Megacausa lavado
Jueves 27 de Octubre de 2016

El campo de un ex camarista que pasó de mano en mano a precio vil

Los casos de la megacausa por fraude (Nota V). Está ubicado en Villa Amelia, tiene 124 hectáreas, y se lo apropiaron con documentos truchos a la viuda del ex funcionario.

Para Ana Josefina Luppi ese campo de 124 hectáreas de Villa Amelia era algo indisociable de su ser. Comprado por su bisabuelo, lo habían trabajado tres generaciones y ella había pasado su vida yendo a pasar vacaciones y fiestas familiares al lugar. Tras la ida del último arrendatario, hacia 2014, Ana se puso a ordenar los papeles de la propiedad para buscar un nuevo inquilino. Le llamaba la atención que el impuesto inmobiliario rural no le llegaba en tiempo y forma, por lo que le pidió a su hijo que lo bajara de Internet. Pero al hacerlo, el comprobante on line con los datos de la parcela daban como propietario a alguien que no conocían. Esa fue la punta del ovillo para descubrir que alguien se lo había apropiado en forma indebida.

Ana se apuntó el nombre de la persona que figuraba como dueño de lo que ella era propietaria y buscó su número de teléfono en la guía. La atendió la secretaria. "El señor Marcelo Basilio Jaef está de viaje", le dijeron. Ana le suplicó que la llame porque no le había vendido el campo a nadie y en el aforo impreso él aparecía como titular.

Una amenaza desoída. Un par de semanas después, contó ella, Jaef la llamó. Le dijo que le había comprado ese campo a un hombre llamado Maximiliano González de Gaetano. Y agregó: "Tenemos que arreglar ésto entre nosotros, usted no haga ninguna denuncia porque si usted es mala conmigo yo voy a tener que ser malo con usted y hay un hombre peligroso suelto".

La mujer quedó temblando de miedo pero desoyó la amenaza. Su hijo, Martín Navarro, empezó una averiguación por su cuenta y a la vez hizo la denuncia. Descubrieron así la madeja de un fraude de enorme osadía. El escribano Eduardo Torres (uno de los 11 imputados en la megacausa por fraudes inmobiliarios) había confeccionado un poder con total apariencia legal para que Juan Roberto Aymo (también acusado) vendiera las 124 hectáreas a quien creyera conveniente. El poder lo había conferido Ana Luppi, pero su firma era falsa y la documentación utilizada para tales fines apócrifa. Con ese instrumento público fechado el 13 de febrero de 2014, Aymo le vendería un mes después el campo a González de Gaetano, secretario general del Sindicato de Monteros, que no tiene afiliados en Rosario. El precio fue de 3 millones de pesos y, aunque los denunciantes afirman que el inmueble valdría unos diez millones de pesos, la tasación pedida por la Fiscalía que investigó el caso indica que no valía menos de 18 millones en una perspectiva conservadora.

La venta de Aymo a De Gaetano se hizo en un acto en la escribanía de Juan Bautista Alliau (otro de los imputados) el 31 de marzo de 2014. Ese mismo día Alliau presentó en el Registro de la Propiedad el testimonio de la escritura apócrifa que dos empleados, engañados, insertaron en la documentación de la dependencia. Esto implicó un agravio a la fe pública y generó el perjuicio patrimonial de Ana Luppi que ya no aparecía como dueña del campo de sus bisabuelos.

En cadena. Para esa fecha, según entendió el fiscal Sebastián Narvaja, ya había movimientos encaminados para concretar un encadenamiento de ventas del mismo campo, con el objetivo de ponerlo en circulación en el mercado y generar para el inmueble la apariencia de origen lícito. Aunque esto es todavía una hipótesis del fiscal que aún no fue acreditada. Fue así que a tres meses de haberlo comprado De Gaetano vendió el predio al contador Marcelo Basilio Jaef, dueño de una clínica de implantes dentarios, y a Pablo Abdala, gerente general de este diario. Eso fue el 4 de julio de 2014. En esta transacción participaron Leandro Pérez, ex dueño de la agencia Reina Automotores, quien según la fiscalía sería uno de los adquierentes del inmueble y que además habría oficiado de enlace entre el vendedor y los compradores, y el mismo escribano Juan Bautista Alliau. El precio convenido y validado fue 3.200.000 pesos. A los 50 días el nombre de los compradores quedó inscripto en el Registro de la Propiedad como nuevos titulares del campo.

Casi un año después, el 27 de mayo de 2015 se produjo la última transferencia en favor del agente bursátil Jorge Oneto en la aparente suma de 3.500.000 pesos en efectivo que figuró en la escritura. El acto tuvo como participantes una vez más a Leandro Pérez —que actuó como propietario oculto e intermediario entre las partes para arreglar la compraventa y actualmente está preso e imputado por la megaestafa— y al escribano Luis María Kurtzemann hijo (acusado y en libertad) que para el fiscal sabía perfectamente del orígen espurio del inmueble.

Transferencias. Para el fiscal es mentira que Oneto pagara en efectivo 3.500.000 pesos. Afirma que en realidad el operador de bolsa desembolsó un valor mucho más elevado a través de un sistema de permutas. A Jaef y Abdala le transfirió un departamento en la torre Aqualina y un piso en el edificio de oficinas premium Embajador Condominium. Y a Lelo Pérez, aún cuando no figura tomando parte de la transacción, le cedió un departamento también en la torre Aqualina.

Otra convicción del fiscal es que las escuchas telefónicas demuestran que todos los intervinientes -unos antes y otros después- estaban en conocimiento de que el campo que se transfiere sucesivamente tenía un origen poco claro. En ese sentido destacó en la audiencia una conversación que Kurtzemann tiene con alguien llamado Lucho que le pregunta quién era el escribano "del poder falopa". Kurtzemann responde que era Torres. Efectivamente era quien mediante un poder fraguado permitió que Ana Luppi fuera desapoderada de su chacra. Sin embargo del contexto de la investigación y del resto de las escuchas resulta posterior el otorgamiento de la escritura en la que intervino Kurtzemann.

Manifiesta el fiscal que "la secuencia de ventas del campo y el precio de las operaciones evidencian que los sucesivos cambios de titularidad registral entre los nuevos compradores, el escaso tiempo transcurrido entre la primera operación de Luppi a favor de Aymo y la segunda de este a favor de González de Gaetano, y el precio irrisorio que se pagó en ellas da una idea de la voluntad deliberada de fraude y de la intención de lavar el activo inmobiliario". Contradice su afirmación la tercera venta, de Jaef y Abdala a favor de Oneto, que no sería por precio irrisorio y a la vez no la transfirieron en un tiempo breve. Y agregó que "los costos estimativos entre cada operación vuelve antieconómica, por los gastos de escrituración, cada negocio".

Costos y ganancias. En ese sentido sostiene que "el campo se vendió primero a 3.000.000, luego a 3.200.000 y finalmente a 3.500.000. Los costos estimativos de transferencia fueron 243.000 la primera vez, 374.000 la segunda y 547.000 la tercera, valor este contradictorio con el verdadero precio pagado, según el mismo fiscal. En todos los casos se verifica que los costos incurridos superan ampliamente la ganancia supuesta que debía registrarse para ser lógica desde el punto de vista comercial, lo que sólo sucedería si la operación de venta de González De Gaetano a favor de Jasef y Abdala se hubiera producido en la cifra consignada en la escritura y no se verificaría en caso que efectivamente les hubiese abonado con los inmuebles descriptos. Si los valores fueron los consignados en las escrituras, los mismos no tendrían ninguna relación con los del mercado, sino que se trata de precios irrisorios.

Para sustentar estas imputaciones se presentó diversa documentación: las denuncias de los damnificados, las escuchas telefónicas, escrituras de las propiedades y evidencias colectadas en reparticiones públicas como el Registro de la Propiedad.

Por estos hechos quedaron acusados los escribanos Torres, Alliau y Kurtzemann; los empresarios Jaef, Abdala y Onetto; el sindicalista De Gaetano, el comerciante Pérez y el falso apoderado Juan Roberto Aymo. Todos manifestaron ser inocentes. Sin embargo existen claras diferencias en los distintos grados de apariencia de responsabilidad, de acuerdo a la evidencia a la que se refiere la Fiscalía, a pesar de lo cual el Ministerio Público unificó los reproches legales a todos los mencionados por igual, imputándolos de los delitos de estafa, falsedad ideológica, asociación ilícita y lavado de activos. Después de eso, la jueza resolvió la libertad de dos de los imputados.

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