Todo estaba dispuesto para disfrutar de un partido. Con un operativo de seguridad importante, donde un número de agentes fue destinado a "cuidar" a un grupo de barras que pretenden quedarse con el poder que hoy ostentan otros. Todos sabían de las intenciones de unos y otros. Había indicios certeros de que en algún momento se iba a producir lo que sucedió. No fue llamativo. Ahora lo que está en disputa son las responsabilidades. La dirigencia, que afrontó los gastos para el despliegue policial y dio señales con el derecho de admisión, tiene una importante cuota de responsabilidad, pero también de los organismos de seguridad que conocen quiénes son los que imponen miedo en la institución. Es el gobierno provincial (y la Justicia) el que posee los elementos para de una vez por todas comenzar a tratar de erradicar la violencia de las canchas. ¿Quiénes si no? El hincha genuino vive preso de esta situación, como sucede con el ciudadano común a diario. Donde todo parecería trastocado, con los delincuentes con más derechos que el resto. La solución está en la unión de todas las partes.