Opinión
Jueves 16 de Febrero de 2017

El Correo reparte malas noticias

La "ingobernabilidad", la eliminación de beneficios sociales y el favoritismo a empresarios amigos, familiares y ricos eran los principales temores del electorado a un gobierno de Mauricio Macri en la campaña que finalmente lo encumbró en la Presidencia.

Así, el fantasma del privilegio a allegados, que ya arrastraba de la Jefatura de Gobierno por presuntos beneficios concedidos a las firmas de su "hermano de la vida", Nicolás Caputo, acaba de irrumpir con el acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino, del grupo familiar Socma.

De los escandaletes que acompañaron a la gestión Macri en su año y monedas en el poder éste quizá sea el más complejo, porque tiene que ver con una acción de su gobierno.

Los Panamá Papers, que rozan al presidente por operaciones de su padre con sociedades off shore, y el caso Gustavo Arribas, que alcanza al jefe de Inteligencia y amigo de Macri, son coletazos de eventuales irregularidades -si las hubo- cometidas en el pasado.

Ahora está el gobierno en nombre del Estado cerrando un acuerdo con una empresa de su familia, que si bien podría ceñirse a lo que establece la ley para una empresa concursada como Correo Argentino, cuanto menos es reprochable desde lo ético.

Este entuerto entre los Macri y el Estado arrancó en 2001, cuando la empresa fue concursada y siguió con el kirchnerismo, que en 2003 le retiró la concesión. Franco Macri recompuso su relación con el kirchnerismo y cerró otros negocios a lo largo de 12 años, pero nunca llegó a un acuerdo en torno al concurso de Correo Argentino.

El entendimiento firmado en junio de 2016 dispone que la empresa pagará los $296 millones que adeudaba en 2001, cuando entró en concurso de acreedores, en quince años hasta 2033 y con un interés del 7 por ciento anual, totalizando unos $600 millones. El artículo 19 de la ley de concursos y quiebras establece que se "produce la suspensión de los intereses". El gobierno se vale de esa herramienta para justificar el acuerdo y remata con que "no hubo quita" en el monto original. También acusa al kirchnerismo de haber favorecido a los Macri por negarse a acordar con anticipación. Lo cierto es que las ofertas que presentó la empresa fueron irrisorias en estos años. En definitiva se trata de un grupo solvente que se beneficia de un esquema legal.

Nada se hubiera sabido de esto si no aparecía en escena la fiscal Gabriela Boquín, quien señaló que el entendimiento es "abusivo e irracional" y lo objetó ante ese tribunal.

Es difícil establecer cuánto dañará este acuerdo a un gobierno que se hizo fuerte con un discurso basado en la transparencia y la ética política, buscando ser la antítesis de su antecesor enlodado por casos de corrupción.

El otro gran frente abierto de gobierno es la economía: si reacciona seguramente amortiguará las "desprolijidades" del macrismo; si no sumará detractores.

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