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Miércoles 17 de Mayo de 2017

Solicitan que dejen de investigar a los vecinos del barrio Toba

Los representantes del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) solicitaron a la fiscal de Corrupción y Violencia Institucional, Karina Bartocci, que desestime la investigación que se lleva adelante contra 12 personas de la comunidad Qom asistidas por la Defensa Pública, por los incidentes ocurridos el 2 de abril pasado entre agentes policiales y un grupo de vecinos del barrio Toba de la ciudad.

Los representantes del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) solicitaron a la fiscal de Corrupción y Violencia Institucional, Karina Bartocci, que desestime la investigación que se lleva adelante contra 12 personas de la comunidad Qom asistidas por la Defensa Pública, por los incidentes ocurridos el 2 de abril pasado entre agentes policiales y un grupo de vecinos del barrio Toba de la ciudad.

   Así lo requirieron el defensor regional de la 2ª circunscripción judicial (Rosario), Gustavo Franceschetti, y la defensora pública adjunta, Susana Brindisi.

   El pedido se encarga de destacar que, según su análisis, la única prueba de cargo es el acta de procedimiento en la que se incluyeron "sucesos falsos", como una supuesta portación de armas, y una supuesta resistencia a la autoridad; y además omitieron hechos relevantes, como las "lesiones proferidas por los policías, y los allanamientos ilegales, que comprometían la responsabilidad del personal policial".

   El envío también remarcó que, de acuerdo a su lectura, el instrumento confeccionado por los mismos policías tenía interés en evitar su propia incriminación, y advirtió que se realizó sin la necesaria firma de testigos.

   Franceschetti y Brindisi advirtieron que "insertar hechos falsos en un documento público es un delito, y el fruto de un delito no puede ser prueba válida en contra de ningún ciudadano".

   La Defensa Pública basó su pedido en numerosas declaraciones testimoniales recibidas en la Fiscalía, en informes médicos agregados al legajo fiscal y en la propia acta de procedimiento que consideró "nula".

   Asimismo, pidieron que se inicie una investigación "pronta, diligente y eficaz" para determinar responsabilidades penales de los efectivos policiales por falsedad documental, y apremios ilegales, atento que encuadran en hechos de violencia institucional protagonizados por agentes estatales.


   Así lo requirieron el defensor regional de la 2ª circunscripción judicial (Rosario), Gustavo Franceschetti, y la defensora pública adjunta, Susana Brindisi.

   El pedido se encarga de destacar que, según su análisis, la única prueba de cargo es el acta de procedimiento en la que se incluyeron "sucesos falsos", como una supuesta portación de armas, y una supuesta resistencia a la autoridad; y además omitieron hechos relevantes, como las "lesiones proferidas por los policías, y los allanamientos ilegales, que comprometían la responsabilidad del personal policial".

   El envío también remarcó que, de acuerdo a su lectura, el instrumento confeccionado por los mismos policías tenía interés en evitar su propia incriminación, y advirtió que se realizó sin la necesaria firma de testigos.

   Franceschetti y Brindisi advirtieron que "insertar hechos falsos en un documento público es un delito, y el fruto de un delito no puede ser prueba válida en contra de ningún ciudadano".

   La Defensa Pública basó su pedido en numerosas declaraciones testimoniales recibidas en la Fiscalía, en informes médicos agregados al legajo fiscal y en la propia acta de procedimiento que consideró "nula".

   Asimismo, pidieron que se inicie una investigación "pronta, diligente y eficaz" para determinar responsabilidades penales de los efectivos policiales por falsedad documental, y apremios ilegales, atento que encuadran en hechos de violencia institucional protagonizados por agentes estatales.


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