Educación
Sábado 15 de Abril de 2017

Políticas para docentes: en vez de pagar, pegar

El reclamo de reapertura de la paritaria nacional del magisterio y la represión oficial como respuesta

"Paguen no peguen", reza un cartel de los congreados en ciudad de Buenos Aires, el día martes, para repudiar la violencia represiva del día domingo frente al Congreso Nacional, en Capital Federal. Muy buena síntesis, la de ese cartel. Luego dicen que los docentes hoy no están capacitados: en una frase brevísima, describen la situación. Toda un política: pegar en vez de pagar.

   Un gobierno nacional que parece ir encontrando la conciliación entre su ideología y su política. Hasta hace poco, disimulaba entre arrullos poco creíbles de bailes, globos amarillos, timbreos y promesas vanas de diálogo. Ahora, empieza a sentir fruición en la represión abierta, solicitada por un sector minoritario pero no pequeño de la población. El sector más privilegiado, claro, más unos pocos desavisados que sueñan con ser lo que no son, aplastando simbólicamente a quienes ellos sienten que les están —socialmente— por debajo.

   La mayoría de los argentinos asiste con sorpresa y espanto al espectáculo de una represión sin ton ni son, ejercida por policías armados que parecen copias multiplicadas de Terminator, a los que —con esperable fracaso— los funcionarios pretendieron presentar como víctimas de sépase qué violencia de unos pocos docentes que sólo tenían sus manos para defenderse de la agresión.

   Está la paz social en peligro. Si la escalada represiva continúa (y en verdad, caso más inmotivado que el del ataque a estos docentes es difícil de imaginar), la dirimición institucional de los conflictos estará cerrada, y la violencia aparecerá como el único medio de "resolución". Lo cual, sabida nuestra historia no tan lejana como pueblo, no puede ser más funesto.

   A esto, llegamos tras los variados equívocos previos con los cuales el gobierno nacional (y su versión bonaerense con María Eegenia Vidal) ha enfrentado la solicitud de los docentes en paritarias. La negativa a llamar a la paritaria nacional busca dividir a los docentes según distritos, jibarizar el gasto del sistema en las provincias más pobres y pluralizar las fechas de resolución en las diferentes provincias.

   Para ello, ha habido varias estrategias, en cada momento dominantes. Distinguimos tres principales: 1.Atacar a Baradel; 2.Atacar a la educación pública, comparándola con la privada; 3.Atacar a los docentes, por presunta tendencia al ausentismo laboral.

"Soluciones"

Estas son las diversas "soluciones" gubernamentales a la solicitud de aumento salarial docente, la cual se ajusta a la alta inflación habida en el último año (y que segurá siendo considerable en 2017). Al principio se decidió atacar a Baradel, llegándose en un progama televisivo de pegajoso oficialismo, al extremo de mostrar los rostros de los hijos del sindicalista. Estrategia fracasada: los docentes fueron casi unánimemente al paro, quedando claro que respetaban la conducción del barbado sindicalista.

   Operativo 2: Declarar —acorde al silenciado credo del actual gobierno— que la educación privada es mejor que la estatal, al punto de llevar a la "gaffe" de Macri con su frase sobre los que "caen" a la escuela pública. Patético recurso: apelar a pruebas cuya confección es discutible, por ejemplo que sólo permiten elegir entre opciones, y donde no hay posibilidad de redactar. En fin: suponiendo que esas pruebas hubieran sido bien tomadas, y sus resultados bien elaborados y publicitados ¿Eso indica más calidad educativa de las privadas, dado que obtuvieron mejores resultados de aprendizaje?

   No necesariamente. La calidad es también la inclusión de la población a la escuela, y eso lo hace la estatal, no la privada. En esta hay menos alumnos, y con mejor formación en lecturas previas. Por ello, sus alumnos salen mejor, simplemente porque entraron mejor. No fue la escuela, en muchos casos, quien los llevó a mejores resultados. Y en la escuela pública, a la vez, hay más inclusión y mayor diversidad, tanto en lo social como en lo cultural. Y si se tomara examen sólo al sector social equivalente al que va a las privadas, probablemente obtuvieran resultados iguales o mejores que estos.

Más ataques

Finalmente, vino aquello de las reales o inventadas inasistencias docentes. Según la información oficial —no muy confiable, en medio de tan encarnizado conflicto— llegarían a un 15 por ciento. Por cierto que es mucho: pero resulta totalmente injusto atacar al 100 por ciento de los docentes, por lo que haga un 15 por ciento. El 85 por ciento (es decir, una amplísima mayoría) asiste a su trabajo con normalidad. Y, por cierto, del 15 por ciento al que se acusa, al menos la mitad, consideremos que faltan con motivo genuino. De modo que los "réprobos" son sólo unos pocos.

    Pero además, si esos pocos no cumplen bien con su obligación laboral; ¿Es problema del sindicato? ¿No habla eso de la falta de controles por parte del gobierno? ¿No es este el que se autoincrimina, cuando cree denunciar el argüido ausentismo docente? Ni los gremios, ni la amplísima mayoría de docentes tienen que ver con ese problema, pero el gobierno sí. Y cuando informa de su existencia, muestra su propia incapacidad.

   "Acabados los argumentos, buenos son los palos", parece ser el canon oficial. En este caso, sin justificación alguna. Días antes, contra manifestantes en la Panamericana —que no eran docentes— refiriendo a la ilegalidad de cortar calles. Sin advertir que lo legal no siempre delimita a lo que es legítimo y, sobre todo, olvidando que en tiempos no lejanos aplaudieron los cortes de rutas —también ilegales— de la pretendida "guerra gaucha" de propietarios agrarios contra el anterior gobierno. En fin: haciendo caso omiso de que el apego a la legalidad no es el fuerte de la administración macrista, que desde su cabeza enfrenta múltiples imputaciones judiciales (más de 60 en sólo 16 meses de ejercicio).

Reglas razonables

O encontramos reglas razonables de elaboración del conflicto, o marchamos a la ley de la selva y el caos social. La legitimidad de la protesta y el derecho a la manifestación en los espacios públicos deben ser garantizados. Más, cuando lo que se juega es el futuro de una institucionalidad señera como es la de las escuelas argentinas (tanto estatales como privadas). Allí está el futuro de nuestra patria, en la medida en que esté claro que la educación no es un nuevo negocio ni un espacio para ganancia de inversores, sino una decisión estratégica por la calidad de vida de las nuevas generaciones, y por un desarrollo nacional inclusivo, integral y autónomo.

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