Educación
Sábado 24 de Junio de 2017

Políticas públicas y jóvenes

Cuando la mirada punitiva se impone a la salida inclusiva de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

En las instituciones que abordan la problemática de jóvenes en conflicto con la ley penal (de 16 a 18 años), que pertenecen a la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Dirección provincial de Justicia Penal Juvenil, se viene notando desde hace tiempo una reducción de los recursos humanos y económicos para funcionar correctamente y brindar una adecuada atención y contención a la población que asistimos. Esto se agudiza aún más a partir del 10 de abril pasado a través del Decreto 0713/17, al que denominamos "exprés" ya que fue redactado en tan solo veinte días hábiles, donde se plantea una problemática tan compleja y de difícil solución como es la de los jóvenes que cometen delito.

En este decreto se conforma un comité integrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social para abordar la situación de los jóvenes que delinquen punibles (de 16 a 18 años) y no punibles (menores de 16 años). En este decreto se plantea el cierre funcional de Casa Joven, una institución pionera en el abordaje de esta problemática y que funciona desde 1994. Nuestro personal y la logística están siendo trasladados a otra institución socioeducativa de la localidad de Alvear. Una decisión que ocurre porque cuando se inaugura esta sede de Alvear, en 2015, se realiza sin el personal suficiente para su puesta en funcionamiento. Una situación que fue expuesta por los trabajadores pero no fuimos oídos. Tampoco fuimos oídos sobre el diseño arquitectónico de esta institución: no adecuado a los requerimientos que se necesitan para que sea de puertas abiertas, con espacios verdes amplios, pensados para la población joven, con ámbitos que propicien climas de calma y contención para las personas que transitan por ellos y no encontrándose en una tensión permanente que genere conflictos poniendo en riesgo a los jóvenes y trabajadores.

Espacios para los jóvenes

También este decreto especifica que en estos espacios socioeducativos se deben alojar de 10 a 12 jóvenes. Ya desde 2005 venimos pidiendo que hay que adecuarse a las nuevas poblaciones de jóvenes y sus conflictos, donde en este tipo de hogares con su personal completo no se puede trabajar con más de 6 o 7 jóvenes, por la dinámica propia de funcionamiento a estos nuevos tiempos; también para facilitar relaciones vinculares no violentas, ya que esta población presenta dificultades en su modo de relación y de aceptación de límites. Pero los funcionarios siguen sin entender esta dinámica y es así que cuando se supera el número de jóvenes que se alojan en estos institutos comienzan los conflictos vinculares y su desenlace: fugas, agresiones entre jóvenes o roturas del inmueble, donde se pone en riesgo a los jóvenes y a los trabajadores. Este riesgo aumenta cuando hay, como ocurre en algunas instituciones, un operador por turno; por ejemplo, Residencia Juvenil Coronda o en el Socioeducativo de Rafaela. Esto tiene un solo nombre: abandono de personas por parte del Estado.

Otro punto a tener en cuenta de este decreto es la fuerte inversión en instituciones cerradas, por ejemplo ampliación del Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar), un nuevo cerrado en Santa Fe que limita con la Cárcel de Las Flores, y en Rosario la construcción de un centro de admisión (Arijón al 600) en el que se van a edificar dos pabellones para chicos punibles y no punibles, donde hoy funciona un hogar de día que no sabemos cuál será su suerte. Este decreto va en sentido contrario al discurso oficial sostenido desde el 2007, donde se aseguraba que las políticas públicas de la Provincia estaban orientadas al fortalecimiento de las instituciones de puertas abiertas como alternativa al encierro.

Creemos que este decreto está preparando el camino al endurecimiento de las políticas públicas y a la espera de la modificación de la ley 26.061 (de protección integral de niños, niñas y adolescentes) que como es de público conocimiento se está empujando a nivel nacional; Santa Fe no es ajena a esa postura que es la baja de punibilidad de los jóvenes que delinquen. También el Poder Ejecutivo Provincial está redactando un proyecto del nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Además, y para sumar a esta línea de endurecimiento, la Cámara Alta Santafesina otorgó media sanción a una sustantiva modificación del código de faltas donde baja la edad de imputabilidad en faltas leves a jóvenes de 18 a 16 años.

El rol del Estado

Nosotros decimos que no se debe bajar la edad de punibilidad sino que debemos fortalecer las políticas públicas que están orientadas a los jóvenes, en recursos humanos y económicos, como también de los distintos saberes. Plantear la baja de punibilidad para que el Estado pueda intervenir en los jóvenes que cometen un delito es un error porque es el mismo Estado que viene interviniendo en estos jóvenes ya desde su nacimiento sin haber podido garantizar sus derechos. Hay que poner la mirada y centrar el eje de la discusión en las políticas públicas de restitución de derechos.

Para que las políticas públicas puedan tener un resultado positivo para los jóvenes a los cuales interviene tienen que estar las miradas políticas, sociales, académicas y también aquella que no se toma en cuenta que es la mirada, el saber de los trabajadores que somos los que estamos en la primera línea de contención y atención de esta problemática tan compleja.


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