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Viernes 02 de Diciembre de 2016

El arzobispado mendocino y funcionarios, en la mira por abusos en un instituto

Ayer reanudaron las clases en el colegio para niños hipoacúsicos de Luján de Cuyo, donde denunciaron ataques sexuales a niños.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, instruyó ayer un sumario administrativo sobre los funcionarios provinciales que debían supervisar el Instituto Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo, tras las detenciones de dos sacerdotes y otras tres personas acusadas de abusos sexuales contra niños hipoacúsicos. El mandatario, además, afirmó que la Iglesia "no puede no tener responsabilidad" sobre los casos.

Por su parte, el vocero del arzobispado mendocino, Marcelo De Benedectis, dijo que "en la curia no había ningún dato, información ni rumor que alertaran del peligro" sobre los abusos y afirmó que "son hechos gravísimos". El sacerdote comentó que el cura Nicola Corradi (82), que está detenido junto a otras cuatro personas, que tuvo antecedentes similares en Verona, Italia, llegó a Mendoza en 1996 proveniente del Instituto Próvolo que funciona en La Plata.

Ayer, bajo un estricto control policial para que se cumpla la orden de no acercamiento por parte de los religiosos hacia los alumnos, los docentes del instituto retomaron las clases, mientras continúa la investigación por abuso sexual y corrupción de menores que ya cuenta con dos sacerdotes y tres civiles imputados y detenidos.

"Comenzamos las clases en la medida que se puede. Los docentes están trabajando con apoyo psicológico y psiquiátrico, con el fin de poder terminar el ciclo lectivo", indicó María Ester Lincolorca, titular de Sadop, gremio que agrupa a los docentes privados.

"Una de las condiciones para abrir el instituto era que no hubiera ninguna persona de la orden religiosa cerca de los chicos por orden de la justicia por el resguardo a los niños", dijo la supervisora de Educación Especial de la DGE, Claudia Fernández.

La funcionaria aclaró que no hay aún ningún docente involucrado en las denuncias.

Al colegio sólo pudieron ingresar los alumnos, padres, docentes, representantes gremiales de los docentes privados y personal de la Dirección General de Escuelas de Mendoza (DGE).

Cornejo subrayó que "el sistema educativo tiene una supervisión general sobre el aspecto pedagógico, no sobre las conductas específicas. No obstante eso, la DGE, por instrucción mía, pero creo que ya lo tenían previsto, va a iniciar un sumario administrativo para quienes debían supervisar la tarea pedagógica y académica también", agregó.

En relación con las responsabilidades que pueden caberle a la Iglesia, Cornejo manifestó: "Si (el instituto) tenía dependencia directa del Vaticano o del arzobispado es una cosa que no lo sé, son cosas que desconozco. Pero no puede no tener responsabilidad porque era una institución de la Iglesia".

En tanto, la diputada provincial Beatriz Varela (UCR) dijo que a raíz de las denuncias se invitó a la Legislatura a los representantes del arzobispado de Mendoza, y además se hicieron dos pedidos de informe.

La Dirección de Promoción y Protección de Derechos de la provincia requirió, además, los nombres de las personas que autorizaron a tomar contacto con niños a los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho.

En la causa iniciada por abuso sexual agravado "gravemente ultrajante" y corrupción de menores interviene el fiscal mendocino Fabricio Sidoti, quien dispuso que continúen detenidos tanto los sacerdotes Corradi y Corbacho como los tres empleados del instituto Próvolo, José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez.

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