Como una película repetida varias veces por año, el paro de más de 24 horas efectuado esta semana por los trabajadores de taxis volvió a desnudar una problemática de la ciudad que no encuentra solución por estar sujeta a fuertes presiones económicas
Por Jorge Levit
Como una película repetida varias veces por año, el paro de más de 24 horas efectuado esta semana por los trabajadores de taxis volvió a desnudar una problemática de la ciudad que no encuentra solución por estar sujeta a fuertes presiones económicas
Los reiterados robos a taxistas, que van en aumento en una sociedad cada día más violenta, podrían disminuir notablemente si hubiera un sinceramiento de la actividad, que se desarrolla en gran medida fuera de las leyes laborales e impositivas, es decir, en negro.
El dinero circulante en los taxis es el principal factor de inseguridad y hasta tanto no se lo reemplace como medio de pago, tal como ocurrió en los colectivos urbanos, los choferes seguirán poniendo en peligro sus vidas.
Con sólo interesarse medianamente en el problema, las causas de una situación que hace tiempo está resuelta en todas partes del mundo surgen aquí con claridad. En Rosario hay aproximadamente unos cuatro mil taxis habilitados para circular, pero eso no significa que haya cuatro mil titulares de chapas, porque en muchos casos una sola persona posee varias, que pueden llegar a la docena o más también. Son empresarios de un servicio público que a veces ofrecen los vehículos a un administrador, que maneja la flota, organiza y contrata los choferes y rinde la renta generada.
También existen los dueños que tienen una sola chapa y trabajan su propio vehículo, una especie de miniempresarios que se hacen cargo de todo el servicio y que en algunos casos contratan a un chofer para cubrir uno de los dos turnos en que generalmente se divide la tarea diaria en la calle.
Los peones. El otro gran protagonista de este servicio, el más desprotegido, es el chofer o también llamado peón de taxi. Son entre 6 y 7 mil trabajadores rosarinos cuyas condiciones laborales están lejos de ser las mejores. Trabajan un promedio diario de diez horas (algunos hasta doce) y ganan, en general, entre 7.500 y 9.000 pesos mensuales. Sin embargo, en sus recibos de sueldo nunca figuran más de 4.600 pesos, por ocho horas de trabajo, con lo que el empresario evade impuestos y evita tener un tercer chofer porque con sólo dos cubre casi las 24 horas. Ese recibo por una suma inferior a la real perjudica al trabajador en su capacidad de crédito y además sufrirá en el futuro porque percibirá menos jubilación. El resto del salario que cobra el peón es en negro y no está registrado en ninguna parte. Por eso, cuando se enferma, las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) sólo se hacen cargo del monto del salario que figura en el recibo y no del real que percibe el trabajador. Si un peón de taxi gana 9.000 pesos y tiene un recibo de 4.600 pesos, por ejemplo, pierde casi un 50 por ciento de su salario de bolsillo los días que no trabaja por enfermedad u otros motivos.
La relación de los peones con los dueños de taxis o sus administradores es variable y conlleva más explotación para el trabajador. Algunos manejan a tarifa fija, es decir, de la recaudación que obtienen en la larga jornada de trabajo le tienen que "pagar" al dueño una suma establecida, que oscila entre los 400 y 500 pesos por turno. Otros choferes trabajan a porcentaje, y se quedan con aproximadamente un 40 por ciento del dinero que recaudan. Pero en ambas modalidades, a tarifa o porcentaje, los peones tienen que hacerse cargo del combustible, unos 50 a 70 pesos por día y también en muchos casos del lavado del vehículo, otros 30 pesos más aproximadamente. A esto se le suma que tienen que pagarse los gastos cuando paran a tomar un café, almorzar o cenar, y de la vestimenta, deficiente en muchos casos por tratarse de un servicio público. Un gran número de choferes debe trabajar seis días a la semana y cerca de diez horas diarias promedio, como se ha dicho, para alcanzar un salario que es notablemente inferior a otros trabajadores del volante, como los colectiveros o camioneros.
Además de sufrir malas condiciones de trabajo y explotación laboral, visibles para quienes quieran verlas, los choferes arriesgan sus vidas por una conveniencia económica de los dueños de chapas, que no quieren adoptar medios de pago que no sean el efectivo. Si se eliminara el dinero para el pago de la tarifa de los taxis, los propietarios quedarían expuestos a que se registre lo que realmente les ingresa. Hay que decirlo con toda claridad: hasta ahora no se ha logrado implementar el cobro con tarjeta de crédito o débito a través de un simple posnet por la presión de las cámaras empresarias, que de esa manera deberían blanquear sus ingresos y los de sus choferes. Tampoco aceptan colocar barreras de protección física, como vidrios blindados, entre el chofer y el pasajero. Hay un proyecto presentado en el Concejo por el edil Jorge Boasso, en marzo de este año, que propicia la colocación de esos vidrios. Todavía la iniciativa no fue aprobada. También hay que ser sinceros en este punto: los empresarios no quieren afrontar el costo del blindex y esquivan ese gasto aduciendo que esa medida de seguridad no es efectiva por el tamaño de los vehículos y otros argumentos, aunque sí se los utiliza en los taxis de grandes ciudades del mundo, como Londres o Nueva York.
En realidad, la negativa empresarial a sacar el dinero de los taxis y a proteger con un vidrio a los trabajadores tiene un sustento exclusivamente monetario y falto de responsabilidad empresarial: más ganancias con menos impuestos y sin importar la seguridad del chofer.
Los reiterados reclamos de mayor vigilancia policial en la calle son tan pueriles como engañosos. El Estado, que no logra controlar la ola de delincuencia en todos los ámbitos de la sociedad, no puede destinar custodia exclusiva a los taxis que circulan por las calles y tampoco en los corredores seguros, que son tan inseguros como cualquier zona de la ciudad.
Además de todas las irregularidades de esta actividad, los empresarios de los taxis pretenden que el Estado proteja en forma particular su negocio. Lo mismo podrían pedir los comerciantes, los farmacéuticos o las agencias de loterías. No se trata de aplicar una acción del Estado sobre una actividad en particular, sino de generar políticas de seguridad para todo el universo de la población mientras que en cada rama de actividad se toman medidas conducentes a intentar disminuir la inseguridad, como sería eliminar el dinero en los taxis.
Cuando muchas veces se protesta, y con razón, que los choferes están malhumorados, mal vestidos y con falta de higiene, hay que considerar que son trabajadores víctimas de un negocio que debe ser revisado por las autoridades.
Ya no sólo se trata de las malas condiciones laborales de miles de peones sino también de su propia vida, que está en juego todos los días. Las largas jornadas de trabajo hacen que prácticamente "vivan" arriba de los taxis. No se puede permitir que también mueran allí dentro.