El Mundo
Domingo 28 de Agosto de 2016

El Congreso de Brasil: ¿un antro de corrupción que juzga a Dilma Rousseff?

59% de los 81 senadores que decidirán el futuro político de la presidenta han sido investigados, acusados o condenados por la Justicia.

El Senado de Brasil es muy estricto en cuanto a normas de decoro, al punto de no permitir que los hombres entren al recinto sin saco o corbata. Pero cuando se trata de denuncias de corrupción, los legisladores que ahora ofician de jueces de Dilma Rousseff, son bastante más laxos. "¿Qué moral tiene el Senado para someter a juicio a Dilma?", preguntó la senadora Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores (PT) y una de las más entusiastas defensoras de Rousseff, el jueves último en el primer día del juicio contra Dilma, en su fase final en el Senado.

   La organización Transparencia Brasil reveló que un 59% de los 81 senadores, que decidirán si la mandataria es destituida definitivamente de su cargo, han sido condenados, acusados o investigados por la Justicia brasileña por crímenes en algún momento. El mismo porcentaje se repite en la Cámara de Diputados, que dio luz verde al inicio de este proceso hace nueve meses contra la ahijada política de Luiz Inácio Lula da Silva.

   Rousseff está acusada de manipular ilegalmente las cuentas del gobierno para disfrazar el déficit fiscal de la crisis. Sin embargo, ese supuesto crimen que viola las normas fiscales contempladas en la Constitución, no sugiere que sea corrupta. No se puede decir lo mismo de muchos de los que han ocupado una banca del Congreso en los últimos años, que cuentan con un extenso prontuario que va desde acusaciones de malversación de fondos y compra de votos, hasta presunto homicidio.

   Brasil aparece en el puesto 76º del Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sobre un total de 168 países.

Peces gordos. Aquellos implicados en crímenes incluyen a algunas de las más ilustres figuras de Brasil. El presidente del Senado, Renan Calheiros, está acusado de recibir millones de dólares en sobornos, junto a otros políticos y líderes empresariales, enmarcados en la multimillonaria trama de corrupción de la estatal petrolera Petrobras.

   Otro "pez gordo" del Congreso brasileño es el del senador Aecio Neves, que perdió por 3% las elecciones en 2014 ante Rousseff. Neves, que defiende el impeachment, sería candidato nuevamente en 2018. El senador es investigado por supuestamente aceptar sobornos y su familia está en la mira por una cuenta bancaria secreta en Liechtenstein.

   En la Cámara baja brasileña, destaca entre el abanico de políticos sospechosos, su ex presidente Eduardo Cunha, a quien se le atribuye ser arquitecto del juicio político. Cunha es acusado de beneficiarse del fraude a Petrobras y de mentir en el Congreso sobre unas cuentas que tenía en Suiza. Después de mucha resistencia, renunció en julio a la presidencia de la cámara y enfrenta ahora un proceso de destitución del Congreso.

¿Más por venir? El caso Petrobras, conocido como operación Lava Jato (lavado de autos), destapó una trama delictiva que le costó más de 2.000 millones de dólares a la empresa. La operación no para de dar sorpresas mediante las confesiones de los involucrados en la investigación. Muchos sellan acuerdos con la Justicia para reducir sus penas y ahí salen más trapos sucios.

   El Lava Jato terminó por cercar al gobierno incluso hasta el ex presidente Lula, antecesor y mentor político de Rousseff, quien ahora también está en la mira de la Justicia por presuntas prácticas corruptas. También la propia senadora Hoffmann está investigada por una causa vinculada al Lava Jato.

   Se espera ahora una nueva ola de revelaciones con la delación premiada del empresario Marcelo Odebrecht, ex presidente del gigantesco grupo de su familia y protagonista de la trama de corrupción en la petrolera.

   Informes filtrados a la prensa brasileña en las últimas semanas han conectado a Odebrecht con el presidente en ejercicio Michel Temer, el hombre que asumirá definitivamente el poder si Rousseff es destituida. Aunque no hay cargos en su contra, los reportes indican que el mandatario interino y aliados cercanos aceptaron donaciones de un magnate que sobornaba políticos a escala industrial.

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