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Jueves 25 de Agosto de 2016

El derrotero de un expediente interminable

Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la provincia no fue más que convalidar, con la correspondiente argumentación, la absolución por prescripción de la causa que dictara oportunamente la Cámara de Apelaciones de Rafaela en torno al juicio por homicidio culposo y lesiones culposas que pesaba sobre Oscar Atamañuk, chofer del colectivo en el que viajaban las víctimas del accidente conocido como tragedia de Ecos.

Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la provincia no fue más que convalidar, con la correspondiente argumentación, la absolución por prescripción de la causa que dictara oportunamente la Cámara de Apelaciones de Rafaela en torno al juicio por homicidio culposo y lesiones culposas que pesaba sobre Oscar Atamañuk, chofer del colectivo en el que viajaban las víctimas del accidente conocido como tragedia de Ecos.

En su extenso fallo, los miembros de la Corte hacen un pormenorizado racconto del derrotero de esta causa, intrincada por cierto, que tuvo un fallo absolutorio, dos condenatorios (uno anulado) , hasta que la Cámara de Rafaela dictó la prescripción.

La tragedia de Ecos ocurrió el 8 de octubre de 2006 entre un camión conducido por Angel Ernesto Soto, que falleció en el acto y que, se supo, conducía alcoholizado (ver nota central). También murieron su acompañante y diez pasajeros del ómnibus, mientras que otros resultaron con lesiones.

La causa recayó en el Juzgado Penal de Vera, y el 3 de abril de 2007 se dictó el procesamiento del conductor del ómnibus. Entonces pasó al Juzgado Penal de Reconquista. Después de idas y venidas, el 18 de diciembre de 2007 se dispuso la apertura de la causa, y el 26 de octubre de 2009 la Justicia de Reconquista absolvió a Atamañuk.

La sentencia fue apelada, y el 28 de diciembre de 2010 la Cámara de Vera hizo lugar al recurso, de modo que hubo que esperar un nuevo fallo.

Fue entonces que el 24 de octubre de 2011 el juez Penal de Instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, condenó a Atamañuk a tres años de prisión condicional e inhabilitación para conducir por siete años. No obstante, esta sentencia también fue apelada, recayó en la Cámara de Vera y se remitió a la de Rafaela. Este tribunal anuló la sentencia de Palud. Entre los argumentos figuraba que el juez de primera instancia nunca llamó a audiencia al imputado.

El 21 de noviembre de 2012 la causa recayó en el juez de primera instancia de Menores de Reconquista, Jorge Oscar Fernández, y el mismo día la defensa de Atamañuk pidió la prescripción de la acción penal, entendiendo que el plazo era de cinco años y que debía considerarse como fecha inicial la elevación a juicio en mayo de 2007.

El 22 de julio de 2013 el juez de Menores resolvió rechazar el pedido de prescripción y el de nulidad y condenar a Atamañuk a dos años y seis meses de prisión y cinco de inhabilitación para conducir. Esta sentencia fue también recurrida y cayó en la Cámara de Apelación de Rafaela (28 de julio de 2014). El 4 de diciembre de 2014 esta cámara revocó el fallo y dispuso el sobreseimiento de Atamañuk por prescripción de la acción penal. El fallo fue de dos contra uno. Entre otros puntos, se consideró que la condena del juez Palud no podía considerarse interruptoria de los plazos de prescripción, por cuanto ese veredicto había sido anulado en todos sus términos.

El texto de la resolución de la Corte Suprema dedica una buena parte a este fallo de segunda instancia, que entre otros puntos reflexionó también respecto de la prescripción de la acción penal, que debía determinarse teniendo en cuenta el término máximo que corresponde a la pena más grave, y no a la más larga (prisión por homicidio, una, inhabilitación para conducir, la otra).

   Fue entonces que el fiscal de Cámara de Rafaela, Reynaldo Voglino, interpuso el recurso de inconstitucionalidad, con el argumento, entre otros, de que el voto mayoritario de la Cámara se había limitado a acoger la pretensión de la defensa y había incurrido en arbitrariedad normativa. Concedido este recurso, el pedido llegó al máximo tribunal de justicia.

   En su resolución, la Corte Suprema recordó que la mayoría de la Cámara entendió que el plazo de prescripción sería el de prisión, lo que daría lugar a un plazo de cinco años considerando el máximo previsto para el homicidio culposo. Este lapso se superó, contando desde el 13 de julio de 2007 hasta la sentencia condenatoria del 22 de julio de 2013, sin que pueda invocarse como acto interruptivo la sentencia de 2011, que fue anulada.

   Un punto fundamental del fallo del máximo tribunal habla de las "demoras injustificadas por parte de los diversos operadores del sistema penal", en el contexto de un sistema "estructuralmente programado en base a una proliferación de trámites que reconoce como fuente el expediente y que afortunadamente nuestra provincia ha dejado atrás", en alusión al viejo sistema penal.

   

Demoras "injustificadas". La Corte hizo especial hincapié en "las demoras injustificadas de quienes tienen la responsabilidad funcional de comprometer todos sus esfuerzos para proporcionar una respuesta institucional en un plazo razonable, tanto para quien espera desde el dolor provocado por la pérdida de sus seres queridos el veredicto de la Justicia, como para quien se encuentra inicialmente comprometido en su responsabilidad y espera la certidumbre de una decisión definitiva".

   El veredicto lleva la firma del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, y los ministros Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Luis Netri y Roberto Falistocco, este último que votó en disidencia.

   Una alta fuente judicial reconoció que el fallo puede generar controversias, pero defendió lo actuado por el tribunal, aclaró que se actuó con celeridad y que la causa ya había prescripto en una instancia anterior. Incluso, recordó que oportunamente el máximo tribunal inició una investigación preliminar para determinar si era necesario abrir un expediente en la órbita de la Procuración. Es decir, que se pidió investigar a los distintos actores de este proceso.

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