Opinión
Viernes 21 de Octubre de 2016

El derecho de defensa y los abogados penalistas

Dos profesionales de Rosario analizan la acción penal que rodeó la causa por presuntos delitos económicos. Para Edwards, es "muy preocupante" que encumbrados funcionarios ataquen a ex ministros que defienden a los imputados.

A propósito de una investigación que está desarrollando el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Rosario por la presunta comisión de una serie de delitos económicos, cuyos imputados están siendo asistidos por defensores que en el pasado se desempeñaron como ministros de Justicia de esta provincia, numerosos funcionarios políticos, desde el actual gobernador hasta distintos legisladores, tanto nacionales como provinciales, han formulado una serie de apreciaciones críticas sobre esa intervención profesional. Se destaca entre ellas la del ex vicegobernador y actual diputado provincial Jorge Henn, quien ha afirmado en distintos medios periodísticos que "como abogado tengo el derecho de elegir a quien representar aunque en este caso se trata de lacras humanas".

Más allá de si resulta conveniente o no desde lo político que un ex ministro defienda a un imputado por los delitos de estafa y lavado de activos, el contenido ideológico que surge de lo manifestado por estos encumbrados funcionarios públicos es lo que resulta verdaderamente preocupante, máxime cuando ya lo han verbalizado en anteriores ocasiones en las cuales se ha planteado la cuestión de la defensa de imputados que han cometido cierta clase de delitos, como por ejemplo los vinculados al narcotráfico. Inicialmente estas manifestaciones parten de un concepto totalmente antidemocrático e incompatible con un Estado de derecho: no respetar el estado de inocencia que consagra el art. 18 de la Constitución nacional respecto de las personas que se encuentran imputadas de un delito, en razón de que con la simple imputación que formula la Fiscalía ya son consideradas culpables, soslayando el necesario juicio previo que impone nuestra Carta Magna nacional para determinar la responsabilidad penal de un acusado; esta inquisitiva concepción resulta impropia de la significativa función pública que ejercen estos funcionarios, que deberían ser los más respetuosos de la plena vigencia de estas garantías constitucionales.

A su vez, también evidencian un contenido autoritario al identificar al abogado defensor con su cliente o con el delito cometido por su cliente; en este sentido, resulta ilustrativo lo dispuesto en los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, aprobado en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, al disponer en su art. 18 que "los abogados no serán identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes como consecuencia del desempeño de sus funciones", que es precisamente lo que ha sucedido en este caso, ya que si esos ex ministros hubieran asumido la defensa de personas imputadas por cualquier otro delito, no se hubiera generado todo este debate.

En realidad, lo que se encuentra subyacente en toda esta cuestión es lo que modernamente se ha denominado "derecho penal del enemigo", en virtud del cual se selecciona un "enemigo", en este caso una supuesta "delincuencia organizada", y se flexibilizan tanto los principios clásicos del derecho penal liberal como las garantías constitucionales y procesales, con un único fin: lograr el encarcelamiento del "enemigo", todo ello potenciado con una demonización de ese "enemigo" a través de los medios de comunicación social. Este peligroso camino es el que se ha comenzado a transitar, por medio de constantes e incoherentes reformas a las leyes procesales penales, en respuesta a reclamos sociales de mayor seguridad ciudadana, que si bien resultan justos, no serán solucionados mágicamente con una política procesal más rígida, que necesariamente conlleva la merma de garantías constitucionales, sino con mejores políticas de seguridad pública, que deben ser diseñadas y ejecutadas por expertos en el tema y no por improvisados. El problema radica en quién determina a ese "enemigo"; hoy parece serlo el narcotraficante, la policía supuestamente corrupta y el lavador de activos; ¿mañana quién será?

Pero las afirmaciones de estos funcionarios públicos también evidencian una visión sesgada de esta cuestión, ya que por un lado no respetan el estado de inocencia y descalifican la labor profesional de los defensores técnicos al identificarlos con sus clientes, pero por otro en determinados casos reconocen en toda su plenitud estas garantías; así, cuando funcionarios de la anterior gestión provincial fueron imputados por presuntamente manipular la computadora de un supuesto "narcotraficante" (calificado así a pesar de que no registraba ninguna causa por estupefacientes ante la Justicia Federal), no se escuchó a ninguno de los funcionarios que ahora se han pronunciando, categorizarlos como "lacras" humanas, ni considerarlos culpables, ni criticar a los abogados que asumieron la defensa de los mismos; por el contrario, fueron enérgicamente defendidos públicamente. Y así podríamos citar muchos casos más, en los cuales se manifiesta esta visión parcializada del derecho de defensa para algunos y no para otros.

Un párrafo aparte merece la ausencia de defensa gremial por parte del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario que hasta ahora no se ha pronunciado institucionalmente sobre esta afectación al ejercicio profesional, como tampoco lo ha hecho cuando se ha impedido el acceso a la judicatura a colegas por haber defendido a determinada clase de clientes, lo cual resulta una constante no sólo de las actuales autoridades de dicho Colegio, sino también de anteriores gestiones.

En síntesis, la defensa técnica es un acto esencial del proceso penal, y por ende todo abogado defensor debe ejercer su tarea profesional sin ningún tipo de intimidación ni interferencias indebidas, debiendo el Estado, a través de sus funcionarios, garantizar el pleno ejercicio de esa defensa técnica.

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