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Domingo 22 de Febrero de 2015

El chavismo reprime al estilo militar, por fuera de la legalidad democrática

En Venezuela no hay así ni la sombra de la división de poderes, a lo que se suma un Estado militar-policial abrumador.

El procedimiento es idéntico al que usaban las dictaduras militares en los 60 y 70. Un grupo armado, militar o de los servicios, detiene sin orden judicial y en forma violenta, a patadas y culatazos, a un opositor. Puede ser una figura pública reconocida, como el dos veces electo alcalde de Caracas Antonio Ledezma, o un ignoto estudiante del interior del país, como un tuitero "chupado" hace unos días y enviado en un avión militar a los calabozos de los servicios secretos, el temido Sebin. Luego, a posteriori, una fiscalía y un juez abren un expediente y rápidamente imponen cargos y prisión durante el proceso, como se hizo ahora con Ledezma. El juicio en muchos casos se desarrolla en un cuartel, como ocurrió durante la represión de las protestas estudiantiles el año pasado. El detenido queda a menudo en cárceles militares, como ocurre con Leopoldo López y Ledezma. En una democracia promedio, el juez rechazaría in limine arrestos tan arbitrarios y contrarios a la ley. Pero en Venezuela hace años que no hay una democracia cabal. Chávez rediseñó a las FFAA según el molde cubano y disciplinó por completo al Poder Judicial y al Ministerio Público (la esposa de Maduro fue la procuradora general hasta 2013). En Venezuela no hay así ni la sombra de la división de poderes, a lo que se suma un Estado militar-policial abrumador. Por lo tanto, no hay democracia, sino un populismo autoritario plebiscitario que desde la muerte de Chávez es un populismo impopular, que no puede ganar una elección limpia. Cada vez resulta más fuerte la impresión de que Henrique Capriles ganó las elecciones de abril de 2013. Hoy, él u otro opositor, las ganaría por amplisima mayoría. Maduro y su círculo temen como la peste a las próximas parlamentarias, y eso pese a dominar hasta el último resorte del Estado. El brutal procedimiento contra Ledezma, triunfador por amplísimo margen por dos veces en Caracas y un excelente futuro candidato a presidente, obedece a esta realidad: ya no hay suficientes votos chavistas. Sepultar en la cárcel a las figuras competitivas e intimidar a sus potenciales sustitutos es imperativo.

Por otro lado, el adelantamiento de elecciones presidenciales por razones de "conmoción pública" que lleven a la renuncia del presidente en ejercicio es un procedimiento de excepción pero aceptado por el modelo presidencialista de America latina, aunque a la vez muchas veces reclamar la renuncia presidencial es considerado un gesto golpista. En los sistemas parlamentarios, al contrario, pedir la renuncia del gobernante y elecciones adelantadas es cosa rutinaria, parte del sistema. La combinación de un sistema rígido como el presidencial con la inestabilidad latinoamericana no ha funcionado bien, como se sabe. En Argentina el procedimiento extraordinario de adelantamiento de elecciones presidenciales se usó dos veces: en 1989 y en 2001. Lo mismo pide el documento que firmó Ledezma junto con otros dos líderes opositores, uno de ellos también bajo arresto, el citado Leopoldo López. Según Maduro y los medios chavistas, el diseño del presunto golpe abortado se basaba en ese documento público y firmado. La "ultraderecha" planeaba un complot golpista y lo publicaba en la prensa. El chavismo, evidentemente, nunca temió al ridículo.

Por su parte, la oposición venezolana vaticina, nuevamente, que Maduro está "de salida", que no se podrá sostener. Pero estas predicciones repetidas siempre se han equivocado. Parecen más expresión de deseos y arengas para darse ánimos que pronósticos políticos serios. Si el aparato represivo chavista responde como hasta ahora, como hizo en el caso Ledezma, no se ve cómo podría haber una salida democrática en Venezuela. Los factores clave del Estado represivo chavista —jueces, militares y policías— han sido adoctrinados y fidelizados con garantías amplias de impunidad y muy buenos sueldos. Por lo demás, Maduro y sus secuaces están muy tranquilos en el frente externo, donde hasta ayer solo se registraban una tibia convocatoria de la Unasur a tres de sus cancilleres, una réplica del colombiano Santos a Maduro porque el venezolano acusó a Colombia de participar de una conspiración internacional y un comunicado de Brasil. Una atonía que Maduro, Cabello, Arreaza y los demás jefes chavistas pueden legítimamente interpretar como un visto bueno.

En 2012, gobernantes de centroderecha como Sebastián Piñera y Santos acompañaron la fuerte reacción de Unasur y Mercosur ante la destitución de Fernando Lugo en Paraguay. Ahora, ante una violación de derechos y garantías mucho más flagrante, Unasur y Mercosur callan. Será difícil que esto cambie: en Brasil, Dilma y Lula enfrentan la crisis de Petrobras, y cuestionar a Maduro traería tensiones con el sector del PT que comparte los valores del chavismo. Algo similar ocurre con el Frente Amplio de Pepe Mujica en Uruguay. En cuanto a la Argentina de Cristina Kirchner, no es necesario decir que nada hará contra la represión en Venezuela: la presidenta es una aliada del chavismo de larga data. Además, CFK repite por estos días el mismo libreto conspirativo de Maduro aplicado al caso Nisman.

 

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