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Viernes 20 de Enero de 2012

El costo político de demorar lo pendiente

¿Alguien recuerda a Elías Gabriel Bravo? Seguramente, excepto su familia, no demasiada gente.Hace nada más que 45 días lo mataron en un pasillo de French y Felipe Moré.

¿Alguien recuerda a Elías Gabriel Bravo? Seguramente, excepto su familia, no demasiada gente. Hace nada más que 45 días lo mataron en un pasillo de French y Felipe Moré. Tenía 17 años, provenía de una familia pobre, le pegaron 30 balazos de calibre 9 milímetros frente a un quiosco de venta de cocaína y el caso no está esclarecido. Demasiados símbolos congregados en una sola circunstancia y en un solo cuerpo.

La ferocidad de la ejecución evoca la desangelada escena en la Agrupación Oroño de la madrugada del domingo cuando, también en un fusilamiento, acabaroncon las vidas de Jeremías “Jeri” Trasante, Adrián “Patón” Rodríguez y Claudio “Mono” Suárez. Tres chicos pobres, salidos apenas de la adolescencia, arrasados a disparos de armas 9 milímetros, con el método siniestro que es propio de los recaderos de traficantes.

No pasó desapercibido que en el marco de esta causa el propio gobernador Antonio Bonfatti prometiera ser implacable con el narcotráfico. El fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini, señala que de las distintas tipologías de homicidios el que se relaciona con cuestiones de drogas está en especial auge en el departamento Rosario. “Todo lo que hace a la relación de la droga mueve mucha plata y genera otro tipo de delitos. Pero hay muchos desencadenantes que no siempre tienen que ver exclusivamente con el manejo de esta mercancía”, dijo en octubre.

Entre las visiones de Baclini, que tiene veinte años de experiencia en juzgados penales, una palpitó muy fuerte: lo que produce alarma es que en Rosario la mayoría de los delitos de este tipo quedan impunes. “No hay sentencias condenatorias: la prueba es poca y cuando se atrapa a alguien, por más que la policía lo dé por resuelto, un caso queda formalmente esclarecido cuando hay sentencia condenatoria. Y no las hay. La inmensa mayoría de los acusados sale con falta de mérito. Y muchas veces ni llegan
a ser ubicados”.

El problema mayúsculo es que en 28 años de gobiernos democráticos en Santa Fe esta tendencia se fue acentuando. Los poderes del Estado han sido impotentes para descubrir y sancionar a los narcotraficantes que en la calle y en los barrios los vecinos conocen. En muchos casos fue por la tolerancia que aquellos urdieron con franjas policiales de modo tal que prósperos personajes con posesiones y modos de vida sospechables nunca tienen prontuario. Eso ya no es un problema de la policía sino del poder político que debe gobernarla.

Delitos y cosas. El desafío de algunos policías es parecido al de algunos narcotraficantes: camuflar los bienes de procedencia turbia amasados en base a negocios reñidos con la ley. En Rosario a menudo ni siquiera se nota el esfuerzo de encubrir y las cosas están a la vista. Sería una sana práctica que el Estado utilice sus institutos de una manera enfática, con máxima decisión política, para empezar a hacerse preguntas sencillas.

Por ejemplo: ¿De dónde salió el BMW en que Maximiliano Rodríguez, sospechado de coautor de la matanza del domingo, se movilizaba en ese momento? ¿De dónde los vehículos que la jueza Raquel Cosgaya les decomisó a las personas que terminaron absueltas en el juicio a la emboscada de hinchas de Newell’s? ¿De qué origen era la camioneta Toyota Hilux 2010 y el chalé de Granadero Baigorria donde detuvieron a Ariel “Guille” Cantero por esta misma causa aunque luego no se le asignara mérito para ir a juicio? ¿De dónde el Mini Cooper de Oscar Huevo Ibañez, víctima de un doble homidicio en 2010, en Villa Gobernador Gálvez, en un caso nunca aclarado? ¿Cómo compró Sergio Chanchir V. el Alfa Romeo que sus vecinos indignados le destrozaron en Grandoli al 3600 hace dos meses? Ya que el poder disciplinario del Estado ha sido persistentemente ineficaz en probar que muchos prósperos ilustres están envueltos en delitos ¿por qué no preguntarles por sus bienes? ¿Cómo no requerir, con toda la fuerza de la publicidad que tiene un gobierno, a la Justicia Federal y a la Afip que trabajen ese aspecto vinculado al delito? Puede ser más fácil desarticular una organización y llegar a una condena indagando sobre bienes e inversiones con los mecanismos de la ley penal tributaria que probando el delito de base del que hablan los vecinos.

Los delincuentes que operan de esta forma tan violenta no son personeros del delito sofisticado o complejo. Son, muchos de ellos, caciques o lugartenientes de redes barriales nada rebuscadas, que ante cada movimiento dejan un tendal de información sobre sus pasos que si la policía no recoge es, en el mejor de los casos, por cuidar mal su jurisdicción.

“Ajuste de cuentas”. Es cierto que la conflictividad histórica inscripta en asesinatos de este tipo desaparece en la simplificadora noción de “ajuste de cuentas”. Pero también es simplificador señalar que no se mata por venganza o que los ajustes de cuentas no existen. Lo que ocurre es que bajo este enunciado de tres palabras quedan ocultas las estrategias de crecimiento de los grupos vendedores de droga, el reclutamiento de mano de obra barrial joven sin horizonte en el empleo formal, la facilidad de acceso de éstos a armas de fuego poderosas, las complicidades de los traficantes con la policía. Que varios de los implicados en la triple matanza tienen que ver con Newell’s es tan real como que eso está lejos de explicarlo todo: esa hinchada se convirtió en plataforma de maniobras de delincuentes vinculados, por ejemplo, al comercio de drogas. Por esos espacios, no por colgar un trapo, es que se lucha.

Todo esta complejidad merece respuestas superadoras. No se equivocan los concejales rosarinos Norma López y Roberto Sukerman cuando diagnostican que para enfrentar la violencia en la que se hunden los pobres hay que tener políticas sociales. Pero el record de homicidios dolosos en zonas marginales, de gente pobre e indefensa en la provincia, se produjo en 2007 en la ciudad de Santa Fe, cuando la tasa de homicidios llegó a la increíble marca de 24 muertes cada 100.000 habitantes por año. Entre 2003 y 2007 los secretarios de Seguridad de Santa Fe fueron Alejandro Rossi y Gustavo Peters. Ambos del Frente Para la Victoria como ellos.

No es que sea impertinente lo que marcan dos personas con indudable sensibilidad social como López y Sukerman. Pero estos hechos no nacen de un repollo. Son sedimento de una formación histórica compleja que tiene su eclosión en los 90 y que proyectará su sombra sobre cada gestión venidera. Por eso es importante que los sectores más afines políticamente, por encima de sus colores partidarios, esbocen acuerdos duraderos basados en metas políticas de seguridad, porque la oposición de hoy será gobierno mañana.

Los que hoy matan y mueren son, en su mayoría, varones de una edad promedio menor a 23 años. Son la generación nacida en aquella década. Esta matanza de tres pibes representa, en parte, un epifenómeno de aquel embrollado y profundo colapso en que los sectores populares resultaron barridos. Lo mismo la destrucción urbana que produce la proliferación del narcotráfico, cuyos personeros pactan con sectores de una policía que es, con buenas y malas, la heredera de las gestiones peronistas. Se debe prestar atención a la complejidad histórica de este problema. No podemos pedir un jardín de geranios cuando hay maleza en nuestro propio fondo. Pero el socialismo ya lleva cuatro años en el gobierno: es la gestión de Bonfatti la que debe hundir las manos en este problema real que en ciertos barrios rosarinos, como la tasa de homicidios en 2011, al tiempo que no se esclarece no para de crecer. Y la errática marcha en la cartera de Seguridad Pública en los últimos dos años prende una luz de alerta sobre su responsabilidad y sus costos.

Varias preguntas sencillas están expuestas y darles respuesta tiene costo político. No darlas también. Responder cosas puntuales como quién mató a Elías Bravo frente a un quiosco de drogas, por qué el caso no está aclarado y qué ocurre para que lo olvidemos es una manera de satisfacer una demanda social. Y también de desarmar nudos de complicidades que, de lo contrario, terminarán poniendo en jaque al mismo gobierno.

 

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