Opinión
Martes 08 de Noviembre de 2016

El cupo femeninoy el caso López

Fallo. La Corte provincial no rechazó la demanda y tampoco afirmó que no advirtiera violación de sus derechos.

En La Capital del 22 de octubre del 2016, el doctor Domingo Rondina, apoderado de Mariana Robustelli, hace una apreciación sobre la sentencia de la Corte provincial del 12 de octubre de 2016 y el alcance que debe tener el llamado "cupo femenino" que exige una aclaración.

El suscripto defendió en dicho proceso a Julio Roberto López, a quien le correspondía ingresar como diputado provincial para cubrir la vacante producida por fallecimiento de la diputada Silvia De Césaris en el año 2013.

La Cámara de Diputados de la provincia entendió que al fallecer una mujer que ocupaba la banca, debía ser cubierta la vacante por otra persona de sexo femenino, incorporando a Mariana Robustelli, que fue electa en la lista del Partido Justicialista, dos posiciones más abajo del lugar que ocupaba López.

Para así resolver, consideró la Cámara que el "cupo femenino" exige no sólo que en las listas la tercera parte de los candidatos sean mujeres, sino que ello debe reflejarse efectivamente en la composición de la cámara.

El señor López, a quien le correspondía la incorporación como diputado por el lugar que ocupaba en la lista que votaron los ciudadanos en los comicios, planteó una acción de amparo para que se le reconociera su derecho. Argumentó en tal sentido que el "cupo femenino" busca asegurar la igualdad de oportunidades y no la igualdad de resultados. Sin embargo su planteo fue rechazado tanto por la jueza de 1ª Instancia como por la Cámara de Apelaciones.

Al llegar el caso a la Corte provincial por la vía del recurso de inconstitucionalidad local, el más alto tribunal de la provincia argumentó que habiendo finalizado el 10 de diciembre de 2015 el mandato legislativo que pretendía cumplir el actor, no correspondía decisión alguna del Tribunal pues sería inútil e inoficiosa. Es lo que se llama "cuestiones abstractas", que se dan cuando el órgano judicial competente no acepta ni rechaza la demanda sino que -observando que ya no hay nada para resolver- se abstiene de decidir la cuestión e impone las costas por el orden causado.

El doctor Rondina afirma que la Corte rechazó la demanda de López y que este alto tribunal no advirtió ninguna violación en sus derechos constitucionales.

Lamento contradecir a mi apreciado colega, pero no es así. La Corte no rechazó la demanda de López y tampoco afirmó que no advirtiera violación de sus derechos constitucionales. Todo lo contrario, expresamente dijo que se ha operado en el caso la sustracción de materia litigiosa "lo cual no supone que este Tribunal haga propias las conclusiones expuestas en las instancias inferiores" (considerando 5, penúltimo párrafo).

Desde ya que mi parte planteó el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la "gravedad institucional" que genera el precedente surgido de la decisión de la Cámara de Diputados de desconocer el resultado electoral y la legislación vigente incorporado para cubrir la vacante producida a quien no le correspondía por el orden de la lista respectiva.

Por supuesto que no dejo de lado las argumentaciones sobre el problema de fondo que está en juego en este caso -cuya injusticia y trascendencia supera el interés de las partes- sino que recordé en mi escrito que la Corte nacional, tanto en materia electoral como en temas tan delicados como el aborto, decidió los casos pese a que la pretensión del recurrente era de imposible cumplimiento. Para así resolver argumentó que los tribunales de justicia en casos de gravedad institucional igualmente deben expedirse aun cuando ya no exista un perjuicio directo para el actor, a los efectos de sentar un precedente a seguir en el futuro por todos los tribunales, respetando su criterio como intérprete final de la Constitución (puede verse al respecto el análisis del Dr. Juan Vicente Sola en su reciente libro: "La Corte Suprema de Justicia, el nuevo proceso constitucional", La Ley, noviembre de 2015).

Confío que el Tribunal Supremo del país defina la situación planteada a favor del señor López puesto que si quedara firme la decisión de la Cámara de Diputados de la provincia estaría afectado todo el sistema electoral, la voluntad del ciudadano al momento de votar y, en última instancia, el régimen democrático que se sustenta en la elección de los representantes del pueblo.

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