Frente Renovador
Domingo 28 de Agosto de 2016

El día después del fallo de la Corte por el tarifazo

La resolución del máximo tribunal de Justicia fue el revés político más duro del gobierno de Mauricio Macri. Lo que viene.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de retrotraer los aumentos de las tarifas de gas para los usuarios residenciales y el anuncio de la convocatoria a audiencias públicas para septiembre que trajo un alivio para los hogares, le dio un duro golpe político al gobierno de Mauricio Macri y permitió un barajar y dar de nuevo frente a las desacertadas decisiones de política energética.

En ese contexto, la diputada nacional por Santa Fe, Silvina Frana, del partido Justicialista, pidió que las audiencias públicas se realicen por regiones y consideró que esta es una nueva oportunidad que tiene el gobierno para comenzar a transitar otro camino en este sentido. "El fallo de la Corte es un llamado al sentido común, porque le pide al gobierno nacional que se ajuste a la ley y convoque a audiencias públicas antes de realizar cualquier aumento significativo de tarifas que afecte sustancialmente a residentes y sectores productivos. No desconozco que era necesario actualizar las tarifas y corregir ciertas inequidades del sistema tarifario y de subsidios. Pero de ninguna manera el gobierno nacional puede administrar los servicios públicos como empresas privadas", aseguró la legisladora (ver aparte).

"La problemática de las tarifas tuvo, por fin, su resolución. Y por suerte para los ciudadanos fue en su favor, mientras el oficialismo esperaba el fallo de la Corte con la esperanza de que legitimara su arbitraria decisión", dijo Cecilia Moreau, diputada nacional por el Frente Renovador, quien consideró que el fallo tiene un doble significado: "por un lado es un acto de Justicia hacia la indefensión de los usuarios; por el otro, una lección política para un gobierno que pecó de soberbio".

La economista y directora del Centro de Economía Experimental de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Victoria Giarrizzo, explicó que la suba de las tarifas "era insostenible porque fue aplicada de una manera agresiva, con un desconocimiento absoluto de las dificultades económicas de las familias y de la gravedad del contexto económico".

A su juicio, "sólo se pensó en términos fiscales, cuando toda medida económica debe planificarse integralmente, evaluando sus múltiples impactos, su temporalidad, y de forma responsable".

En ese sentido, la decisión de la Corte que llama a realizar las audiencias públicas para efectivamente poder conformar un cuadro tarifario del gas, era el camino inicial que debería haber tomado el gobierno a la hora de readecuar tarifas. "El costo de esa impericia, es este: se retrotrae el aumento, cuando en realidad sabemos y la gente sabe que es necesario hacer un ajuste tarifario, pero viable y gradual", apuntó Giarrizzo.

La gradualidad y la sintonía fina sobre un aspecto que incide directamente sobre los costos, no sólo de la familias sino además de las empresas es lo que también demandaban inicialmente las organizaciones de pequeñas y medianas empresas cuando salieron a cuestionar la inviabilidad de pagar tarifas que hacían imposible la subsistencia de muchas empresas.

En ese marco, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Osvaldo Cornide, se mostró sorprendido por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de retrotraer los aumentos en las tarifas de gas sólo para hogares. "La pequeña y mediana empresa se siente desprotegida frente a la arbitrariedad de aumentos tarifarios que en muchos casos pusieron en riesgo la supervivencia de miles de fuentes genuinas de trabajo", dijo el dirigente.

Según planteó "nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas, pero en la coyuntura actual, donde se combinan caídas de ventas muy fuertes con presión de costos en todos los frentes, y una carga fiscal inédita, los aumentos anunciados y replanteados significaron un golpe difícil de absorber por las pymes", argumentó Cornide.

"Los principales beneficiarios de las tarifas subsidiadas en la Argentina fueron los grupos concentrados. Y ahora, las principales perjudicadas, son las pymes, a quienes para sorpresa de todos, se las excluye de la decisión de frenar las subas y repensar un esquema de aumentos viable con la ecuación económica y financiera de la empresa", se quejó el dirigente.

Para Moreau, el fallo de la Corte expone "la insensibilidad social de un gobierno que entiende al Estado desde una óptica empresarial, que visualiza que cada política de gobierno tiene un correlato social pero que pareciera no interesarle, que se aísla e implementa las decisiones siempre y cuando los números cierren".

De hecho, el gobierno está decidido a avanzar con un nuevo cuadro tarifario. Tras el llamado a audiencias públicas para el 16 de septiembre próximo, desde el oficialismo aseguraron que insistirán con un incremento porque el esquema actual profundiza el déficit fiscal."Es necesario entender que detrás de cada factura no hay sólo el consumo, el gas, el precio o el déficit energético de la Argentina; hay algo más importante, están las familias, millones de seres humanos que deberían sentir la protección del Estado en cuanto a la mejora en la calidad de sus vidas", dijo Moreau.

Con el fallo en firme y a la espera del tiempo que demandarán las audiencias públicas, esta semana el gobierno de vio obligado a modificar el presupuesto nacional para destinar 11.500 millones de pesos a subsidios energéticos, tanto para las compañías privadas como para los consumidores, en los servicios de electricidad y gas.

Para eso, recortó en 10.600 millones de pesos las partidas para la compañía estatal Energía Argentina (Enarsa) según la decisión administrativa 886/2016 publicada esta semana en el Boletín Oficial.

En la resolución, explica que la modificación se realiza para efectuar "transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) y propiciar la cancelación de los pagos pendientes correspondientes a los Programas de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural". La decisión sólo ordena el frente de las cuentas públicas pero la decisión de fondo pasa por trazar una política energética que sea sustentable en el tiempo.

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