inician campañas de difamación. La de hoy (por ayer) es una más, seguramente no la última, que luego se demuestra están basadas en datos falsos o, directamente, inventados", agregó.
La Cancillería desmintió haber "realizado las gestiones ante el gobierno de EEUU descriptas por Clarín", y señaló que quiere "alertar a la población que no se deje engañar por campañas de medios y personas que invocando poseer información tienen como objetivo engañar a sus consumidores".
Desde San Francisco. Según la publicación, "el pedido de cooperación del gobierno se conoció cuando un grupo de tuiteros recibió el 16 de junio una solicitud del departamento legal de la empresa Twitter, con base en San Francisco, por orden del Homeland Security, según fuentes judiciales". De acuerdo con la nota, el proceso "comenzó en enero, cuando la fiscal Cristina Caamaño, que coadyuva en reemplazo de Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra, hizo una denuncia contravencional por hostigamiento contra un grupo de tuiteros".
Eco opositor. A pesar de la desmentida, dirigentes políticos se hicieron eco del informe periodístico y cuestionaron el supuesto pedido de informes de la Cancillería al Gobierno norteamericano.
"El kirchnerismo expuso una vez más su perfil autoritario, despótico y criminal contra los medios de comunicación. Esta vez decidió vulnerar a los usuarios de Twitter que defendían, y todavía lo hacen, al fiscal Campagnoli. Incluso, pidió cooperación a EEUU para perfeccionar el seguimiento de usuarios", dijo la diputada Patricia Bullrich (Unión-PRO).
En su cuenta de Facebook, la parlamentaria opositora acusó al gobierno de cometer "censura, persecución, amedrentamiento y hostigamiento" y de hacerlo "desde un organismo oficial".
Rechazo. Por su parte, Ignacio Rodríguez Varela es el ex secretario letrado de Campagnoli en la Fiscalía de Saavedra, en la cual cumple funciones ahora Caamaño, desmintió el pedido de Cancillería.
"Nosotros averiguamos que una fiscalía de delitos vinculados con cuestiones informáticas tenía un expediente en el que éramos carátula junto a Andrés Rimoldi (otro empleado). Era una imputación por hostigamiento", contó Rodríguez Varela.
Y en ese sentido aportó: "En febrero hubo una serie de incidentes cuando la doctora Caamaño se hizo cargo. Un enfrentamiento con los empleados por cosas que algunos publicaron en sus Twitter. Hay una causa federal por eso".
De esta forma, desmintió que el pedido de informes sobre la identidad de los tuiteros haya sido formulado por la Cancillería. En consecuencia, el requerimiento elevado a Estados Unidos habría salido de un Equipo Especializado en Delitos Informáticos, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy.
Reunión en el Congreso
El suspendido fiscal José María Campagnoli concurrirá mañana al Congreso para participar de una reunión informativa abierta sobre el juicio en su contra, organizada por la UCR.
La audiencia está prevista para las 17.30 en el Salón Azul del Senado, al término de la sesión en que se tratará un proyecto sobre inmunidad de Bancos Centrales frente a tribunales extranjeros.
La reunión fue convocada por los presidentes de los bloques legislativos de la UCR, Mario Negri (Diputados) y Gerardo Morales (Senado) y concurrirá también el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, abogado defensor de Campagnoli en el juicio político en su contra.
Si el jury cae, podría abrirse otro por los mismos cargos
El jurado de enjuiciamiento que aún mantiene bajo juicio político al fiscal José María Campagnoli podría, si el actual proceso se caiga, volver a enjuiciarlo por los mismos cargos.
El tribunal, con los seis miembros que aún lo integran (eran siete pero renunció María Cristina Martínez Córdoba) pasó anteayer a un cuarto intermedio hasta el 17 de julio, lapso durante el cual Campagnoli seguirá suspendido.
La defensa del fiscal evalúa pedir el fin del actual Jury y la aplicación del principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
El Jury se rige con las reglas del Código Procesal Penal en materia de juicios orales, que establece que si no hay audiencias por un lapso mayor a diez días, el proceso se cae.
Los diez días se cumplieron el viernes pasado, y se extenderán por lo menos hasta el próximo 18 de julio, con lo cual esa cláusula ya estaría cumplida, y Campagnoli debería volver a su cargo hasta tanto se resuelva la otra cuestión central del proceso: si puede o no volver a ser juzgados por los mismos cargos.
El fiscal Adolfo Villate sostuvo que lo que se cae “es el proceso, no la acusación”, lo que habilitaría a que Campagnoli fuera juzgado por otro tribunal pero por los mismos hechos que se le imputan hasta ahora.